Piden el juicio político al presidente Abdó Benítez y su vice

Crisis política en Paraguay, tras un acuerdo secreto sobre Itaipú

Manifestantes repudian el acuerdo secreto del gobierno con Brasil. Manifestantes repudian el acuerdo secreto del gobierno con Brasil. Manifestantes repudian el acuerdo secreto del gobierno con Brasil. Manifestantes repudian el acuerdo secreto del gobierno con Brasil. Manifestantes repudian el acuerdo secreto del gobierno con Brasil. 
Manifestantes repudian el acuerdo secreto del gobierno con Brasil.  

Antonio Rivas asumió como nuevo canciller de Paraguay, tras la renuncia de Alberto Castiglioni, envuelto en el escándalo por el acuerdo secreto con Brasil sobre la represa hidroeléctrica binacional Itaipú, conflicto que también desencadenó un pedido de juicio político contra el presidente, Mario Abdó Benítez, y su vice, Hugo Velázquez. La renuncia de Castiglioni se suma a la de otros cuatro funcionarios de peso, que se hicieron efectivas durante los últimos días.

Rivas, diplomático con 30 años de carrera, se desempeñaba como vicecanciller hasta el nuevo nombramiento. Anunció, en primer lugar, que se reunirá el viernes con autoridades brasileñas con la intención de exigir que quede sin efecto el polémico acuerdo energético, que la oposición paraguaya considera perjudicial para el país.

Según el flamante funcionario, Paraguay solicitó el encuentro con funcionarios en Brasil para superar la compleja situación, y adelantó que encontró "una visión positiva" entre las partes. La comitiva paraguaya buscará además encargar a los técnicos de las distribuidoras ANDE y Eletrobrás la elaboración de un nuevo contrato. "Queremos subsanar la situación", expresó Rivas.

Tras el fuerte rechazo que generaron las condiciones del contrato, debió renunciar el  titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Alcides Jiménez, que duró apenas días en el cargo. El lunes habían renunciado el anterior director de la ANDE, Pedro Ferreira, el embajador en Brasil, Hugo Saguier Caballero, y José Alderete, director del sector paraguayo de Itaipú Binacional.

Luego de conocerse los detalles del acta firmada, parlamentarios de la oposición paraguaya conformaron una comisión bicameral de investigación para determinar las responsabilidades individuales de los funcionarios que participaron en las negociaciones con autoridades brasileñas. El acuerdo, que data del mes de mayo, recién pudo conocerse dos meses después.

De concretarse el documento, expertos en energía estiman pérdidas superiores a 200 millones de dólares para Paraguay. Según manifiestan, lo acordado sería perjudicial para la empresa estatal y el país, ya que se renuncia a energía más barata, producto de los excedentes de la represa binacional.

La hidroeléctrica de Itaipú es históricamente un tema sensible para los paraguayos. Inaugurada en 1984, la construcción de la planta requirió de la anegación de gran parte del lado paraguayo. Su construcción y posterior explotación beneficiaron históricamente a Brasil.

Pedido de juicio político

Del acuerdo secreto revelado recientemente, también surgieron sospechas acerca del posible involucramiento del vicepresidente, Hugo Velázquez, en las negociaciones. Esa posibilidad calentó el debate público, y abrió la alternativa de un juicio político contra el funcionario.

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con la aprobación de todos sus bloques internos, resolvió exigir el procesamiento político de Velázquez, y del propio presidente, Mario Abdo Benítez, por considerarlos responsables de la entrega de intereses paraguayos en la firma del acuerdo, según explicó en conferencia de prensa Efraín Alegre, titular de la agrupación.

Alegre sostuvo este miércoles que esa posición deberá ser de "común acuerdo con los demás partidos fraternos", y que su formación no tomará "una determinación de manera aislada", según consigna el diario ABC Color. Al planteo del PLRA adhirieron el Frente Guasu, conglomerado de sectores de izquierda liderados por el senador Fernando Lugo, y el Partido Demócrata Cristiano, entre otros. 

El Frente Guasu rechazó desde un principio el acuerdo secreto. En la semana, sus dirigentes remarcaron el contrastre entre el flamante tratado, y el firmado entre Lugo y Lula da Silva en 2009, que brindaba energía a los paraguayos a un precio mucho más adecuado a las necesidades de la población, y a su proyecto de desarrollo. 

Alegre remarcó que la propuesta cobra peso tras conocerse las sospechas de que un asesor de Velázquez habría influido para que las negociaciones del acuerdo con Brasil excluyeran un punto que permitiría a la estatal eléctrica paraguaya vender energía a empresas brasileñas a través de la hidroeléctrica de Itaipú. En rueda de prensa, Velázquez comentó que acababa de salir de una reunión con el presidente, y que éste le aseguró que “está muy bien que pida que lo investiguen”.

“Ojalá no se frustre esta posibilidad de que Paraguay le venda energía eléctrica a los sectores privados, porque esto después de 50 años está pudiendo ser realidad. Hay varias empresas que están interesadas, no sólo una, incluso empresas argentinas”, señaló, a contramano de la oposición, los medios de comunicación y los expertos en energía hidroeléctrica del país.

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