Desde el último censo, realizado en 2010, esta constituye la primera vez que se tomarán datos concretos sobre vivienda, acceso a salud pública, educación, trabajo y muchos otros temas que directamente dialogan con la realidad y las condiciones de vida de la población trans y travesti en estas tierras, una batalla ganada que busca reparar una de las tantas ausencias del Estado argentino en relación al conocimiento, la protección y la aplicación de políticas públicas vinculadas con las personas que se encuentran en los más altos grados de vulnerabilidad y violencia social en el país. SOY dialogó con la organización 100% Diversidad y Derechos para profundizar sobre los cambios, transformaciones y mejoras de condiciones de vida de la población trans y travesti que este beneficio podría significar en lo inmediato, especialmente en un contexto local y regional en el que el odio hacia las identidades no heterosexuales parece no detenerse.

¿Cuáles son los avances concretos que representa esta inclusión en el Censo para las familias lgbti+ y personas travestis y trans?

La recopilación y gestión de datos ha venido siendo un esfuerzo de la sociedad civil y el Estado no cuenta con estadísticas sistemáticas ni desagregadas. La información sobre las condiciones de vida de la población lgbtiq+ es esencial para comprender la violencia y la discriminación. Por eso, el avance concreto es su visibilización y su inclusión como población a censar. Representará un desafío, porque se podrá obtener un panorama a 10 años de la conquistas de las leyes de igualdad y en sí misma ya es una respuesta estatal con perspectiva en un contexto de avances de los discursos de odio en nuestro país y en la región.

¿Cómo se llegó a este cambio en el Censo?

Con la experiencia de haber trabajado en el Censo de 2010, donde se logró que los hogares compuestos por parejas del mismo sexo y sus hijes fueran registrados como tales, 100% Diversidad y Derechos generó con distintas áreas del INDEC un espacio institucional de diálogo y entregó una propuesta que contenía tres aspectos fundamentales: la continuidad de la publicación de los datos de los hogares compuestos por parejas del mismo sexo, la inclusión de la variable identidad de género en el formulario básico y la realización de un estudio complementario sobre las condiciones de vida de la población travesti trans.

Y a partir de eso, ¿qué cambios se podrían producir en la prevención de travesticidios y transfemicidios?

Los travesticidios/transfemicidios son la expresión más extrema de la violencia hacia las personas trans, que se engloba en una discriminación histórica y estructural, que incluye la expulsión del hogar, de los establecimientos educativos, la imposibilidad de acceder a un empleo formal, a beneficios sociales y de salud, y el padecimiento de una violencia institucional que criminaliza sus identidades. Que el Estado cuente con datos seguros y confiables acerca de las condiciones de vida de las personas trans debería tener como consecuencia la inclusión de esa perspectiva en todas las políticas sociales existentes y el diseño de líneas específicas y urgentes para reparar esta situación extrema de vulnerabilidad.

¿Qué datos son los más relevantes sobre familias lgbtiq+ y personas trans que puede arrojar un censo y de los cuales no contamos hoy?

El primer dato relevante que aportará el Censo es de carácter cuantitativo: conocer cuántas familias lgbti+ y sus hijes y cuántas personas trans viven en la Argentina por ubicación geográfica. El segundo conjunto será el entrecruzamiento con el resto de las variables tales como vivienda, nivel de estudio, grupo familiar, edades, ocupación, etc. Los indicadores son esenciales y urgentes porque como sociedad civil conocemos la realidad de violencias, obstáculos institucionales y la mirada heterocisnormativa que prima en los tres poderes del Estado. Nuestro país necesita dejar de ignorar la situación demográfica, económica, social y cultural, así como las interseccionalidades, de las personas lgbti+. Sin datos, la función del diseño de políticas y desarrollo del país queda al arbitrio de prejuicios, falsas o inexactas creencias, con alto grado de ineficiencia o, directamente, nula.