Miryam Bogado, de 19 años, lleva 237 días presa en la Alcaidía de Mujeres de Posadas, a casi 100 kilómetros de su comunidad Kokureí mbya, en el departamento de San Ignacio, pero a una distancia infinita de la comprensión de sus creencias, de sus costumbres y las de sus ancestros. Podría decirse que ese desinterés por la comprensión es la que la mantiene entre rejas, acusada por homicidio agravado de su beba de 4 meses. En su caso, en el medio, entre el trayecto entre el mundo mbya (comunidad guaraní que rechazó incorporarse a las misiones jesuíticas) y la justicia occidental existe una cantidad de incongruencias de parte del estado y su aparato. Ni siquiera tiene a su disposición un intérprete. La beba, que nació en el Hospital de San Ignacio de manera prematura, según la historia clínica ingresó a Neonatología del hospital de Posadas, "sin vida, hipotérmico, hipotónico." La recién nacida fue revivida, sufrió daños cerebrales y quedó internada durante 43 días, durante los que fue alimentada por sonda porque carecía de los reflejos de succión. Al mes y medio, el alta resultó una patética manera de sacarsela de encima: les explicaron a los padres cómo canalizar la sonda para alimentarla y los enviaron de vuelta al monte misionero, a una comunidad donde el agua potable y los servicios de salud son lujos difíciles de alcanzar.
Murió durante la madrugada del 1 de febrero con 100 gramos menos de los que tenía al nacer, ya en la comunidad Pindoity –de la familia del padre, Cristian Martínez–, donde MB era considerada una extraña, especialmente porque esa comunidad tiene una mayor cercanía hacia la cultura occidental y perdió buena parte de la práctica y comprensión de los rituales de sus ancestros. Los rituales que siguió la joven fueron considerados en Pindoity como "de abandono" y "sospechosos", llamaron a una médica, directora del hospital de San Ignacio, quien demoró un día en llegar y que sin inspeccionar el cuerpo dio intervención a la policía. A partir de allí, las costumbres de Miryam se tradujeron como "evidencias" en su contra.
La fiscalía que interviene en el caso está a cargo de Patricia Clerici, y el juzgado que lleva la causa es el de instrucción 7, cuyo titular es Carlos Giménez. La defensa, inicialmente a cargo de la defensa oficial de Enrique de la Fuente, es impulsada desde mediados de marzo por la abogada Roxana Rivas y el abogado Eduardo Paredes, que cuentan con el apoyo de la Mesa por la Absolución de Miryam Bogado, conformada por militantes y un abanico amplio de organizaciones.
El caso que llevó a prisión a MB surgió después de que la médica policial que revisó el cuerpo de la beba indicó que en la cabeza presentaba "una lesión contuso cortante con efusión de sangre" y alguna lesión en la oreja derecha, además de marcas en el abdomen cubiertas por un pequeño trapo. Determinar en la causa el modo en que se produjeron las lesiones dista mucho de una evidencia que apunte contra la madre, aunque el sistema penal la mantenga con preventiva por si acaso, encerrada y separada de su primer hijo, de 4 años.
Para empezar, toda la instrucción inicial –sobre la que se asentó la acusación formal de homicidio agravado por el vínculo–, fue elaborada por la policía en el lugar, la comunidad Pindoity, sin participación de ningún intérprete. "Cuando le leyeron la imputación –dijo Rivas a Página|12– todavía no eramos sus defensores. Y se la leyeron con la ayuda de un cacique que es traductor, que no es lo mismo que intérprete, y que se mostró preocupado porque se dio cuenta que tenía que explicar leyes cuya importancia no llegaba a comprender él mismo".
Un minucioso informe pericial de la antropóloga Ana María Gorosito Kramer, pedido por el juez Giménez, determina con claridad las diferencias de comprensión de la muerte de un niño para la cultura mbya, a la que pertenece MB, con los criterios de salud y resolución penal de la cultura occidental.
