El juez Gustavo Pérez de Urrechu aceptó de manera parcial la denuncia del Servicio Público Provincial de Defensa Penal contra el Servicio Penitenciario por el incumplimiento de cupo fijado en la cárcel de Piñero. En la resolución, el magistrado ordenó que no aumente el número de 1448 internos, como planteó hace dos años, por entender que la población penitenciaria agotaba la capacidad del establecimiento.
La presentación se realizó a instancias de la defensora provincial, Jaquelina Balangione, y el defensor regional de Rosario, Gustavo Franceschetti, tras un habeas corpus de 2017, en favor de todos los internos de las cárceles del sur provincial. "No obstante la sentencia judicial (de 2017), a partir de sucesivas inspecciones de la Defensa Pública, pudo comprobarse que la capacidad máxima establecida se encontraba excedida sin constar solicitud alguna de ampliación de cupo, y sin existir acreditación previa de servicios disponibles, como salud, educación, trabajo, que se habían exigido en el marco del habeas corpus", expresaron desde el Servicio Público de la Defensa Penal.
En la resolución, el juez resolvió hacer lugar al habeas corpus respecto al hacinamiento y superpoblación en la Unidad Penitenciaria Nº 11, y ordenó al Servicio Penitenciario provincial, que en el plazo de 120 días proceda a adecuar el número de internos a 1448, tal como se estableció en 2017. En este sentido, "solicitó que se arbitren los medios para la reubicación y/o traslados pertinentes de los internos alojados". Asimismo, "ordenó la prohibición del ingreso de presos federales a la mencionada Unidad Penitenciaria, por encima del cupo fijado, por el plazo de 120 días, a los efectos de no agravar la situación de las personas allí detenidas".
Además, según indicaron desde la Defensa, "recomendó al Estado nacional que proceda al traslado de los presos que pertenecen al Poder Judicial Federal, y se encuentran en el servicio penitenciario provincial, a la órbita correspondiente, particularmente a aquellos detenidos en la cárcel de Piñero".
