Por las reformas tributaria y previsional de 2017, las arcas del Estado habrán recaudado al terminar el lustro (2022) un 20 por ciento menos en concepto de aportes a la Seguridad Social. Pese a que el Gobierno insiste en que el sistema previsional no es sustentable, fueron sus reformas y una política de destrucción y precarización del empleo las que generaron esa situación de desfinanciamiento. Un grupo de instituciones del ámbito académico realizó un listado con medidas para incluir en el armado de una “agenda urgente para una sociedad de trabajo”, que permita revertir la actual crisis laboral. Entre los puntos se destacan la necesidad de implementar un esquema de precios y salarios que proteja los ingresos de los trabajadores, reformular el índice de movilidad jubilatoria con el mismo propósito, renovar los convenios colectivos y restaurar el esquema de aportes patronales para grandes empresas vigente hasta la asunción del actual gobierno.

El eje del debate se mantiene abierto, ya que pocos analistas se animan a prever el escenario económico post electoral. En materia laboral, la herencia que aventura el documento es la de una estructura ocupacional precarizada, una desocupación de dos dígitos, crecimiento del empleo no registrado, salarios reales por debajo de los niveles de 2015, menores fondos para la seguridad social y obras sociales y una mayor disparidad de ingresos entre hombres y mujeres. El documento fue elaborado por los centros de estudios Atenea, Cifra, ITE-GA, Ocepp y Cetyd (Idaes/Unsam), junto a otros investigadores que conformaron un ámbito de discusión en el marco de la Fundación Ebert Argentina.

Los dos puntos más categóricos del informe incluyen deshacer los cambios en materia tributaria y previsional, siendo ambas reformas aplicadas por Cambiemos las que profundizaron el deterioro en el mercado laboral. Por un lado, plantea establecer un nuevo esquema de contribuciones patronales que recupere la sustentabilidad del sistema. “Se propone que la deducción de cargas sociales se realice sobre la suma del conjunto de salarios que paga una empresa. Esto permitiría que los beneficios del esquema se concentren sobre las firmas más pequeñas”, explica. Para las grandes empresas, con el objetivo de compensar la pérdida de recursos, se restauraría la alícuota que abonaban antes de la reforma tributaria.

El otro punto tratado en el documento es derogar la última reforma previsional y establecer un nuevo índice de movilidad. La idea es definir un mecanismo que se mueva en relación al Indice de Precios al Consumidor (IPC) y el Ripte (remuneración promedio de los trabajadores estables) de acuerdo con el criterio de “tomar el mejor”. En los casos en que la variación del Ripte supere a la del IPC y la recaudación del sistema sea consistente con la evolución, se tomará el primero y habrá una mejora en el poder adquisitivo de las prestaciones. En caso contrario, se utilizará el índice de precios y se cubrirá el poder adquisitivo. El esquema deja abierta la puerta a aumentos adicionales.

La agenda

“Lo que estamos viendo es un ataque constante a los conceptos básicos de un Estado de Bienestar, donde la organización sindical y las normativas de protección del trabajador se presentan como obstáculo. Tiene que haber una discusión política, que no implica que se partidaria”, abrió Mara Ruiz Malec, de la Fundación Germán Abdala. La agenda que propone este grupo interdisciplinario “no es una plataforma partidaria”, aunque reconoce que “no es neutral”. El concepto que se traza como columna vertebral para llevar a cabo cualquier mejora en materia laboral es la necesidad de que regrese el crecimiento económico. Por eso el primer punto de la agenda está referido a institucionalizar el dialogo social tripartito para discutir estos temas. Hace dos años que el Consejo del Salario Mínimo está desactivado y los aumentos decretados.

Frente a una situación de deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales se define, en sintonía con lo que proponen economistas del arco opositor, implementar un esquema coordinado de precios y salarios. Dada la alta volatilidad de la inflación, la idea de una recomposición de los salarios rápida no parece ser la opción. “En ese marco, para sostener y mejorar progresivamente el poder adquisitivo de los salarios en un entorno macroeconómico favorable al crecimiento”, señala el documento, el cual sugiere un mecanismo coordinado que “evite la espiralización nominal” de precios y salarios.

“En este sentido, planteamos, quizás como lo más disruptivo de la agenda, promover la renovación de los contenidos de los convenios colectivos de trabajo”, agregó Diego Schleser, del Cetyd. El documento busca apartarse del concepto de reforma laboral como la expone el neoliberalismo. “Se apropió de la idea pero planteamos otra cosa”, agregó el ex ministro Carlos Tomada, del mismo espacio. El objetivo es actualizar los convenios para resguardar los derechos de trabajadores y trabajadoras y no para incrementar los márgenes de rentabilidad de los empresarios. En este punto, se hizo hincapié en incluir en el debate la participación de empleados en las ganancias de las empresas y no sólo ser socio en las pérdidas (como el banco de horas). Esto permitiría regular el trabajo de plataformas digitales o la tercerización laboral, donde los empleados no son reconocidos en su condición de relación de dependencia. En este marco se propone también discutir las condiciones futuras del trabajo.

A diferencia del darwinismo que estimula el Gobierno, los especialistas plantean un acompañamiento en la formación continua de trabajadores para que puedan adaptarse a los nuevos procesos y tareas. Se propone crear un sistema de formación que integre instituciones públicas y privadas de formación, el cual deberá hacer foco en trabajadores en situación de elevada vulnerabilidad.