Primero recuerda que la joven se había mudado de su comunidad de origen, Kokuereí, a la de la familia de su marido, Pindoity, donde era considerada una extraña y donde no observaban ni comprendían por completo los rituales ancestrales. Sostiene que es costumbre mbya convivir inicialmente en la comunidad de la mujer y luego, cuando son considerados como preparados, se mudan a la del varón. Así, fue que se trasladaron.
La antropóloga revisó el caso y determinó que "toda la sospecha sobre MB parte de la errónea interpretación de su conducta y de los testimonios de la comunidad". La especialista sostiene que la joven se manejó dentro de las pautas de su pueblo y las describe: "a) recurre al hermano mayor de su esposo con lo que responde así a la jerarquía de parentesco en la línea patrilineal de ascendencia; b) quiere llevar a la beba a Mbocayatí (otra comunidad cercana), donde, como ya sabemos, está el opy y por lo tanto un líder espiritual que puede oficiar los rituales correspondientes; c) pide que de aviso al Cacique, la autoridad de la comunidad", aunque el cacique no lo hace porque no fue informado por el cuñado de MB.
Gorosito continúa señalando que MB "se marcha a su comunidad de pertenencia, Kokuereí, medida que puede deberse tanto a la busca de contención afectiva como de resguardo ante el peligro mítico del mboguá o alma telúrica de la criatura –a la que las creencias mbya temen–; e) regresa al día siguiente y quema la ropa de la criatura, una medida de profilaxis espiritual (...); f) insiste ante CM y en especial a su hermano mayor: 'hagan lo que saben', es decir, respeten el ritual."
La especialista explica que "en el contexto cultural anómico que exhiben en el expediente los habitantes de Pindoity (hay que recordar que esta comunidad está mucho más próxima a la cultura occidental), estos hechos y acciones son interpretados y testimoniados (por la policía y sin intérprete) como datos incriminatorios para MB. Sacados del contexto guaraní de interpretación, llamativamente ausente en el relato de los hechos consignado en sus testimonios, su significado queda inscripto dentro de un único marco de significados: el occidental no indígena."
La antropóloga también destaca que no se realizaron testimonios por fuera de la comunidad Pindoity, es decir ni en la comunidad de origen Kokureí, donde vive la familia de MB, ni en la Mbocayatí, a donde acudió para buscar al "opy" (curandero para la interpretación criolla). Sin embargo, Gorosito destaca que ninguno de los testimonios refieren a la madre como violenta con su hija, y que los de las asistentes de salud que la acompañaron durante su embarazo la describen como una madre atenta a las necesidades de la atención que le hacía falta.
De los testimonios de Pindoity, en especial los del padre, surge cierta sospecha sobre el "abandono", la "despreocupación" de la madre, y la "dedicación" del padre. La antropóloga describe que en las costumbres mbya "los roles de maternaje están ampliamente distribuidos en el conjunto de la comunidad, sin grandes distinciones de edad o sexo: todos son responsables de los niños (...). Hasta la edad de 8 a 9 años, en consecuencia, no hay distinción entre los roles de la madre y el padre, o roles masculinos o femeninos tal como los conocemos en nuestra cultura."
Siguiendo los testimonios de Pindoity, "todos ellos pintan un cuadro según el cual MB no atendía sus supuestas obligaciones individuales de madre, carecía de paciencia con E (la beba)", y en cambio, "esas observaciones resaltan por posición el cuidado y extremos trabajos del padre, CM, quien 'buscaba remedios para su hija', aunque –aclara Gorosito–en el Hospital San Ignacio se recuerdan las visitas de MB exclusivamente, y le 'daba la leche'". La especialista comenta que "al no haber testimonios de la comunidad Kokuereí, no nos es posible saber cómo habrían caracterizado el comportamiento de MB como madre, pero podemos hacer inferencias de lo que se dice en Pindoyti: MB se traslada constantemente con su hijo Nicolás (el hijo de 4 años), cambia las ropitas de la bebé en varias oportunidades de esas fatídicas 24 horas finales, y según las fotos tomadas durante la consulta en el Hospital de San Ignacio, tanto ella como su bebé EM lucen aseadas y con ropas limpias. No hay registros de eczemas de pañal u otro tipo de indicadores de descuido."
