Cómo afecta a las víctimas del ajuste la nueva modalidad en el consumo de luz
Tarifazos: el oscuro avance del sistema de electricidad prepago
Página/12  recorrió el conurbano bonaerense, en donde ya hay 190 mil nuevos medidores que cortan la luz cuando se termina el crédito. Las empresas lo presentan como una solución a la exclusión.
El medidor "prepago" instalado por la empresa eléctrica Edenor. El medidor "prepago" instalado por la empresa eléctrica Edenor. El medidor "prepago" instalado por la empresa eléctrica Edenor. El medidor "prepago" instalado por la empresa eléctrica Edenor. El medidor "prepago" instalado por la empresa eléctrica Edenor. 
El medidor "prepago" instalado por la empresa eléctrica Edenor.  

Tenía cinco facturas impagas acumuladas. Cuando los técnicos de Edenor le retiraron el medidor, en el mismo momento le dejaron uno nuevo, prepago. Fernanda les dijo que a la deuda no la iba a cancelar “porque no tenía con qué y porque no iba a pagarla”. Se sentía impotente y sobrepasada, pero esa tarde fue a la oficina comercial y firmó su adhesión al servicio prepago. Le pareció un alivio porque al menos iba a tener luz.

Ahora está haciendo recargas una vez por semana. A veces son 300 pesos, otras 200.

-Lo que pueda. El miércoles el crédito se terminó a la noche, cuando yo estaba trabajando; me había ido de casa sin darme cuenta de que quedaba poco-, explica. Es martes, de mañana. Hay sol y ella salió a la puerta para esperar a un amigo. Así acepta contestar una pregunta. Después se va soltando, contando más.

Dice que como su trabajo es nocturno, cuando la casa se quedó sin luz la hija estaba sola. “Me llamó para avisarme, pero yo en ese momento no tenía dinero. Al final ella pudo cargarle 100 pesos de emergencia”. Calcula que esos 100 pesos “nos habrán durado para cuatro días más”.

Con un aumento de tarifas del 3100 por ciento acumulado desde diciembre de 2015, avanza en los hogares del Gran Buenos Aires una transformación radical y silenciosa: la de los usuarios que pasan al sistema prepago de electricidad.

El mecanismo es similar al de los teléfonos celulares (en Edenor prefieren compararlo con la tarjeta SUBE) y aunque se publicita como una forma de “inclusión”, con la que los vecinos, según las empresas, “están conformes porque aprendieron a gastar menos”, su creciente presencia en el territorio poco tiene que ver con una decisión de los usuarios de ir hacia un consumo inteligente. Se trata, en realidad, de que los tarifazos dejaron fuera del “tradicional” modo de entender los servicios a un sector de la población. Tradicional en el sentido de cómo los conocimos en los últimos 70 años, como servicios públicos, con intención de ser universales, con garantía de continuidad.

En el Gran Buenos Aires ya hay 190 mil medidores prepagos, según el dato brindado por Edenor ante la consulta puntual. Un repaso por el archivo sirve para medir la velocidad de su propagación : en marzo de 2017 el plan de reemplazo de los medidores era solo una versión denunciada por las asociaciones del consumidor, que se quejaban de que el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, no se pronunciara sobre el tema. En abril del 2018, es decir un año y un mes después, eran 70 mil; en diciembre se habían duplicado a 140 mil. En junio de 2019 llegaron a 180 mil. En este último mes se agregaron 10 mil nuevos.

Los municipios con mayor número de medidores prepagos son Moreno, La Matanza, Merlo y Malvinas Argentinas.

Contrastes

La casa de Fernanda Habud -la entrevistada que abre la nota- está ubicada en El Libertador, en el partido de Tres de Febrero. Vive en una cuadra con asfalto, tendido eléctrico y gas natural. No es una vivienda lujosa, sin dudas, pero tampoco precaria. Fernanda y la hija trabajan. Fueron -igual que su familia ampliada- usuarias tradicionales del servicio de energía eléctrica, es decir que en sus casas recibían boletas bimestrales y luego todos los meses.

En la cuadra hay gas natural, no falta la red de servicios públicos, como podría ocurrir en un asentamiento. Esta semana, lanzada la carrera electoral, fue conectado a la cuadra el servicio de agua potable. Mientras se hacía esta nota, a pocas cuadras, sobre la Avenida Márquez, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal inauguraban el metrobús en la avenida Márquez y Ruta 8, en el lindero partido de San Martín.

Esas inauguraciones necesarias contrastan con lo que se ve puertas adentro del barrio. A poco de hablar, resulta que la entrevistada también tiene cortado el gas desde el año pasado. (O sea que se endeudó no sólo con la electricidad sino también con el gas). Es claro que para hacer la conexión domiciliaria del agua potable desde el cordón al interior de su casa, deberá conseguir un dinero que hoy no tiene. Por la vereda podrían pasar todos los tendidos del mundo.

Un poco de historia

Las asociaciones de defensa del consumidor advierten que las distribuidoras llevaban más de 15 años tratando de avanzar con este sistema de medidores prepagos en el Conurbano. En el 2004 hubo un intento, promovido por el Enre, (el ente nacional regulador de la electricidad, encargado de controlar a las empresas para que cumplan con sus obligaciones), de hacer una experiencia piloto en Merlo, pero fracasó por la oposición de organizaciones locales. El que lo cuenta es Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. “En aquel momento Edenor intentó instalarlos y nosotros lo denunciamos. La verdad es que ese intento no avanzó, básicamente, porque el precio de la electricidad no era el de ahora. No encontraban quién quisiera pasarse del medidor mensual al prepago”.

