Con su ya típica elocuencia, el martes pasado la ministra Patricia Bullrich preguntó: “¿Quién puede ir a buscar trabajo si todos los días está en una marcha?”. Así negaba toda validez a los reclamos de organizaciones sociales que en la última semana se movilizaron por la declaración de la emergencia alimentaria y la ampliación de partidas estatales sociales.

Debe reconocerse que Bullrich tiene una destacada carrera de declaraciones con inconfundible sello clasista, carrera en la que no hace más que superarse día a día. Basta recordar que pocos antes aceptó la posibilidad de que hubiera personas que pasaran hambre, indicándoles que entonces fueran a “los comedores” (comunitarios).

Pero no son las opiniones, ni la ideología de la ministra las que importan, sino su radical desconocimiento (más precisamente, ignorancia) de los temas sobre los cuales, sin embargo, habla en público y en ejercicio de la función pública. Esto es grave porque con una rápida búsqueda habría podido informarse de que en nuestro país una mayoría de los hogares obtiene ingresos provenientes del trabajo. En efecto, según la ENES entre el 36 y el 40 por ciento de los hogares reciben sólo ingresos laborales, pero entre el 72 y el 83 por ciento de ellos reciben esos ingresos en combinación con otros. Más aún, a Bullrich le interesará saber que la mayor proporción de hogares que reciben ingresos laborales pertenecen a la que se identifica como “clase obrera” (84,8 por ciento), seguida por el 83,3  por ciento de los de clase media. En cambio, el trabajo es menos frecuente en los hogares de clase alta: el 76,2 por ciento de ellos reciben ingresos por ello. Respecto de los adultos mayores, sólo algo más de un cuarto de los hogares de clase obrera y un tercio de los de clase media (27,2 y 31,0 por ciento, respectivamente) reciben jubilaciones. Y para su sorpresa: el 48,5 por ciento de los hogares de clase alta reciben esas prestaciones, que actualmente son acusadas de llevar a la quiebra al Estado.

Estos datos son extraídos del libro La Argentina del Siglo XXI, coordinado por Juan Piovani y Agustín Salvia, publicación derivada de la ENES (Encuesta Nacional de Estructura Social, realizada entre 2012 y 2015 por el Programa de Investigación sobre la Argentina Contemporánea, del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas de universidades nacionales). Particularmente, se han utilizado los capítulos 9, de las autoras de la nota, y el 15, de Nélida Perona y Lidia Schiavoni.

Más información para una ministra que exhibe ignorancia: solo entre el 1,5 y el 2,0 por ciento de los hogares reciben ingresos por planes sociales (los mismos que motivaron las movilizaciones que la ministra denostó), y apenas un insignificante 0,8 por ciento del total de hogares reciben sólo esos ingresos. Más datos: el 15,0 por ciento de los hogares reciben AUH, distribuidos entre un 14 por ciento que los recibe combinados con ingresos por trabajo (es decir, una abrumadora mayoría de titulares de AUH trabajan), y otro insignificante 0,4 por ciento que sólo recibe AUH. ¿Las transferencias estatales desincentivan el trabajo? Las investigaciones serias no lo muestran.

No hay dudas: se trata de una interpretación canalla, que históricamente imputa la privación y la pobreza a la falta de disposición para el trabajo; que proclama que son pobres quienes no trabajan y que deliberadamente oculta que los empleos de mala calidad, desprotegidos y con salarios miserables son las principales fuentes de pobreza.

* ICO-Universidad Nacional de Gral Sarmiento e Instituto Gino Germani/FCS-UBA.

** Instituto Gino Germani/FCS-UBA.