PáginaI12 accedió a los expedientes de inteligencia elaborados hace 40 años
El espionaje secreto de la dictadura a la misión de la CIDH
Antes y durante la visita de la comisión interamericana en 1979, la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense se ocupó de espiar a los organismos de derechos humanos para controlar el “plan de los familiares de los presos y desaparecidos”. También vigiló las denuncias que recibían los comisionados.
Los miembros de la CIDH recibieron denuncias incluso en la vía pública.Los miembros de la CIDH recibieron denuncias incluso en la vía pública.Los miembros de la CIDH recibieron denuncias incluso en la vía pública.Los miembros de la CIDH recibieron denuncias incluso en la vía pública.Los miembros de la CIDH recibieron denuncias incluso en la vía pública.
Los miembros de la CIDH recibieron denuncias incluso en la vía pública. 

En ese entonces nadie lo dimensionó, pero exactamente 40 años después la conjetura está clara: aquella recordada visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Argentina inició el camino sin retorno con el cual la dictadura cívico-militar iniciaría su lenta pero irreversible salida del gobierno. Es que las reuniones mantenidas por la comitiva de Andrés Aguilar, Luis Demetrio Tinoco Castro, Marcos Gerardo Monroy Cabra, Carlos Dunshee de Abranches, Tom Farer y Francisco Bertrand Galindo con autoridades militares, líderes políticos, familiares de detenidos, víctimas de tortura y organismos varios sirvieron para descubrir un latrocinio hasta entonces secreto y un plan sistemático de exterminio que aquel informe de la CIDH cifró en la inicial cifra de 5580 denuncias sobre desapariciones de personas. La información se conoció originalmente por el propio documento que la CIDH divulgó en mayo de 1980 luego de aquellas dos semanas de visita -entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979-, y que ahora adquieren nuevos detalles a través de documentos de espionaje generados por la extinta Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense que PáginaI12 publica en exclusiva gracias a la cesión de la Comisión Provincial por la Memoria.

Si bien la visita de la CIDH había sido “consensuada” con el gobierno argentino para mayo de 1979, una serie de reestructuraciones y cambios de autoridades postergó el plan hacia septiembre, mes en el que finalmente se realizó. No obstante, en aquel mes original la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense comenzó a espiar tanto a familiares de desaparecidos como a organismos de derechos humanos. En un legajo con el número 13.227, por ejemplo, la Dippba central le ordena a sus delegaciones en La Plata, San Justo, Lanús, San Martín, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, Junín, Chascomús, Pehuajó, Azul, Mercedes y Tigre toda información posible sobre el “plan de los familiares de los presos y desaparecidos” en relación con la llegada de la CIDH. La intención, claro, era seguir de cerca las pruebas sobre asesinatos y desapariciones que organismos y familiares de desaparecidos tenían en mente presentar a la comisión de la OEA.

El legajo en cuestión formó parte de la Mesa Delincuente Subversivo, se compuso de 64 fojas y expuso de manera pormenorizada las reuniones que los familiares de desaparecidos venían celebrando antes de la llegada de la CIDH. Además ya en febrero de 1979 la Dippba señalaba que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos había iniciado una “campaña de acumulación de pruebas” que reunía alrededor de 5 mil testimonios de testigos y víctimas con nombres y datos de detención a ser entregados a los miembros visitantes de la CIDH. Por ese entonces la Dippba subrayaba también las reuniones que mantenían entre sí la APDH, el Partido Comunista, la Unión de Mujeres Argentinas e integrantes de la curia de Mar del Plata, ciudad que encabezada un amplio arzobispado sobre localidades de la costa que en esos meses además recibían la presencia de extraños cuerpos sobre la playa, la primera aparición de los “vuelos de la muerte”.

Los documentos de inteligencia alertaban también la preocupación por “manifestaciones”, “demostraciones públicas” y –acaso lo más alarmante– la “gestación de una importante movilización a Plaza de Mayo organizada en coincidencia con la visita internacional”. En ese sentido, la Dippba indicaba que la APDH era el organismo a través del cual “los familiares canalizaban sus inquietudes”. La doble vara era perversa: mientras la dictadura se mostraba abierta a la visita de la CIDH, por otro lado proponía mecanismos de espionaje para anticiparse a posibles denuncias o cuestionamientos.

