La Corte Suprema, por unanimidad, le pegó ayer un durísimo golpe a todo el entramado judicial que viene jugando a demorar y demorar la resolución del conflicto entre el Grupo Macri y el Estado Nacional por el Correo Argentino. En una maniobra insólita, la Cámara en lo Comercial le había sugerido al procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías --muy cercano a los Macri--, que promueva un recurso ante la Corte aduciendo "gravedad institucional", recurso que la Cámara otorgó de inmediato. La Corte respondió que el recurso estuvo mal concedido, que no hay fundamento de la supuesta "gravedad institucional" y tácitamente indicó que, de una vez por todas se resuelva el diferendo que data de 2002. Quienes conocen de concursos no sólo sostienen que es el concurso más largo de la historia argentina sino que, además, corresponde dictar la quiebra del Grupo Macri y, en consecuencia, del presidente, sus hijos y sus hermanos, que deben responder en forma personal con sus bienes.

La familia presidencial presentó en junio una nueva oferta por los cánones que debió pagar y no pagó hasta 2002: ofreció 296 millones de pesos, pero sólo pagaría los intereses por los 17 años transcurridos en función del resultado de los juicios del Correo (los Macri) contra el Estado. El procurador debía opinar sobre la oferta dentro de los 15 días, pero la Cámara le sugirió el recurso ante la Corte, algo que obviamente seguiría demorando todo el proceso. La Sala B de la Cámara Comercial ha permitido las dilaciones más insólitas.

Ayer la Corte respondió con dureza. Le dijo a la Cámara que no había razón alguna para conceder el recurso ni estaba justificada la "gravedad institucional" que se usó como argumento. O sea que dejó expuestos a los camaristas como parte de las maniobras dilatorias.

Saravia Frías deberá entonces dictaminar en cinco días sobre la oferta del Grupo Macri que es, a todas luces, perjudicial para el estado. La fiscal Gabriela Boquin también tendrá que opinar: la funcionaria fue la que impidió los arreglos de licuación de la deuda, tramados entre los Macri y el Estado, con la familia presidencial de ambos lados del mostrador. Un cálculo relativamente conservador es que el Grupo Macri debería pagar unos 4.000 millones de pesos sólo de intereses por la deuda que se arrastra hace 17 años.

 Sin embargo, la otra alternativa que tendría que ponerse sobre el tapete es la declaración de quiebra del Grupo Macri. Es lo que han intentado evitar los protagonistas de este minué que tiene en el centro al mandatario y su familia. Una quiebra significaría la quiebra personal del presidente, con todos sus bienes, así como la de los demás participantes del grupo que fundara el fallecido Franco Macri.