Después de su asunción, el presidente Mauricio Macri había dicho que no quería jueces macristas. A juzgar por los resultados de sus fallos, muchos no le cumplieron el deseo. En primera instancia, el juez laboral José Luis Bayle le dio la razón a la empresa que despidió a Horton por “pérdida de confianza” hacia el empleado y señaló que el despido no fue discriminatorio porque Horton no respetó la investidura presidencial. El 12 de septiembre se conoció la sentencia definitiva. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con las firmas de Carlos Posse y María Cecilia Hockl, va en el mismo sentido. Posse escribió que “el apelante no ejerció su derecho a expresarse libremente –es decir nada reprochó a Macri en razón de su funciones y pensamiento- sino que se burló, consciente y dolosamente, de la investidura presidencial con el objeto de que su accionar tuviese trascendencia pública. Ni siquiera puede decirse que haya ejercitado un acto coherente con lo que la doctrina denomina objeción de conciencia –esto es, negarse a cumplir con una obligación impuesta por el ordenamiento legal por estimarlo contrario a sus propias pautas morales- ya que no hizo abandono del `stand´, sino que permaneció en el local explotado con la intención de agredir psicológicamente al primer mandatario y, dentro de este esquema factico, no puedo olvidar que su empleadora es una empresa de publicidad, es decir una entidad que debe captar la confianza de su clientela”, escribió. El abogado de Horton, Guillermo Gianibelli, dijo a este diario que en el expediente quedó probado que el maullido no le generó a la empresa ningún perjucio.

La doctora Hockl, por su parte, adhirió al voto de Posse y agregó que “el Sr. Horton afirma en su apelación que `emitió un maullido´ (sic) con el que expresó su descontento ante la presencia del primer mandatario en el lugar. Señala que `es hijo de Miguel Ángel Horton, quien fue secuestrado durante la última dictadura cívico militar, que se expresó en ese lugar -de ese modo- afectado por diversas expresiones agraviantes para con las víctimas del Terrorismo de Estado proferidas por el presidente Mauricio Macri (…). El apelante ha sintetizado –mediante estas expresiones– el núcleo de la cuestión en debate. Y este no es otro que indagar si esa onomatopeya (un maullido no es propio del lenguaje humano, como no lo es un ladrido, ni un trino, ni un rugido), ocasionada en su pesadumbre y dirigida al Presidente de la República, resultan suficientes para tener por configurado un despido discriminatorio en una comunidad laboral. Sólo me detengo a reflexionar que el recurrente midió sus posibilidades y así decidió emitir un sonido que en razón de las connotaciones y contexto ya apuntados en el voto precedente, resultó ofensivo. De hecho, aun cuando su proceder no haya generado reacciones por parte del Sr. Presidente de la Nación, sí motivó las complicidades confesadas de la gente presente”.

Gianibelli, letrado de Hortón, pidió en todas las instancias la nulidad del despido “por violación de los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad de conciencia consagrados en la Constitución Nacional y en el Pacto de San José de Costa Rica” y afirmó que el contrato de trabajo no puede limitar esos derechos si no se usan desproporcionadamente. Dijo a Página/12 que las sentencias del caso “ponen en un lugar superior la investidura presidencial a la libertad de expresión y ésa es una mirada con resabios monárquicos. Con el tiempo, la sociedad ha avanzado en el reconocimiento de la paridad entre cualquier ciudadano y el Presidente, de ahí la derogación de la figura del desacato”. La pelea no termina: el caso va a ser llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y eventualmente a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH).