Los niños migrantes y su detención en condiciones inhumanas son un negocio lucrativo en Estados Unidos. Pero además, enriquecen a exfuncionarios que pasaron por el gobierno de Donald Trump. Seis menores murieron mientras estaban retenidos por el Departamento de Seguridad Nacional. La última víctima fue una nena salvadoreña de 10 años que falleció en un hospital de Omaha, Nebraska, en septiembre de 2018. En este registro no se incluyen a casos como el de Angie Valeria Martínez Avalos, que se ahogó con su padre cuando intentaban cruzar el río Grande, en la frontera con México. Quienes sobreviven de a miles en forma penosa están alojados en centros privados como el de Homestead, Florida. Las instalaciones son regenteadas por la empresa Caliburn, cuya junta directiva es integrada por John F. Kelly, exjefe del Comando Sur y exsecretario de Seguridad Nacional del actual presidente. Es tal el descaro con que operan este tipo de compañías, que aquella reconoció como una oportunidad de crecimiento ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores la política de inmigración de EE.UU.

Caliburn es una especie de ave carroñera de las guerras o grandes tragedias humanitarias. Opera en Afganistán, Irak y a través de su filial Comprehensive Health Services (CHS) lo hace fronteras adentro de Estados Unidos. Se financia además con créditos del Bank of América que decidió retirarle su apoyo después de enviar emisarios a visitar Homestead, informó el Nuevo Herald de Miami en junio. Su negocio top es la administración de centros de detención de menores migrantes, donde viven separados de sus padres. Citada por Democracy Now, la investigadora de Human Rights Watch, Clara Long, denunció que hay niños retenidos cuyos padres viven legalmente en EE.UU. Se ha llegado a ese contrasentido.

CBS News publicó que CHS recibió unos 222 millones de dólares solo para operar entre el 7 de julio del 2018 y el 20 de abril de este año. De esa suma se deduce que en 270 días, Caliburn y su subsidiaria cobraron unos 800 mil dólares cada 24 horas, que volcaron a su faena de alojar en condiciones penosas a menores que ingresan sin papeles a Estados Unidos.

En el marco de redadas que profundizó por estas horas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas -ICE por su sigla en inglés-, siguen conociéndose datos sobre la situación de los menores detenidos en centros como el de Homestead. Hasta ahí se ha derivado a una buena parte de los niños y adolescentes después de que se cerrara un campo para alojarlos en Tornillo, Texas. La obscenidad de las cifras de financiamiento que tiene este costado de la política migratoria de Trump se resume en un dato: su gobierno lleva gastados al menos 3.800 millones de dólares en subvenciones y contratos para el programa de “Niños extranjeros no acompañados” (UAC).

Caliburn International Corp, que amplió la capacidad de albergar menores en Homestead – es el centro más grande en su tipo de EE.UU-, había planificado cotizar acciones en la bolsa por 100 millones de dólares. Desistió en marzo pasado, acaso por las críticas y protestas que hubo contra sus instalaciones. Ese mismo mes abrió sus puertas a la prensa para que recorriera el predio situado en el estado de Florida. Un vocero de la empresa dijo que desde marzo del 2018 habían pasado por ahí “6.000 niños” y que se habían “liberado” – ese fue el verbo que utilizó- a “4.450 con quienes los acogen, que en su mayoría son sus padres o familiares aquí en Estados Unidos”. Todo lo que se vio por las cámaras de Telemundo parecía prolijo y en su sitio, como una escenografía planificada y montada para la ocasión.

Pero el rentable centro de Homestead – sobre el que pesa un masivo pedido de cierre de la sociedad civil y la oposición demócrata- no es el único sitio al que van a parar los niños migrantes. El lugar de detención temporal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Clint, Texas, es un golpe demoledor a la sensibilidad de cualquier ser biennacido. No parece el caso de Mark Morgan, su director interino, nombrado por el propio Trump. Democracy Now informó que “en enero de este año, le dijo al presentador de Fox News, Tucker Carlson: ‘Me acerqué a estos individuos a los que se llama ‘menores’ de 17 años de edad o menos, y los he mirado. Los miré a los ojos y me dije: ‘Estos son los que pronto serán miembros de la pandilla MS-13’”.

La contracara de esas declaraciones es el testimonio que brindó Warren Binford, profesora de derecho de la Universidad de Willamette, quien pudo ver las condiciones en que se encontraban los niños en Clint: “Estaban enfermos. Estaban tosiendo. Les goteaba la nariz. Estaban muy sucios. Inmediatamente comenzaron a describir el nivel de hambre que estaban sufriendo”. El equipo integrado por la docente y abogada comprobó que “nadie cuidaba a estos niños directamente, que estaban encerrados en estas celdas las 24 horas del día. En muchas de esas celdas solo hay baños abiertos. No hay jabón, no hay forma de lavarse las manos. Y muchos de ellos se ven obligados a dormir directamente sobre el piso debido a la escasez de camas y colchonetas y espacio para dormir”.

Esta es la declamada política de seguridad nacional que tuvo a su frente John F. Kelly, el integrante de Caliburn. Antes había sido jefe del Comando Sur de EE.UU – entre 2012 y 2016-, hasta que Trump lo designó primero como secretario de Seguridad Nacional y después como jefe de Gabinete de la Casa Blanca. Cuatro meses más tarde de retirarse del gobierno se había sumado a la multinacional que lucra con los menores migrantes.

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