La Justicia amenaza con desalojar a los trabajadores
Ultimátum: una semana de plazo para el Hotel Bauen
El hotel, autogestionado durante 15 años, había sido expropiado en 2016 pero Mauricio Macri vetó la ley. Ahora la jueza Hualde intimó a los trabajadores a realizar un acuerdo con el Grupo Iurkovich dentro de los próximos siete días.

Los trabajadores del Hotel Bauen fueron intimados a llegar a un acuerdo con el grupo Iurkovich, que reclama la propiedad del edificio, en el plazo de una semana y bajo amenaza de ser desalojados por la fuerza. La jueza María Paula Hualde citó a los referentes de la cooperativa a una audiencia en su despacho en la que les comunicó este emplazamiento, que pone en riesgo 15 años de trabajo autogestionado. Esta tarde, los trabajadores realizaron un encuentro informativo abierto en el edificio de Callao 360 en el que señalaron: "Nos dieron siete días hábiles para que las partes en conflicto intentemos un acuerdo que de algún modo nunca se llegó a concluir. De lo contrario, la jueza continuaría con la causa. Es decir, en siete días no vendrán a desalojarnos". Frente a esta nueva amenaza, solicitaron la solidaridad de las organizaciones sociales y gremiales con los 200 trabajadores y trabajadoras que desempeñan tareas en el "complejo cooperativo". 

El hotel, autogestionado desde hace 15 años, da trabajo a 90 familias. A diferencia de otras empresas recuperadas, su situación legal nunca logró ser resuelta. El Congreso Nacional llegó a aprobar una ley de expropiación en la última sesión del año 2016, al votar un proyecto que había logrado logró amplio consenso de las fuerzas políticas, con la excepción de Cambiemos. La ley declaró "de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y todas las instalaciones que componen el edificio", reabierto por sus trabajadores de que sus antiguos dueños lo declararan en quiebra y cerraran en 2001. Sin embargo, el presidente Mauricio Macri la vetó, reabriendo el camino al desalojo.

La sanción de la expropiación se había basado en que el Hotel fue construído con créditos otorgados durante la dictadura por el Banco Nacional de Desarrollo (Banade), una entidad estatal. La mayor parte de ese crédito nunca fue pagado por el grupo que dirigió la empresa, perteneciente a la familia Iurkovich. De esta manera, el Estado Nacional tiene sobre el edificio acreencias millonarias que reclamar.

Luego del veto, los trabajadores presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, pero en diciembre pasado el máximo tribunal de justicia rechazó esta solicitud.

Ayer, en busca de alguna medida de revisión, la cooperativa elevó un reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que plantearon que un eventual desalojo afectará el derecho al trabajo, un derecho humano. Por otra parte, en el Congreso se ha presentado y tiene estado parlamentario un nuevo proyecto de expropiación del hotel, impulsado por el diputado y jefe de la bancada del Frente Para la Victoria-Partido Justicialista, Agustín Rossi.

Los trabajadores llevan 15 años de autogestión del emblemático edificio de Callao al 300, que hoy funciona como una coordinación de cooperativas. En el lugar funciona, además del hotal, un almacén cooperativo donde el Movimiento Popular La Dignidad que comercializa productos elaborados por la economía popular; en su tercer piso funciona la redacción de La Garganta Poderosa; el hotel también alberga la redacción de la cooperativa Cítrica y a la cooperativa de gestión teatral El descubridor, que dirige Manuel Callau.

El Bauen ha atravesado todos sus años de existencia como recuperada bajo intimaciones de desalojo. A los años iniciales los transitó con Aníbal Ibarra como jefe de gobierno porteño. En aquella época, en la Legislatura el oficialismo sumado a la izquierda quedaba en una situación de empate con los macristas, que se opusieron a votar la expropiación. Después la situación empeoró: en diciembre del 2005, con el quórum dado por dos diputadas ibarristas, el macrismo votó una ley para “normalizar” el hotel, que convocaba a negociar a las partes pero poniendo como condición la entrega del inmueble a Mercoteles, sociedad anónima que se presentó como nueva dueña. Ante las movilizaciones de protesta, su implementación fue congelada. A fines de 2016 hubo un nuevo embate judicial, que logró ser frenado con el avance del proyecto de expropiación en el Congreso Nacional, que tras su aprobación sería vetado por el presidente Macri.

En sintonía con la nueva ofensiva judicial, el gobierno nacional y porteño venían presionando a los trabajadores. Este sábado se iba a reabrir, luego de 16 años, la sala teatral del edificio, donde se representaría la obra “Yo, Feuerbach” de la cooperativa teatral “El Descubridor”. Un día antes del estreno la Agencia Gubernamental de Control amenazó a los trabajadores en convocar a la fiscalía de turno si se realizaba la función. Esto es porque el hotel no cuenta con la habilitación correspondiente que el mismo gobierno les niega.

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