Tras el desembarco de los 83 migrantes del barco Open Arms en la isla italiana de Lampedusa, que luego de pasar la noche en un centro de refugiados esperan conocer su destino, a definirse entre cinco países de la Unión Europea, una nueva embarcación pide ayuda. La ONG SOS Mediterráneo, que opera junto con Médicos Sin Fronteras (MSF) el barco humanitario Ocean Viking, advirtió que necesitan una solución urgente para desembarcar a sus 356 inmigrantes y evitar que la situación a bordo se complique aún más.
"El capitán hizo su trabajo al asistir a personas en peligro en alta mar y le corresponde ahora a los Estados hacer el suyo y encontrar una solución, que debe ser rápida", dijo el director de Operaciones de la organización, Frédéric Penard.
Las organizaciones a cargo del Ocean Viking solicitaron el pasado 13 de agosto autorización para desembarcar en Italia o Malta, por tratarse de los puertos más cercanos a la zona de rescate, frente a la costa de Libia, pero no obtienen una salida favorable. Italia todavía no les dio respuesta, y Malta manifestó que no es un asunto de su competencia, ya que los rescates se produjeron fuera de las aguas bajo su responsabilidad.
"No serviría de nada que nos fuéramos a otro país", agregó Penard, que pidió la puesta en marcha "urgente de un sistema solidario" entre países europeos. El Ocean Viking realizó cuatro rescates sucesivos entre los pasados 9 y 12 de agosto, y su representante subrayó que, aunque la situación todavía está bajo control, el estrés entre sus ocupantes empieza a aumentar, con intentos de fuga incluidos.
"No entienden la situación. Nosotros somos muy transparentes, pero tenemos muy poca información que compartir. El barco tiene un límite de 300 personas. Podemos gestionarlo, pero fue concebido como una solución de urgencia para ir cuanto antes a un puerto", expresó el director de SOS Mediterráneo. Entre esos 356 inmigrantes hay 103 menores, la mayoría no acompañados.
"Esta situación nos recuerda la importancia de tener un mecanismo de gestión de cuestiones migratorias que se haga a escala europea", dijo, por su parte, la portavoz del gobierno francés, Sibeth Ndiaye, en declaraciones a la prensa. Sin ese mecanismo "sabemos que esas situaciones se repetirán y evidentemente no son aceptables para los migrantes que atraviesan situaciones extremadamente difíciles", advirtió.
El destino de los migrantes rescatados del Open Arms
El llamamiento de la funcionaria francesa se produce un día después de que la Fiscalía de Agrigento, Italia, ordenara la incautación del barco humanitario español Open Arms, y el desembarco inmediato en el puerto italiano de Lampedusa de los 83 migrantes que seguían a bordo en condiciones muy adversas.
Los migrantes a bordo del buque esperan ahora conocer su destino, tras confirmarse que cinco países de la Unión Europea (España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal) se los repartirán, mientras el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, pide a Madrid que se haga cargo de la situación y acelere el mecanismo de distribución.
“El ministerio espera que la Comisión Europea, de acuerdo con el gobierno de España, que ya había puesto a disposición sus puertos para recibir la nave, pongan en marcha el mecanismo", señaló en un comunicado Salvini. "Nave española, ONG española, es correcta la decisión de enviar una nave militar hacia España", agregó.
Los 83 migrantes, que pasaron 19 días hacinados en la cubierta del barco, pasaron su primera noche en un centro de acogida transitoria de la isla italiana, después de haber sido examinados por médicos en el mismo muelle. Ya en las primeras horas de este miércoles terminó el desembarco, ordenado por la Fiscalía de Agrigento, que también determinó la incautación temporal del barco humanitario español por un lapso de dos semanas.
Multa del gobierno español
El gobierno español, por su parte, advirtió que el barco de la ONG española Pro Activa Open Arms puede afrontar una multa de casi un millón de euros. "El Open Arms no tiene permiso para rescatar, lo sabe el capitán del barco", afirmó la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, al referirse a la sanción de 900 mil euros que pesa sobre el barco, que España autorizó a zarpar de Barcelona en abril, con licencia exclusiva para transportar ayuda humanitaria.
"Nuestro país es un Estado de derecho, y las instituciones, poderes públicos y ciudadanos estamos sometidos todos a las leyes, nadie está a salvo de esto, incluido un barco", insistió Calvo en declaraciones a la radio española Cadena Ser.
La fundación española, por su parte, aseguró que no tiene abierto "el más mínimo procedimiento penal" en contra de ningún miembro de la ONG, y agregó que la incautación del buque por orden de un fiscal italiano obedece simplemente a efectos probatorios.
