El Instituto Nacional de la Música anunció ayer una decisión inédita: el organismo inició acciones legales contra Capif, la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, reclamándole falta de transparencia en sus pagos y rendiciones de cuentas. Esta entidad debe abonarle al Inamu los ingresos generados por los derechos de la venta y difusión del catalógo de Music Hall, que compró el instituto. Para dar una idea del volumen del reclamo: desde el instituto aseguran que Capif debió distribuir en los últimos dos años unos 500 millones de pesos, en total. De esa suma, el Inamu cobró $1.424.142: menos del 0,3 % del total. La cifra es llamativamente baja si se tiene en cuenta que el catálogo del instituto es uno de los más importantes de la música argentina, con artistas y grupos muy difundidos como Charly García, León Gieco, Pappo’s Blues, Astor Piazzolla, Aníbal Troilo y Edmundo Rivero.

Se trata de un caso testigo, que podría dar lugar a acciones similares de otros productores que se sientan afectados (en el estado actual de la industria, la gran mayoría de los músicos edita en forma independiente; por tanto, también son productores), por fuera de los tres grandes sellos multinacionales que controlan mayoritariamente Capif: Sony, Universal y Warner. O, como mínimo, a que revisen sus cuentas y tomen cabal dimensión de los montos que por ley deben percibir.

La demanda por rendición de cuentas contra Capif se tramita en el Juzgado Nacional en lo Civil N° 45. Ante la consulta de este diario, desde Capif aseguraron que no han recibido aún notificación formal al respecto y que podrán dar su versión oficial cuando así sea. Afirman, de todos modos, que los pagos al Inamu están al día y que "cada vez que han solicitado información, del tipo que fuere, se les ha brindado".

No es lo que dicen en el Instituto Nacional de la Música: “En dos años de intercambio de notas no logramos una explicación clara y sencilla de cómo se llegó a la suma cobrada. Lo que contablemente se llama rendición de cuentas”, expresa el organismo en un comunicado. “Algo que debería ser muy simple de explicar, que no debería llevar más que un par de horas, ha demandado una gran cantidad de esfuerzos interpretativos inconducentes ante la confusión de la información enviada por Capif. Es por eso que nos vimos obligados a realizar una acción judicial a fin de transparentar las sumas cobradas”, detalla.

Un productor fonográfico es toda persona física o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera grabación, o que adquiere esos derechos posteriormente (como en el caso del Inamu con Music Hall). Los artistas que editan sus discos de manera independiente son, ellos mismos, productores fonográficos además de autores, y les corresponde el cobro en Capif si su tema se difunde (en radio, televisión, boliches, salones de fiestas, shoppings, hoteles), o si se vende (además de cobrar derechos en AADI, como intérpretes, y en Sadaic, como autores y compositores, si lo fueran).

Tras la quiebra de Sicamericana (más conocida como Music Hall) y el “limbo” en el que quedó la propiedad de todos los discos inscriptos a su nombre, el Inamu compró la totalidad de ese catálogo, más de 2500 discos nacionales. Entre otros, de Seru Giran, León Gieco, Porsuigieco, Astor Piazzolla, Pappo´s Blues, Aníbal Troilo, Eduardo Falú, Leopoldo Federico y ZAS. Y canciones muy, muy difundidas: “Seminare”, “Solo le pido a dios” y “Tirá para arriba”, por caso.

El Instituto trabajó sobre esas viejas cintas, las remasterizó y hasta encontró algunas grabaciones inéditas, y luego entregó las licencias a sus autores o herederos; de algunos de los discos hizo nuevas ediciones. Decidió destinar el dinero que debe entrarle de Capif por sus derechos como productor a un programa llamado “Mi primer disco”, una acción de fomento a los músicos y a la edición. Las cuentas claras sobre esos montos son las que está reclamando el Inamu.

“Después de dos años de enviar mails, pedidos formales, cartas documento, sin respuesta satisfactoria, lamentablemente tuvimos que dar este paso. Digo lamentablemente porque un organismo de gestión colectiva debería ser, ante todo, muy transparente. Deberían estar más interesados que nosotros en que todo sea muy claro”, destaca Diego Boris, presidente del Inamu, en diálogo con PáginaI12.

“Estamos auditados por la Sindicatura y la Auditoría General de la Nación, y ante todo le debemos transparencia a los músicos y músicas, porque para ellos fue creado este organismo después de mucha lucha. El reclamo de transparencia es, primero, por ellos. Es nuestro derecho tener acceso a esas cuentas. El modo en que se llega a las sumas es complejo de entender y creemos que esa complejidad está planificada justamente, para volverlo imposible. De todos modos, no cuestionamos los mecanismos de distribución: queremos simplemente ver una rendición que se entienda. Y, la verdad, es más sencillo entender la Teoría de la Relatividad que las cuentas que nos mandan después de cada reclamo, cada vez más complejas e incompletas”, asegura Boris.

Un productor histórico como Gustavo Gauvry, quien “lanzó” con su mítico sello Del Cielito Records a muchas bandas de rock convocantes, directamente acusa: “Capif me estafó”. Desde el '85 hasta el '95 (épocas fuertes para la industria, cuando realmente se vendían discos) de este sello fundacional del rock argentino salieron bandas como Los Piojos, Los Ratones Paranoicos, La Mississippi, Peligrosos Gorriones, Guasones, Estelares; también pasaron por allí Luis Alberto Spinetta, David Lebón y los Redonditos de Ricota, en el fértil lapso entre ¡Bang! ¡Bang! Estás liquidado y Luzbelito. Eso significa millones de discos, millones de pesos-dólares en ventas, y también en derechos que debía liquidar Capif, según establece la ley que lo creó, de los '70.

“A pesar de toda esa movida, yo tenía una estructura muy, muy pequeña. Pero mucha relación con todos los directivos de las compañías y distribuidoras que formaban Capif, porque sus multinacionales venían a grabar a mi estudio, aunque los sellos más chicos no participábamos ahí. Jamás ninguno me dijo nada sobre derecho alguno a cobrar. Yo tampoco lo sabía, ni pude saberlo, ni me informé. Esa información estaba, en todo caso, muy bien guardada”, asegura el exproductor. Recién en el año 2003, por un comentario de un colega, Gauvry se enteró de la existencia de algo llamado derecho del productor fonográfico. Cuando quiso reclamar, ya había vencido el plazo legal estipulado para hacerlo.

“Siento que los que supuestamente deberían representarme, protegerme y pelear por mis derechos, fueron los primeros en estafarme. A pesar de que me conocían, ninguno fue capaz de decirme "mirá, tenés una guita para cobrar". Eso me hubiera permitido seguir produciendo muchos más discos. En una actitud miserable y corta de visión, serrucharon la propia rama donde estaban sentados. No es por darme importancia, pero un tipo de descubrió a todos estos artistas merece ser apoyado y no estafado. Justamente por sus pares, por los que forman una cámara para defenderlo”, se descarga Gauvry. Y dice que cada edición de los Premios Gardel (organizados por Capif) le provoca “mucha indignación” al recordar lo sucedido.

El lunes, unas horas después de que el Inamu lanzara el comunicado anunciando la demanda judicial, los socios de Capif y otros productores no asociados recibieron un mail. Allí, la Cámara anunciaba la flamante implementación del "GIT", la “plataforma de Gestión Integral de Trámites para el cobro de derechos de productores fonográficos”. Resta ahora arribar a cuentas claras, que conserven la amistad.