Como conclusión, Gorosito señala que "MB parece moverse con conocimiento dentro de los marcos de su propia cultura y los de la organización institucional de nuestra sociedad, proveyendo respuestas, acciones y actitudes adecuadas, tanto en las circunstancias del embarazo, parto y cuidados post natales de EM, como en el acompañamiento de su hijo Nicolás. Y, finalmente como hemos desarrollado más arriba, en las acciones relativas al ritual mortuorio que debió observarse para EM."
Por otro lado, al analizar la antropóloga la participación del Estado en su faceta sanitaria surgen importantes baches: primero, recuerda que al nacer, E pesaba 3 kilos 400, y tras , 43 días de internación con alimentación por sondas había aumentado 690 gramos. Segundo, subraya que "en ningún momento de los partes se informa que E. ha comenzado a succionar, que ha superado su hipotonía, ni tampoco que se ha resuelto su producción de secreciones bronquiales."
"El siguiente registro hospitalario que surge del expediente corresponde a la consulta del 17 de enero, donde se decide su internación, sin historia clínica que indique por qué razón se optó por ese procedimiento ni la decisión respecto del alta posterior –analiza en su informe la antropóloga–. El informe posterior, lamentablemente, es el de su deceso, el de la autopsia, que especifica que el cuerpo de E. pesa 3.300. Es decir, menos que su peso al nacer y 790 gr desde su alta hospitalaria, lo que pone en evidencia que sus problemas de alimentación continuaron, en un contexto donde no hay informes relativos a si había desarrollado ya el reflejo de succión o si seguía suministrándosele la alimentación por sondas."
También analiza la intervención de la directora del hospital de San Ignacio, Miryam Piriz, quien en el expediente no recordaba que había participado en el nacimiento de la beba, ni que la había trasladado en ambulancia al Hospital de Posadas. Recuerda que cuando la llaman de la comunidad por el fallecimiento de la beba, la médica asiste recién pasado el mediodía del día siguiente, y que no mira el cuerpo de la niñita sino que directamente llama a la policía. En el análisis policial se pasa por alto la presencia de un gato en la vivienda donde estaba el cuerpito, y que podría haber sido causante de heridas.
Rivas y Paredes reclaman vanamente la intervención en el expediente de un intérprete bilingüe con conocimientos en leyes. El 13 de septiembre pasado, un pedido del Comité contra la Tortura, un organismo oficial de Misiones, presentó sin coordinar con la defensa, un pedido de habeas corpus en favor de MB, pero ante el juez Fernando Verón, cuya respuesta se daba por descontado: el juez no convocó a un intérprete sino a un traductor, y citó para dar su respuesta el viernes 20. Pese a que el Comité daba por descontado el éxito de su gestión, Verón rechazó el pedido considerando a las "costumbres y prácticas ancestrales de los pueblos aborígenes" como una "legalidad para-estatal", y que de aplicarse "el derecho indígena" que produciría una "disgregación" a un "sistema jurídico heterogéneo y disperso", "plagado de incongruencias y conformado por diferentes sistemas aplicables a cada categoría de personas". Como un gesto de derecho y buena voluntad, admitió que una sola visita del niño de cuatro años a su madre en prisión era poco y que había que facilitar más visitas. El niño, claro, deberá trasladarse desde el paraje en que se encuentra la comunidad hasta Posadas.
Quince minutos después, MB era trasladada esposada de regreso a la Alcaidía. Entretanto, un pedido de excarcelación de la defensa aguarda la resolución del juez Giménez.
