El Ministerio de Seguridad mantiene su propio libreto
El contrainforme a la Correpi omitió los casos Maldonado y Nahuel
María del Carmen Verdú, una de las fundadoras de Correpi, cuando pidió el sobreseimiento de los manifestantes detenidos en la marcha por Santiago MaldonadoMaría del Carmen Verdú, una de las fundadoras de Correpi, cuando pidió el sobreseimiento de los manifestantes detenidos en la marcha por Santiago MaldonadoMaría del Carmen Verdú, una de las fundadoras de Correpi, cuando pidió el sobreseimiento de los manifestantes detenidos en la marcha por Santiago MaldonadoMaría del Carmen Verdú, una de las fundadoras de Correpi, cuando pidió el sobreseimiento de los manifestantes detenidos en la marcha por Santiago MaldonadoMaría del Carmen Verdú, una de las fundadoras de Correpi, cuando pidió el sobreseimiento de los manifestantes detenidos en la marcha por Santiago Maldonado
María del Carmen Verdú, una de las fundadoras de Correpi, cuando pidió el sobreseimiento de los manifestantes detenidos en la marcha por Santiago Maldonado 

Había prometido varias veces presentar un documento con las cifras propias del Ministerio de Seguridad, y ayer, a su manera, cumplió. Luego de avisar a los medios afines, la ministra Patricia Bullrich presentó un informe en el que supuestamente analizó el archivo de casos de represión estatal que la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) actualiza casa año, y llegó a la conclusión de que el 75,5 por ciento de los casos no son violencia institucional, que el 22,5 están sometidos a investigación --entre ellos la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento del mapuche Rafael Nahuel--, y el 2 por ciento tiene condena. 

Luego de recortar los hechos a su antojo, el Ministerio de Seguridad respondió acerca de 98 casos del período 2016 y 2018 en los cuales la Correpi involucra a las Fuerzas Federales. 

En diálogo con PáginaI12, la abogada de esa organización María del Carmen Verdú, explicó que tomaron sólo casos federales pero dejaron afuera la actuación de las Fuerzas Armadas, el Servicio Penitenciario Federal, los uniformados retirados, entre otras exclusiones. 

Además, en los ejemplos oficiales se dejó afuera hechos no represivos, entre ellos femicidios, los casos de legítima defensa, y el de los agentes involucrados absueltos o sobreseídos. "Con ese criterio habría quedado afuera el asesinato de Walter Bulacio", ejemplificó Verdú al referirse al joven que mató la policía en 1991 y cuyo esclarecimiento tuvo mucho que ver con el nacimiento de la Correpi.

 El "contrainforme" de 77 páginas, bien leído, no hace más que confirmar la veracidad de los datos de Correpi porque en ningún caso el Ministerio de Seguridad pudo decir "es un invento" o "esto no pasó". Sería gracioso si no fuera una falacia cuando el Ministerio afirma que "las fuerzas federales están matando menos civiles", basado en la comparación de 2016 en adelante, producto de que la Policía Federal ya no actúa más en la Ciudad de Buenos Aires.

La organización emitió un comunicado sobre el contrainforme, y anunció que mañana martes dará el "detalle prolijo de los números, fuerza federal por fuerza federal y caso por caso", tal como hace cada diciembre al presentar la actualización de su Archivo de Casos, en Plaza de Mayo.

 El año pasado, la misma organización había concluido que la gestión de Cambiemos ha sido la más represora desde diciembre de 1983. "Sesga sus datos a partir de utilizar su propia definición de hecho represivo, que naturalmente jamás podría coincidir con nuestros criterios, abundantemente explicados en la presentación del Archivo de Casos", indicó la Correpi, que recordó el caso excluido por el ministerio de Seguridad como "legítima defensa" de Ariel Santos, por el que fue escandalosamente absuelta en juicio oral la policía Carla Céspedes. 

"Ariel fue fusilado por la espalda, cuando intentaba poner en marcha su moto para huir después de un frustrado robo en un supermercado chino. En lugar de ser juzgado y condenado por una tentativa de robo, la mujer policía le aplicó la pena de muerte sumaria y extrajudicial, conducta criminal que un tribunal oral premió con la absolución y el Ministerio de Seguridad con su reincorporación triunfante, como 'ejemplo' para la fuerza, a través del programa Restituir", advierte el comunicado. Ni hablar, entonces, de la exclusión de los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel porque están "bajo investigación".

Bullrich había amenazado en forma reiterada con "desmentir caso por caso" el Archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal que elabora Correpi. "Por una vez, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich cumplió su palabra, y convocó a un grupo de periodistas para presentarles el tan demorado 'contrainforme', a un mes de las elecciones generales que podrían señalar el fin del gobierno más represor que el pueblo argentino debió padecer desde diciembre de 1983".

