Opinión
Un acto de fe

La tasa de inflación del Área Metropolitana de enero informada por el Indec de Macri fue de 1,3 por ciento, mientras que la difundida por la Dirección General de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,9 por ciento. La diferencia es importante. Si fuera el primer mes de discrepancia podría pasar desapercibida o hasta minimizada con observaciones técnicas. Pero esa brecha es persistente desde septiembre del año pasado, advirtió el economista Mariano Kestelboim. Ilustra que en ese período de cinco meses la brecha entre ambos indicadores es de 23 por ciento “en (un) territorio común” (9,6 a 7,8). Otros índices provinciales, como el de Córdoba (1,5 por ciento), y de consultoras privadas ofrecieron variaciones de precios superiores a las del Indec. El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT también informó una cifra más elevada: 1,8 por ciento. 

El toquecito oficial fue en los rubros Indumentaria y Vivienda (expensas), que técnicamente es explicado por la existencia de diferentes canastas, ponderador y forma de imputar los precios entre uno y otro indicador (IPC-Indec vs. IPC-CABA). Es el mismo argumento que utilizó la conducción anterior del Indec con el precio de los paquetes turísticos, la lechuga y las cuotas de las prepagas exactamente en el mismo mes hace diez años. 

La estrategia de querer acomodar índices de precios a deseos políticos fue advertida aquí en ese momento (“Boomerang”,  4 de febrero de 2007, suplemento económico Cash). Cuando se empiezan a maquillar las estadísticas y se requieren justificaciones técnicas, como ahora con el Indec de Macri, es porque se ha perdido la virginidad. Los (im)puros de las estadísticas públicas no sólo han actuado sobre las cifras pasadas para reescribir la historia de los doce años del kirchnerismo, por ejemplo alterando la evolución del PIB de ese período político con una insólita caída del 6 por ciento en 2009, sino que han empezado a toquetear las actuales.

No es una señala de autonomía política el siguiente tuit emitido desde la cuenta oficial del Indec, al día siguiente de la conferencia de prensa de Macri: “El presidente Macri elogió el trabajo del Indec: ‘Volvimos a tener estadísticas confiables. Es un organismo independiente nuevamente’”. Es suficiente con haber concretado un inédito apagón estadístico durante varios meses, sobreestimar la cantidad de pobres para distorsionar el recorrido social del pasado y ofrecer indicadores no tan negativos al gobierno. El exceso empalaga. 

Objetivo

 Como la construcción de indicadores estadísticos no es neutral, cuestión política que incomoda al amplio mundo de los economistas, las disquisiciones técnicas sirven para mostrar el mayor o menor grado de rigurosidad en la crítica hacia el manejo del Indec, antes y ahora. La subestimación de la tasa de inflación del 1,3 por ciento del Indec de Macri no ha sido inocente. Tiene el objetivo político de orientar la negociación paritaria a la baja, comenzar el año con una base más reducida del indicador para intentar acomodar la inflación anual a la meta oficial de ubicarla por debajo del 20 por ciento, y ofrecer una consigna electoral al oficialismo de control de la inflación en un año de elecciones cruciales para el gobierno de la Alianza macrismo-radicalismo.

Es una misión audaz que requiere de un amplio dispositivo de propaganda público-privado para sostener la idea de reducción de la inflación. En el primer bimestre ha habido aumentos desproporcionados (peajes, luz, patentes, AByL) y que continuarán en los próximos meses (transporte, agua, gas), además de las alzas en servicios privados (prepagas, telefonía celular, televisión por cable y escuela privada) y en la canasta de bienes básicos. Es una muestra de fidelidad al oficialismo la red de analistas que afirma que pese a tarifazos varios y remarcación de precios existe un proceso de “desinflación”.   

La insistencia del Banco Central con el objetivo de variación de precios de este año entre 12 y 17 por ciento, que el presidente Mauricio Macri subió a no más del 20 por ciento en la última conferencia de prensa, colisiona con estimaciones privadas y, fundamentalmente, con los fuertes aumentos de precios que ya se están aplicando. La caída del ingreso disponible de la mayoría de la población no podrá ser disimulada con marketing político. 

La paritaria bancaria del 24,3 por ciento, luego de una negociación intervenida por el Ministerio de Trabajo a favor de las entidades financieras, tiene el mérito de haber quebrado el techo que pretendía el gobierno. Pero la cifra pactada no esta fuera del actual contexto de subas de precios puesto que estará muy cerca de la inflación anual prevista a partir de incrementos de hasta tres dígitos en tarifas de servicios públicos. El acuerdo tiene una cláusula de actualización automática en caso de que la inflación supere el 19,5 por ciento. El gremio de bancarios como otros que han incorporado o están evaluando sumar esa condición en los acuerdos paritarios tendrá que observar con detenimiento el sendero del indicador de precios oficial, teniendo en cuenta la existencia de discrepancia en contra de los trabajadores con otros índices. 

El informe de coyuntura elaborado por el ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, explica que para que la inflación se ubique en la meta oficial del 17 por ciento, la tasa mensual debería promediar 0,7 por ciento. Indica que una dinámica más realista, aunque optimista, consistente en una tasa mensual de 1,2 por ciento, la inflación se ubicaría en 21,2 por ciento. “Si a eso se le suma el impacto probable de las pautas tarifarias y de precios regulados conocidas hasta el momento, el crecimiento de los precios de 2017 llegaría al 25,7 por ciento”, afirma.

Consumo

 Con esas cifras, el salario del sector privado no mejoraría en términos reales, no habría podido recuperar la caída del año pasado y, por lo tanto, no actuaría de motor del consumo, la principal fuente de impulso para la reactivación económica. De ese modo, los dos grandes objetivos económicos del gobierno en este año electoral enfrentan complicaciones, en un marco de dispersión y descoordinación de la gestión económica: 

  1. El crecimiento del PIB, en caso de que se registre, sería muy leve y, en el mejor escenario, recuperaría la caída de 2016, cerrando Macri la mitad de su mandato con la economía en el mismo lugar donde la recibió del gobierno de CFK. Estaría igual en términos macroeconómicos pero en una situación peor para la mayoría de la población. El saldo sería dos años de estancamiento con deterioro del bienestar social por haber dispuesto medidas cuyo resultado fue una transferencia regresiva del ingreso.
  2. La tasa de inflación disminuirá luego del shock del año pasado, que culminó con la variación de precios más elevada desde 1991 de 40,9 por ciento, según Citra-Umet. La proyección para este año de los economistas de ese centro de estudios es una inflación promedio del 25,2 por ciento, porcentaje similar al calculado por Agis. De ese modo, la tasa de inflación se ubicará todavía un escalón por encima de la anualizada hasta octubre de 2015, cuando los entonces opositores y hoy oficialistas (políticos y economistas) consideraban la cuestión de los precios como una situación insostenible.

Sólo una recesión aún más intensa y una mayor apertura importadora podrían evitar, aunque no sería seguro, que los ajustes en luz, gas, agua, peajes y transporte no se trasladen al resto de los precios de la economía. Pero no sería un escenario deseable para el gobierno puesto que la agudización del actual deterioro de la actividad convocaría a otras tensiones más incómodas que las inflacionarias. Por lo pronto, la cámara de empresarios de transporte de cargas adelantó que el tarifazo en peajes subirá sus costos que se verán reflejados en los precios de sus servicios. Así se van a ir encadenando los aumentos de uno a otro sector a partir de la política deliberada del gobierno de beneficiar con los tarifazos a un pequeño grupo de empresas de servicios públicos privatizados.  

La recuperación del consumo general en ese contexto regresivo es un acto de fe.

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