Entrevista a Alicia Montoya, directora de una cooperativa de cartoneros
"El manejo de basura siempre debe tener un costado social"

La directora de la cooperativa de cartoneros El Álamo, que funciona en Villa Pueyrredón, comparte su opinión sobre el nuevo decreto que modifica la importación de residuos reciclables y repasa la situación de los recicladores a los largo de los años, en el camino hacia la formalización de su trabajo y con los obstáculos que tuvieron enfrentar para defender sus fuentes de trabajo. "Leer el decreto sin entender el contexto es imposible, sobre todo cuando puede repercutir en toda una población que vive de eso", advirtió Alicia Montoya, para quien es urgente tratar una ley de base para abordar los residuos. Mientras tanto, aclara, deben defender a las cooperativas del intento del gobierno porteño que busca constantemente transferir fondos hacia empresas privadas.

-¿Cómo evaluaron el decreto?

-El decreto llega en un momento político inadecuado, con un ministerio totalmente descalificado y un Gobierno de salida. Leer el decreto sin entender el contexto es imposible, sobre todo porque involucra a los residuos como insumos y puede repercutir en toda una población que vive de eso. Con el manejo de los residuos siempre tiene que haber una concepción ambiental, una económica y una social. El decreto pretende avanzar sólo en una de esas patas para ordenar el ingreso de residuos que hoy ya existe. Pero es imposible hacerlo si antes no discutimos el contexto macro, una ley de base para tratar los residuos que hoy no existe.

-¿Qué sucede hoy en día en la práctica?

-Tenemos basurales a cielo abierto y no se avanzó en nada. Sólo buscaron modificar leyes para poder incinerar y para poder ingresar residuos. Los residuos tienen la posibilidad de convertirse en recursos sólo si hay un recuperador que los rescata y los inserte en el mercado. El PET o el cartón que se recupera de los basurales no sirve porque está todo manchado. Ya sabemos que lo que funciona es la separación en origen, que es recolectada directamente por el recuperador. Si ya sabemos que esto es lo que funciona el Estado debería invertir en reforzar el sistema y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sacan un decreto y se olvidan de los cuidados ambientales y de la inclusión social. Algo que muy rápidamente se puede convertir en un negocio para terceros.

-¿Con la ley de Basura Cero pasó lo mismo?

-Incumplieron la ley todo lo que pudieron hasta que tuvieron mayoría en la Legislatura y la modificaron para permitir la incineración. La termovalorización, como la llamaron, es un eufemismo para llamar a las plantas de incineración. Es una batalla que todavía estamos dando en la Justicia. Las plantas que querían instalar necesitan como insumos residuos combustibles, que no son otra cosa que papel, plástico y cartón, los mismos recursos que reciclamos los recuperadores. Además de las consecuencias para el medio ambiente, era una forma de eliminarnos. 

-¿Cómo fueron los primeros años desde que formaron la cooperativa?

-Formalmente nos convertimos en cooperativa en 2005. Se trataba de un grupo que irrumpió en Villa Pueyrredón con la crisis de 2001 y desde la asamblea de vecinos del barrio se trató de ayudar. Eran 350 trabajadores que se bajaban de un tren que transportaba cartoneros desde Zárate. Desde esos inicios hasta 2010 fue economía de subsistencia, estábamos insertos en una precariedad absoluta. La cooperativa substía principalmente por la solidaridad de los vecinos más que por el trabajo en sí. Sin recursos era imposible dar un salto.

-¿Y cuál fue ese salto?

-Sin duda la ley de Basura Cero y sus decretos reglamentarios. A partir de ahí se logró una primera experiencia piloto con el MTE que después se empezó a extender. Esto ocurrió en 2010. Ahí el Estado empezó a aportar recursos, camiones, se empezaron a acondicionar los centros verdes. Empezaron a pagar un incentivo para que los trabajadores realicen las tareas con algunas normas de seguridad e higiene. Nos mandaron uniformes y algunas herramientas más. Podríamos decir que a partir de ahí empezó el proceso de formalización del trabajo.

-¿A partir de ahí el camino fue más fácil?

-Fácil nunca es. Es un sector que tiene altos niveles de vulnerabilidad, los trabajadores viven en barrios precarios con muchos problemas, tienen familias atravesadas por ciento de conflictos… Ahora estamos sufriendo el intento del gobierno porteño de hacer de privatizaciones parciales, desviar fondos hacia empresas privadas. Por ejemplo, los elevadores de las plantas que hasta el año pasado los manejaban los trabajadores de las cooperativas ahora hay una empresa privada que brinda el servicio y manda la máquina y el trabajador. Lo mismo con la limpieza o el mantenimiento de los centros verdes. Hacen licitaciones con privados y ese dinero se va hacia empresas tercerizadas. Lo que empezó siendo una política pública con un claro beneficio para el sector lo fueron transformando para transferir el dinero a los privados. Si los dejás avanzan, es una lucha permanente.

-¿Cómo funciona la cooperativa?

-Algunos trabajadores hacen recolección domiciliaria, cada uno tiene una ruta. Esos materiales los llevan hasta un punto verde, donde hay un trabajador del Álamo que recepciona el material. Ahí llega un camión, de los entregados en comodato por el Gobierno, que pesa y carga todo lo recolectado y cada recuperador recibe su ticket. En el centro verde se clasifica y se acondiciona para la venta. En total son unas 350 ó 400 toneladas de reciclados por mes las que manejamos, en su mayoría cartón. El último paso es la venta a las fábricas que necesitan ese tipo de recurso como insumo.

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