AySA S.A. amenaza con cortarle el agua a la Casa de los Niños, la organización de Pelota de Trapo que recibe diariamente a 200 chicos de Avellaneda, de 8 a 18 horas, garantizándoles el desayuno, el almuerzo y la merienda, atención médica y contención. El caso ilustra las enormes dificultades que enfrentan las organizaciones populares por las tarifas de los servicios públicos. Con el paraguas del ministerio de Energía, las concesionarias les aplican los tarifazos, desconociendo mediante estrategias varias su carácter de entidades de bien público.

“El año pasado nos llegaron 3 facturas de más de 20.000 pesos, impagables. A partir de enero, como respuesta a nuestro reclamo comenzaron a mandarlas de $ 6000, aunque no había habido cambio alguno en el consumo: así de arbitrario es el manejo. A las facturas que vinieron después las fuimos pagando pero a aquellas tres no. Ahora nos llegan las intimaciones en una cifra más impagable aún”, contó la abogada Laura Taffetani.

En la intimación, Aysa les puso un plazo de diez días para que cancelen la deuda, con la advertencia de que sumará adicionalmente “recargos e intereses hasta el día de su cancelación, más los gastos de corte y reconexión”. El reclamo de Aysa es por $ 143.327 y su saldo total supera los 155.000 pesos, ya que incluye los costos del estudio de abogados al que Aysa le encargó la cobranza.

El marco legal en el que están quedando entrampadas las organizaciones es propio de la gestión de Cambiemos. La ley 27.218, sancionada en diciembre de 2015, fijó un régimen tarifario específico para las entidades de bien público. Sin embargo, esta ley no llegó a ser reglamentada por el gobierno anterior, por lo que el modo concreto de su aplicación fue definido ya en en la gestión PRO.

Taffetani explicó que el ministerio de Energía, para los servicios del gas y la luz, reglamentó la ley mediante una resolución -la 218- que estableció que la tarifa diferenciada se aplicará a las organizaciones inscriptas en un registro del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC). Esta reglamentación terminó siendo una barrera, porque un altísimo número de organizaciones no llegan a completar los requisitos que les piden para inscribirse (ver aparte el caso del club XXX). Según los datos que maneja la Gremial de Abogados, que integra Taffetani, el 80 por ciento de las organizaciones no está accediendo a la tarifa diferenciada porque no logra inscribirse en el registro.

En el caso de Aysa, la empresa no emplea este mecanismo sino que aplica un criterio anterior de tarifa social. “Las organizaciones grandes no entramos en esa tarifa social porque el movimiento que tienen nuestros balances es mayor a los montos que Aysa emplea como tope. Esto es un despropósito porque aunque seamos grandes, eso no nos quita nuestro carácter de entidades de bien público”.

La Casa de los Niños fue abierta en 1974 por Alberto Morlachetti. Es el programa más antiguo de la organización Pelota de Trapo, que desde hace 40 años trabaja con chicos de hogares vulnerados, con el criterio de apoyar tanto a ellos, para que accedan a sus derechos, como las familias, para que los vínculos no se desintegren. En la casa, de lunes a vienes y de 8 a 18 horas, a contraturno de la escuela o el jardín de infantes, son cuidados 200 chicos de edades que van de 1 a 14 años.

“En ese espacio tienen garantizado el desayuno, el almuerzo y la merienda. Los atienden los médicos y el odontólogo. Se ponen lindos para ir al jardín o a la escuela, aprenden otros saberes con los educadores, juegan, son abrazados y reciben el alimento imprescindible para la vida: la ternura que les permita torcer un rumbo que el sistema les tiene fatalmente asignado”, describió de noticias Pelota de Trapo en una nota con la que denunció la situación. “Uno de los objetivos -señaló el texto- es que los chicos y las chicas puedan recibir el baño necesario en una ducha con agua caliente; es el único baño calentito al que puede acceder la mayoría de los casi 200 que cotidianamente pasan por la Casa”.

La Casa atiende esa cantidad de niños gratuitamente. Recibe del Estado un subsidio de $315.630, para 190 chicos. Cada uno tiene una beca de $ 1.670 mensuales con los que la organización debe garantizar la comida, la educación y su salud.