 La preocupación de una de las principales voceras de campaña del macrismo es desmentir los datos que erróneamente llama "de Correpi", porque como tantas veces señaló esa organización "los datos del Archivo no son 'nuestros' sino los de los gobiernos; son lxs muertxs que matan ellos, nosotrxs no sólo los contamos y ordenamos para denunciarlos, sino que militamos todos los días para visibilizarlos y combatirlos".

El argumento de mayor peso es que 74 de los 98 hechos seleccionados "no corresponden" a casos que impliquen la aplicación de políticas represivas estatales y la utilización de los recursos del aparato estatal "según el análisis que se ha realizado desde el Ministerio de Seguridad". Análisis que, según tienen a bien explicitar, utiliza como única fuente las Fuerzas de Seguridad Federales, la Justicia y el Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego del propio ministerio. Es decir, una vez más, "la versión de las fuerzas es versión de verdad". 

Por el contrario, las fuentes de Correpi son más amplias y objetivas: el contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas, el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales, aportes de sus compañeros de las provincias que sistematizan y les remiten información ya chequeada, informes de otras organizaciones e informes de organismos oficiales que registran datos.

Aquí el resto del comunicado completo

"Párrafo aparte para la media verdad -y por lo tanto, verdadera mentira- de que "las fuerzas federales están matando menos civiles", basada en la comparación de 2016 en adelante. La falacia es infantilmente obvia. Hasta diciembre de 2016, entre las fuerzas federales se incluían los alrededor de 20.000 efectivos de la Policía Federal, transferidos a partir del 1/1/2017 a la nueva Policía de la Ciudad, que absorbió también los 9.000 de la ex Metropolitana. La PFA bajó notablemente su incidencia en el total de casos porque hoy esa tropa pertenece a la fuerza que depende del GCBA, que, dicho sea de paso, supera 60 asesinatos en menos de tres años de existencia. Con el mismo criterio de Bullrich, mañana podría salir Rodríguez Larreta a ufanarse de que la metropolitana no mató una sola persona entre 2017 y 2019, lo que sería también cierto. Ex Metropolitana y ex PFA hoy matan con uniforme celeste y granate.

"Se excluyen de manera completamente arbitraria las muertes atribuibles al Servicio Penitenciario Federal, que, aunque no dependa orgánicamente del ministerio de Seguridad, sino del de Justicia, es una fuerza de seguridad federal. Se omiten también en el cómputo de "casos seleccionados" los menos (pero no pocos) casos con protagonismo de miembros de las fuerzas armadas (ejército, marina y fuerza aérea), indudablemente federales; los vigiladores privados (que son supervisados por el ministerio de Seguridad); los femicidios cometidos por miembros de las fuerzas (20% del total de femicidios a nivel nacional), como si esas mujeres no hubieran sido asesinadas a punta de reglamentaria, o los violentos de uniforme no utilizaran sus recursos como policías, prefectos, gendarmes, o policía de seguridad aeroportuaria para el encubrimiento y la búsqueda de impunidad, y los retirados, que estatutariamente conservan el estado policial.

"El 'contrainforme', entonces, sesga sus datos a partir de utilizar su propia definición de hecho represivo, que naturalmente jamás podría coincidir con nuestros criterios, abundantemente explicados en la presentación del Archivo de Casos. Vaya como simple ejemplo el caso "excluido como legítima defensa" de Ariel Santos, por el que fue escandalosamente absuelta en juicio oral la policía Carla Céspedes. Ariel fue fusilado por la espalda, cuando intentaba poner en marcha su moto para huir después de un frustrado robo en un supermercado chino. En lugar de ser juzgado y condenado por una tentativa de robo, la mujer policía le aplicó la pena de muerte sumaria y extrajudicial, conducta criminal que un tribunal oral premió con la absolución y el ministerio de seguridad con su reincorporación triunfante, como "ejemplo" para la fuerza, a través del programa Restituir. Ni hablar de la exclusión de los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel porque están 'bajo investigación'.

"Finalmente, corresponde que agradezcamos a la ministra Bullrich que, con su ampuloso título "Ministerio de Seguridad de la Nación versus CORREPI", nos ubique en el lugar de "enemigo público nº 1" de su gestión, tarea a la que tanto esfuerzo venimos dedicando, para ser la voz de lxs represaliadxs y asesinadxs por su aparato represivo.

Brindaremos en el día de mañana el detalle prolijo de los números, fuerza federal por fuerza federal y caso por caso, y lxs esperamos en diciembre, en Plaza de Mayo, para la presentación del informe de la situación represiva y la actualización 2019 del Archivo de Casos, con resumen y repaso general de la totalidad de la gestión, repetimos, más represora desde diciembre de 1983. Contra la represión, ¡Unidad, organización y lucha!"


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