Con el cierre de las testimoniales y descargos en el juicio por la explosión del edificio de calle Salta 2141, familiares que conforman la asociación civil Memoria, Verdad y Justicia reclamaron "condenas con penas de prisión efectiva". En la audiencia de ayer volvió a pedir la palabra la gerenta técnica de Litoral Gas. "Nadie se hace responsable de nada", se quejaron los familiares de las víctimas. Fiscalía, querella y defensas se preparan para hacer los alegatos el lunes 24, previo al veredicto por el delito de estrago culposo agravado por las 22 muertes, a casi seis años del hecho. Fiscalía pide penas de 5 años de prisión para nueve imputados; mientras que la querella apunta a once personas.
Levantan las fotos de sus muertos, se acercan a las cámaras que se encienden, lloran, se abrazan. "Hoy fue la última audiencia por la masacre de calle Salta. Estuvimos en todas. Nos sirvió mucho escuchar y después de todo este tiempo comprendimos más las cuestiones técnicas respecto de lo sucedido y de cómo se desencadenó aquel fatídico día. Nos ayudó a ver con más claridad esa cadena de responsabilidades. Comprendimos que no estábamos equivocados. Más allá de la sentencia que dictará el tribunal, nosotros tenemos una lectura clara de los hechos", dijeron en un comunicado que fue leído en el primer piso del Centro de Justicia Penal, mientras declaraba Leegstra frente al tribunal compuesto por Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zvala.
"Esta tragedia dejó al descubierto el pésimo y peligroso servicio público que brinda la empresa Litoral Gas", exclamaron familiares de las víctimas.
"Estas familias -Caterina, Fornarese, Laguía, López, Magaz, Montefusco y Vesco- nunca bajaron los brazos y haber llegado a esta instancia de juicio fue también el resultado de las acciones de este colectivo", plantearon. También agradecieron a la Fiscalía por haber tomado el tema con la "seriedad" que merece.
Para los familiares "esta tragedia dejó al descubierto el pésimo y peligroso servicio público de gas que brinda la empresa Litoral Gas. "Nos hemos comprometido aún más para que esta empresa que solo persigue el lucro, invierta en seguridad. Nos reunimos con todos los sectores del Enargas con resultados negativos. En seis años, nunca nos contestó nadie. Reclamamos que no solo es un dolor nuestro; sino una amenaza constante para toda la ciudadanía. Pusimos el alma y el cuerpo en esta lucha, pero sabemos que enfrente tenemos el poder económico (Litoral Gas) y el Ente Regulador, o sea, el propio Estado que es cómplice", leyeron.
Los que están sentados en el banquillo de los acusados son el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño, que trabajaban en el lugar el día del siniestro; tres integrantes de la administración del consorcio, Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli; los inspectores de la empresa Litoral Gas, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica Viviana Leegstra, acusados por la Fiscalía. Los querellantes también irán contra el gasista que estuvo en el lugar doce días antes, José Allala; y un tercer inspector de la empresa concesionaria, Gerardo Bolaños.
