Tras la reelección de Morales, Jujuy cedió terrenos a Ledesma
Más tierras para Blaquier
La cesión de hectáreas se vincula con la represión de 2011.La cesión de hectáreas se vincula con la represión de 2011.La cesión de hectáreas se vincula con la represión de 2011.La cesión de hectáreas se vincula con la represión de 2011.La cesión de hectáreas se vincula con la represión de 2011.
La cesión de hectáreas se vincula con la represión de 2011. 

No perdieron tiempo, en la primera sesión legislativa luego de las elecciones, el oficialismo de Cambia Jujuy aprobó una cesión de tierras a la familia Blaquier, dueña del complejo Ledesma. Los diputados que responden a Gerardo Morales argumentaron que fue una compensación por la entrega que había hecho ese grupo económico de terrenos en 2005 en la zona denominada El Triángulo, y por cuyo conflicto las fuerzas represivas asesinaron a tres personas en 2011. Desde la oposición denunciaron que se trata de tierras fiscales y que en la sesión no se le permitió siquiera hacer uso de la palabra a los legisladores que rechazaban la iniciativa.

“En los fundamentos para aprobar esta entrega de tierras, el oficialismo aseguró que, si no se aprobaba, los Blaquier no iban a otorgar los títulos de propiedad de las viviendas construidas en las tierras cedidas en 2005, un verdadero chantaje de estos terratenientes, que extorsionan con las necesidades del pueblo”, dijo a PáginaI12 el diputado del FIT Alejandro Vilca. 

El argumento de la “compensación” se da de bruces con la expropiación con pago que dispuso el Ejecutivo jujeño el 3 de agosto de 2011. Es decir, ya pagaron a los dueños de Ledesma por esas tierras que, según la ley de expropiación de esa fecha, iban a tener destino social. Los diputados del FIT, Vilca y Natalia Morales, aseguraron que se votó sin debate la cesión de tierras lindantes con La Sala, la casona que la familia posee en Calilegua. “Fue en la primera sesión luego de dos meses de parada la Legislatura, mediante un trámite exprés, sin entregar información a los diputados, sin tratamiento en comisión y sin darnos la palabra”, dijo el legislador. “Es un escándalo que usen la mayoría absoluta del oficialismo para aprobar sin debate esta entrega. Cuando pedimos hace un mes una sesión para tratar proyectos de emergencia para los trabajadores, hicieron oídos sordos.” 

Natalia Morales cuestionó el argumento de la “compensación” porque –dijo–”la realidad es que la familia Blaquier se robó históricamente las tierras donde montó su emporio, y es imposible pensar un plan de viviendas y un crecimiento de la comunidad sin recuperar esas tierras, expropiando sin pago y haciendo un verdadero plan de obras públicas para construir las viviendas necesarias.” Las hectáreas propiedad de Blaquier en la provincia ascienden a 157 mil. 

Hace ocho años la policía de la provincia, a cargo entonces del gobernador Walter Barrionuevo, reprimió y asesinó a tres jóvenes en Libertador General San Martín, que fueron parte de las masivas tomas en las tierras de la empresa Ledesma. Con el gobierno siguiente llegó el plan Un lote para todos, con un nuevo acuerdo con Blaquier para la expropiación con indemnización de 40 hectáreas, y cesión de 147 hectáreas más, con muchas condiciones a favor del empresario, incluso de negarse a ceder más terrenos para la construcción de viviendas. “La oficialización de la permuta de tierras, como las diez otorgadas en 2006, a cambio de otras diez al lado de La Sala, una de las casonas que es de su propiedad, es parte de los chantajes que impone la patronal genocida, para el otorgamiento de títulos de viviendas a quienes la necesitan, y que son parte de las miles de familias cuyas generaciones enteras entregaron sus vidas para alimentar las ganancias del emporio Ledesma”, apuntó la diputada Morales. “Es como hacen con muchas familias azucareras y obreros despedidos, quienes fueron adjudicatarias de viviendas donde la empresa, como buena usurera, cobra cuotas mensuales que llegan hasta los 14 mil pesos”, agregó. 

En 2011, 500 familias sin vivienda pedían a Blaquier que cediera quince hectáreas para poder construir sus casas, ya que la localidad está cercada por la expansión de la empresa y no quedan tierras disponibles. A pesar de las negociaciones que estaban en marcha, con una orden judicial en mano el 28 de julio un enorme operativo policial desalojó a los ocupantes: murieron cuatro personas, el policía Alejandro Farfán, de 23 años, y otros dos jóvenes del acampe, Félix Reyes y Ariel Farfán, que sufrieron impactos en el tórax, además de Juan José Velásquez, empleado de la municipalidad de Calilegua, que recibió un disparo en la cabeza.

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