En 2016 el intendente macrista de Pilar, Nicolás Ducoté, fue uno de los primeros que habló en favor del sistema. Anunció que su municipio iba a pedir los medidores prepagos, a “gestionarlos ante el Enre y Edenor”. Hubo otro intento en San Isidro, que también fracasó por la resistencia local.

El plan de instalación de estos medidores es así un proceso de estos dos últimos años, que se inició a mediados de 2017 y explotó en 2018 y 2019. ¿Por qué? “Porque los precios de las tarifas venían siendo frenados por la presentación de amparos, ruidazos, por la exigencia de audiencias públicas”, explica Boada. Hubo una oposición que demoró los aumentos en los primeros años del macrismo.

“En Buenos Aires tuvimos el fallo del (hoy destituido) juez Luis Arias que en la práctica postergó la aplicación de los aumentos (hasta junio de 2017). También ayudó la cautelar del caso Abarca, que cuestionó el precio mayorista presentado por Edenor y Edesur. Medidas como estas frenaron los aumentos durante 2016, pero en 2017 y 2018, caídos los amparos, los precios explotaron”. Ese fue el terreno fértil en el que el sistema tendió sus raíces.

Impagables

María Sol Garbuglia, integrante de la Audiencia Pública contra los Tarifazos, hace de guía en estas manzanas de El Libertador. Es militante del Frente de Todos. Conoce a qué vecinos les sacaron el medidor, quiénes recibieron facturas impagables o les cortaron el gas y tuvieron que pasarse a la garrafa, otra de las caras de los tarifazos (ver aparte). “Lo que vemos es que avanzaron mucho en esta franja social. En los asentamientos el clima es otro, las camionetas de Edenor no pueden entrar tan fácil a cortarles la luz a los enganchados”, opina.

Otros casos de este barrio: Carina Rodríguez atiende un kiosco que ofrece el servicio de recargas para la electricidad. Cuenta que la gente paga desde 50 pesos por vez. Su padre recibió una boleta de luz de 26 mil pesos, con la que recurrió a un abogado. Finalmente, pagó la mitad de lo que le reclamaban. “Nunca nos dijeron ‘me equivoqué’, pero la factura que mandan ahora es diez veces menor, o sea que algo corrigieron”, cuenta el padre.

A Rosa, una jubilada de 75 que teje escarpines y otras ropas de bebe para hacerse unos pesos, le pasó que intentaron aplicarle una tarifa comercial. En su caso, después de la intervención de su hija, los técnicos le pidieron disculpas. Teresa Alvarez fue, de los entrevistados, la única a la que le pusieron medidor prepago sin tener un medidor mensual. Es decir que estaba colgada. “Me cortaron la conexión y en el mismo momento pusieron el medidor prepago. Eso sí, tuve que ir con mi documento y firmar para poder empezar a usarlo”. Los demás también ya que hay que dar una aceptación firmada.

¿Es más barato?

Aunque las distribuidoras dicen que el precio por kilowatt prepago es el mismo que el convencional, Osvaldo Bassano, titular de ADDUC, asegura que el resulta más costoso. “Es acumulativamente más caro, y la empresa se asegura de que le pagues antes de usar el servicio, lo que es ilegal, porque borra el concepto de servicio público y coloca al consumidor en una situación de desamparo. Si un día no tiene con qué pagar, se queda sin luz, a diferencia del que cuentan con un medidor común. Por eso planteamos que esto es una violación del artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice que los usuarios tienen derecho a la protección de su seguridad e intereses económicos, y a condiciones de trato equitativo y digno”.

Sin embargo, existen resoluciones del Enre que permiten los medidores prepagos. Esto les daría un marco de legalidad. Bassano concede que esa resolución existe. Legalmente, señala, “todo lo que no está prohibido está permitido. Por eso las distribuidoras avanzaron y luego el Enre sacó una resolución que las revistió de legalidad. Los usuarios, por ejemplo, tienen que haber pedido el medidor, por eso los hacen firmar. Aceptar que no es lo mismo que pedir. Se pide si es más conveniente, se acepta cuando no te queda otra”.

Bassano advierte que la reglamentación del Enre es contraria a la Constitución. “Desde fines del siglo XX y principios del siglo XXI las corporaciones asumen el carácter autoritario de gobernar por encima de la Constitución. Sus ingresos tienen más importancia que el derecho de las personas”. Su colega Boada también subraya en este esquema, el papel cómplice del Estado. “Avanzaron de la mano del gobierno macrista y luego la resolución del Enre lo revistió de mayor legalidad”, describe.

Indignidad

Otra mirada sobre por qué el sistema conlleva una pérdida de derechos es la de Andrea Manzi, de la Red Nacional de Multisectoriales contra el Tarifazo. “Estas son nuevas formas de facturación completamente desamparadas de la legalidad. Sabemos que los aprobó el Enre, pero el Enre hoy por hoy tiene un un director como es Andrés Chambouleyrón, que fue el coequiper de Aranguren en el diseño del tarifazo. Dejaron al usuario fuera de la normativa que se aplica al resto de los usuarios y consumidores. Es una barbaridad porque la energía es un derecho. Este gobierno nos lleva situaciones de indignidad, a vivir como se pueda, a tener los servicios públicos que cada uno pueda pagarse, sin ningún control a las distribuidoras. Entonces, como podamos nos tenemos que dar la luz, como podamos reemplazamos al gas, como podamos usamos el agua. Tenemos miedo hasta de prender una estufa. Si no tengo gas me paso a garrafa y si no tengo garrafa me caliento con lo que sea. La palabra que lo define no es otra que indignidad”.

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