El ex comisario Argentino Balquinta de paseo por Olavarría

Otro represor que burla la domiciliaria

Lo denunciaron la Comisión por la Memoria de Olavarría y la APDH. Ahora piden que los vuelvan a imputar en el juicio Monte Peloni. 

La Comisión por la Memoria de Olavarría y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunciaron que el ex comisario Argentino Alberto Balquinta "burló" a la Justicia con su "falso mal estado de salud", porque consiguió no ser enjuiciado en uan causa y en otra obtuvo el arresto domiciliario, pero fue fotografiado mientras paseaba por esa ciudad bonaerense. 

El 23 de agosto el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata apartó a Balquinta del juicio de lesa humanidad conocido como Monte Peloni a por motivos de salud. El represor, comisario retirado de la Policía boaerense, contaba con arresto domiciliario por otra causa también por delitos cometidos durante la dictadura denominada La Huerta. El juicio que se desarrolla en Mar del Plata está a cargo de los jueces Alfredo Ruiz Paz, Luis Imas y Victor Bianco quienes dictarán sentencia el próximo 5 de septiembre. Este proceso investiga crímenes de lesa humanidad contra 37 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención ubicado en Olavarría.

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) señalaron que “el sábado 24, en horas de la tarde, un día después de esa resolución, el señor Balquinta fue visto y fotografiado sin compañía de persona alguna y en la calle en inmediaciones de su domicilio, poniendo de manifiesto la falsedad de su mal estado de salud. No solo debemos evaluar esa situación sino también que con este acto fue violada la restricción que le impone el arresto domiciliario que continúa vigente en la causa La Huerta”. Desde la Comisión por la Memoria y la APDH expresaron que “exigimos a las autoridades que resuelvan la violación al arresto domiciliario de Balquinta en la causa La Huerta y lo reintegren de forma inmediata en la causa 'Monte Pelloni'”.

Actualmente, el ex comisario en la seccional Primera olavarriense y ex segundo jefe de la Unidad Regional XI de Azul vive en calle Lavalle 1876 de Olavarría. En esta causa está imputado en un caso de homicidio agravado por alevosía premeditado entre dos o más personas, de una violación y de haber participado de trece casos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por mediar violencia o amenaza en concurso real con tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de la víctima.

"Balquinta salió a pasear el sábado como de costumbre violando la prisión domiciliaria ordenada en la causa La Huerta. Ahora las querellas integradas por la APDH y la fiscalía encabezada por Angeles Ramos, que ya pidió prisión perpetua para el represor, aguardamos que la Cámara de Casación revoque la decisión de apartarlo a Balquinta de la causa de Monte Pelloni II. De ser así estaría en condiciones de ser condenado en un juicio donde se le imputan gravísimos delitos", dijo a PáginaI12 la abogada Mariana Catanzaro, quien junto a Guillermo Torremare representan a las víctimas en nombre de la APDH. Por su parte, Carmelo Vinci, ex preso político y testigo en la causa, dijo que "Balquinta está en condiciones de enfrentar el juicio y se burló de la justicia". Añadió que las fotos tomadas mientras caminaba por la calle Lavalle, a cinco cuadras del centro de Olavarría, fueron aportadas a los fiscales María Ramos y Juan Portella "como prueba de su estado de salud".

Las victimas de Balquinta eran militantes políticos peronistas casi todos salvo Alcides Díaz, referente del partido Comunista de Olavarría y Gubitossi, abogado laboralista de trabajadores de LOSA y FABI. También lo padecieron los trabajadores que querían formar un gremio en la ciudad del trabajo: Alberto Méndez, Roberto Oscar Gianuzzi, Alfredo Rufino Zorrilla, Omar Ciríaco, Iturregui y Juan Carlos Prestipino.

Según un informe publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, aumentó la cantidad de imputados con prisión domiciliaria --en abril de 2018, 641 imputados o condenados se encontraban detenidos en sus hogares, lo que implicaba un 65 por ciento del total--, y se generaron demoras en las instancias de juicio y recursivas desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri.



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