Un diputado de Cambiemos quiere quitar la frase "30 mil desaparecidos" las publicaciones oficiales bonaerenses
Otro paso en la avanzada negacionista
La expresión se incluye por ley en todos los documentos de la provincia de Buenos Aires que refieran a hechos represivos. El que se opone es Guillermo Castello, quien responde a Elisa Carrió. Repudio de organismos de derechos humanos.
Imagen: Guadalupe Lombardo

Con el argumento de que "violenta los valores de la Libertad y la Verdad", un diputado bonaerense de Cambiemos presentó un proyecto de ley para que la expresión "30 mil desaparecidos" no sea utilizada en las publicaciones, ediciones gráficas y audiovisuales producidas por los tres poderes del gobierno provincial. Su autor es Guillermo Castello, un legislador de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, que retomó el camino abierto por el ex funcionario porteño Darío Lóperfido y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Desde los organismos de Derechos Humanos advirtieron sobre la nueva avanzada negacionista.

"A la memoria no la puede borrar un retrógrado. Como sobrevivientes, tenemos la responsabilidad de todos para que para que lo sucedido en la dictadura nunca más vuelva a pasar", advirtió Adolfo Pérez Esquivel.

Sandra Raggio, titular de la Comisión Provincial por la Memoria, apuntó que "en todas las masacres del mundo el argumento del negacionismo es básicamente cuestionar la cifra de víctimas". " Esta obsesión si quiere minimalista, de minimizar y tratar de discutir por excesiva la cifra -porque no se la cuestiona porque les parezca poco-, esconde una disputa muy similar a la que se daba durante la dictadura militar, el relativismo y el negacionismo por parte de la dictadura. También hoy ciertos sectores del oficialismo ciertos sectores vuelven con este mismo intento. Lo que hay detrás es una operación ideológica", agregó.

En este sentido, Raggio remarcó que el proyecto de Castello implica "desconocer absolutamente lo que significa, en términos políticos y simbólicos, la cifra 30.000, una cifra emblemática en la lucha por los derechos humanos en la Argentina ya en plena dictadura militar, reconstruida con los testimonios de los sobrevivientes".

El diputado oficialista presentó su proyecto para derogar la Ley provincial 14.910, que fijó que comunicaciones de cualquiera de los tres Poderes del Estado que hagan mención a hechos represivos deben calificar como dictadura cívico-militar al período de gobierno entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, así como consignar la cifra de 30.000 junto a la expresión desaparecidos. La ley 14.910 fue aprobada por la Legislatura provincial el 23 de marzo de 2017. Su autor fue senador y ex intendente kirchnerista de Lanús, Darío Díaz Pérez, y el criterio para su aprobación no permitir que, en actos públicos, quienes deben representar las expresiones y valores de la democracia se pronunciaran subestimando las atrocidades llevadas a cabo en esos años, o minimizando su impacto.

Durante el tratamiento de la iniciativa, Castello había sido el único diputado en oponerse a su sanción. Ahora, al presentar su proyecto, calificó de "infame" y "mendaz" a la norma.

"Esta ley violenta los valores de Libertad y Verdad cuya promoción y protección debemos priorizar a la hora de legislar", sostiene Castello en los fundamentos de su iniciativa, en la que considera que no se puede hablar de 30 mil desaparecidos porque "no hay evidencia empírica" que permita sostener ese número.

Ya al inicio del gobierno de Cambiemos, en enero de 2016, el entonces ministro de Cultura de la Ciudad, Darío Loperfido, había declarado que en la Argentina "no hubo 30 mil desaparecidos" y que esa cifra "se arregló en una mesa". Luego, en noviembre del mismo año, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural publicó un informe en el que se aseguraba que durante el período que va de 1973 y 1983 “se produjeron 7.010 desapariciones forzadas y 1.561 asesinatos sin mediar desaparición forzada, lo que hace un total de 8.571 víctimas de terrorismo de Estado”.

Castello ha presentado otros proyectos de ley de este corte. Por ejemplo, propuso quitar los planes sociales a aquellas personas que participen en manifestaciones que interrumpan el tránsito. "El que viole derechos no debe recibir ninguna ayuda económica por parte del Estado", sostuvo a principios del año legislativo. Consideró también que los movimientos sociales tienen como principal actividad es "organizar protestas y manifestaciones de manera constante y sistemática".

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