Hacer operativos los derechos sociales” en el marco de una Justicia desbordada y una respuesta política punitivista. Esa es la consigna con la que trabaja el Tribunal Experimental Internacional en Mediación que funciona en la Universidad Nacional de Lanús (UNLA). Un espacio que se fundó con el fin de brindar un asesoramiento integral y capacitación para garantizar el acceso a herramientas legales, pero que se topó con tal atropello a los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables que mutó hacia una herramienta de triangulación entre la sociedad civil y la Justicia.

Reciben casos de a montones de personas de todo el Conurbano bonaerense, algunos ya en proceso de judicialización, que son abordados por un grupo de abogados, psicólogos y antropólogos entre diferentes profesionales. “Detrás de los reclamos vemos que hay conflictividades transversales que subyacen a todos”, explicó Guido Croxatto, director del tribunal, al suplemento Universidad y definió: “Lo que hacemos es rearmar esa demanda para que vuelva a la Justicia con una denuncia concreta que apunte al derecho elemental que está siendo vulnerado. Le decimos que la prioridad está ahí, la ubicamos frente a un espejo”.

Se trata de un servicio gratuito que busca ser de excelencia. “Vamos al derecho de fondo y tratamos de reivindicarlo”, señaló el abogado. La poca noción sobre los procesos y la desconfianza son factores a los que se enfrentan todos los días, por eso para hacer el trabajo más operativo tratan de hacer mediaciones comunitarias entre grupos que además de presentar varios problemas, “no confían en la Justicia”. “Están los que no confían porque ya fueron y no les dieron ninguna respuesta y los que directamente no entienden dónde ir”, describió y afirmó que la UNLA en este contexto, funciona como punto de encuentro.

En una primera etapa, el tribunal que funciona en el edificio Ortega Peña del predio de la casa de estudios situada en Remedios de Escalada, se dedicó a brindar asesoramiento legal para los problemas del ámbito universitario. Sin embargo, los municipios salieron a llamarlo: las Defensorías de Lomas de Zamora, Almirante Brown y hasta la de la provincia de Buenos Aires acudieron en búsqueda de ayuda o para asumir el trabajo de sus “casas de justicia”.

La falla está ahí, donde el sistema judicial no puede dar respuesta porque en “la pobreza no hay libertades”, no se cumplen los derechos sociales, civiles y económicos y según Croxatto en Argentina “no existen herramientas teóricas jurídicas inteligentes para afrontar este tipo de problemas”.

Y se refirió al rol del Estado: “Cuando tenés a la mitad de la población del país excluida tenés dos opciones. O tenés una política de desarrollo donde el derecho penal deja de tener protagonismo o no tenés políticas públicas más que apostar por la represión y la respuesta punitiva. La Justicia no quiere ser cómplice de esto pero está obligada a cumplir un rol dentro de un Estado de Derecho entonces a través de la universidad tiene más margen para hacer cuestionamientos políticos, académicos y teóricos al sistema institucional”.

El primer tribunal de este tipo en el país está basado en la experiencia que comenzó en Italia. Además del servicio de asesoría, buscan hacer litigio estratégico, es decir, ser una expresión de la Justicia en los países de la región. Por estas semanas, trabajan en un Amicus Curae para presentar en Curitiba, donde permanece encarcelado el ex presidente brasileño Lula Da Silva.

 

“El caso de Lula en Brasil y el de Milagro Sala son los que tomamos para ejemplificar una Justicia poco transparente que no respeta los derechos sociales”, afirmó.