La Unión Obrera Metalúrgica movilizó todas sus seccionales del Conurbano al Ministerio de Trabajo en respaldo a los despedidos de Banghó, que ayer, tras la masiva protesta frente a la sede de Callao al 100, pudieron festejar un respiro en medio de la crisis que golpea al sector por la apertura de las importaciones: el gremio forzó un acuerdo con la empresa  por la continuidad laboral, en los próximos dos meses, de los 183 trabajadores que habían sido echados y pasaron a estar suspendidos, cobrando el 70 por ciento de sus salarios. 

“Esta protesta es para demostrar que no vamos a soportar más apertura a las importaciones. Tuvimos 9 mil despidos en 2016 y ahora tenemos a 15 mil suspendidos, que no saben cuál va a ser su futuro cuando tengan que volver en marzo”, planteó Antonio Caló, titular del sindicato metalúrgico, en la puerta del edificio donde se realizan las audiencias de conciliación de la cartera laboral. 

La marcha buscó poner en primer plano los efectos de la medida oficial que eliminó los aranceles del 35 por ciento para los productos importados en el sector informático. “Sin aranceles que protejan la industria, no podemos competir. El gobierno va a tener que entender que no estamos pidiendo nada fuera de lo normal: uno le da trabajo a los argentinos o le da trabajo a los chinos. ¿Quieren tener un ejército de desocupados en la calle?”, preguntó Caló.

La protesta fue acompañada por los secretarios generales de otros gremios, como la Asociación Bancaria y otros integrantes de la Corriente Federal. También estuvieron el diputado Héctor Recalde, titular del bloque del Frente para la Victoria-PJ, y el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada.  

“Queremos que el gobierno defienda el trabajo argentino, que haya fomento y protección a la industria nacional”, apuntó Francisco “Barba” Gutiérrez, dirigente de la UOM Quilmes y secretario de Interior de la CGT. El dirigente agregó que, por esto, “el 7 de marzo vamos a movilizarnos todos los gremios de la industria, porque todos estamos atravesados por esta misma situación de amenaza de despidos y cierres por la apertura económica indiscriminada”.

Los manifestantes se concentraron frente al Congreso y desde ahí se dirigieron hasta el ministerio que encabeza Jorge Triaca, donde cortaron el tránsito. Ayer vencía la conciliación obligatoria en el conflicto por Banghó, fabricante de tablets y notebooks. Horas antes de la protesta, buscando reducir su impacto, el Gobierno había anunciado que los despedidos serían “reconvertidos” para pasar a trabajar en la fábrica de electrodomésticos Visuar, de Cañuelas. Así lo aseguró a la agencia Télam el secretario de Transformación Productiva, Lucio Castro. La información dada por el funcionario agregó que esto se concretaría en el mes de abril. Sin embargo, la noticia genera dudas sobre su real efectividad: por empezar, la localidad de Cañuelas está a 70 kilómetros de la planta de Banghó, ubicada en Vicente López. 

La empresa llegó a tener cerca de 900 trabajadores, repartidos en dos sedes, la segunda de ellas en la Ciudad de Buenos Aires, detalló el secretario de Prensa de la UOM, Emiliano Gallo. Cuando ocurrieron los despidos, los metalúrgicos tomaron la planta y lograron el dictado de la conciliación obligatoria, que dispuso la marcha atrás de las cesantías. El acuerdo firmado ayer extiende por 60 días la continuidad laboral de los afectados, aunque en carácter de suspendidos. Mientras tanto, se seguirá negociando.