El miedo en La Plata

La Dippba estaba especialmente interesada en lo que sucedía en la capital bonaerense, donde el organismo daba cuenta de la “probable formación de comisión de familiares de desaparecidos en La Plata”, tal el título de uno de los legajos. En el mismo se destaca que varios de estos poseían “archivos vinculados a hechos donde hubiera participado personal de las Fuerzas Armadas”, una farragosa enunciación acaso para disimular lo indisimulable: la evidencia de que varios militares estaban cercados por su participación en secuestros, torturas y desapariciones.

Por ese motivo fue que se activó un dispositivo tristemente célebre: la campaña para demostrarle al mundo que “los argentinos somos derechos y humanos”. Fue apenas una de las tantas figuras que la dictadura desplegó para darle carácter ficcional a la desaparición de personas, para presentar a las denuncias como una invención de oprobios sobre la administración encabezada por Jorge Rafael Videla. Según un informe del Batallón de Inteligencia 601, todo se trataba de una “acción propagandística y psicológica a favor de los desaparecidos y presos políticos”.

Otro de los documentos alarmantes de la Dippba alerta sobre el viaje de la APDH a Estados Unidos y el vínculo de este organismo con integrantes de la OEA.

Conforme se aproximaba la visita oficial de la CIDH a Argentina en septiembre, crece también la tensión en el gobierno militar y en sus propios organismos de inteligencia. “La APDH no solo está reuniendo información vinculada a los nombres de las víctimas, sino también a las circunstancias que rodearon a cada episodio, con especial énfasis en detalles que pueden tener alguna significación como marcas, modelos, color, patentes de vehículos intervinientes en procedimientos, uniformes de personal interviniente, nombres que pueden haberse oído y/o proporcionado de dicho personal, identificación de lugares de detención, nombres de personal que haya hayan atendido a posteriori los reclamos de los familiares de las víctimas y expresiones por ellos vertidas”, señala la CPM en base a una profunda lectura de los archivos que la Dippba iba generando con cada vez mayor apuro y ansiedad conforme se acercaba la fecha de la visita.

Llega la CIDH

Durante la visita de la CIDH, la Policía Federal también hizo su aporte al espionaje con varios legajos. Uno de ellos data del 12 de septiembre de 1979 y da cuenta del hallazgo de panfletos en la Ciudad de Buenos Aires. Se trataba de una de las principales preocupaciones de la dictadura, tal como puede observarse en los documentos ahora custodiados por la CPM, donde se observan también líbelos encontrados en distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata. “Es posible un incremento del rebote propagandístico si la situación cambia y quedan en libertad elementos que estaban hasta hace poco privados de su libertad a consecuencia de su accionar ideológico extremista”, asegura la Dippba, reconociendo en secreto la detención que la dictadura negaba en público.

Asimismo, la Dippba les pide a sus delegaciones que investiguen todo tipo de concentración en la sede argentina de la OEA, donde la CIDH establece reuniones y comienza a recibir denuncias. El pedido se concentra en la Comisión de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas, que le pide expresamente a la CIDH que le solicite al gobierno militar la liberación de detenidos y el hallazgo de desaparecidos, figuras que la dictadura negaba.

También generaban especiales inquietudes las visitas de la CIDH a cárceles, como las de Devoto, Caseros, Resistencia, Rawson, la Ribera de Córdoba, varias de La Plata y la propia ESMA, de la cual fueron trasladados varios detenidos para que no fueran vistos por la comisión visitante.

El fruto de todas esas visitas, encuentros y entrevistas se observó en el informe final de la CIDH. “La Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos”, señaló hace 40 años, tiempo en el que por primera vez la figura del desaparecido ya no era “algo que no existe” (tal como postuló Videla en su tristemente célebre conferencia de prensa), sino, por el contrario, una responsabilidad atroz que pasó a ser parte del Estado.

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