Estuvo dos meses presa por la muerte de su bebé
Sospechosa por ser una mujer
Natalia, de 32 años y madre de tres chicos, fue al hospital de Casilda con una hemorragia y fue acusada de homicidio. 
El fiscal Juan Pablo Baños fue el responsable de la acusación.El fiscal Juan Pablo Baños fue el responsable de la acusación.El fiscal Juan Pablo Baños fue el responsable de la acusación.El fiscal Juan Pablo Baños fue el responsable de la acusación.El fiscal Juan Pablo Baños fue el responsable de la acusación.
El fiscal Juan Pablo Baños fue el responsable de la acusación. 

Natalia tiene 32 años, es madre de tres niños de 16, 14 y 8 años y vive en Arteaga. Estuvo detenida casi dos meses a más de 200 kilómetros de su casa, tras llegar al hospital San Carlos de Casilda con una hemorragia. Contó que su bebé había nacido muerto, con un embarazo de 35 semanas pero la fiscalía a cargo de Juan Pablo Baños la imputó por homicidio por omisión agravado por el vínculo y pidió la prisión preventiva sin plazo, otorgada el 9 de agosto por la jueza Mariel Minetti. Natalia estuvo detenida en la ciudad de Santa Fe hasta ayer, cuando la jueza Carolina Hernández decidió otorgarle la prisión domiciliaria, lo que impide, por ejemplo, que la mujer pueda asistir al taller textil, donde trabaja para mantener sola a sus tres hijos. Antes de la medida de ayer, la defensora general Jaquelina Balangione salió a los medios para alertar sobre "la falta de perspectiva de género" de la jueza de primera instancia, y cuestionó la forma en que se realizó la audiencia, por videoconferencia: "Mi temor es que se convierta en una mala práctica judicial".

Sobre la realización de la medida sin la presencia de la imputada, Balangione fue muy contundente. "En la entrevista previa, y en la audiencia, no es lo mismo para la imputada estar cara a cara con la jueza que estar a través de una pantalla", expresó sus reparos ante el uso de la videoconferencia como sucedáneo de la participación de la persona imputada. "Cuando la jueza resuelve darle la prisión domiciliaria, preguntó si la joven quería declarar, porque si era así, iba a ordenar el traslado. En un aparte con la defendida, su representante le dijo que en este momento no tenía ningún sentido. Pero entonces, si estaba esa posibilidad, la hubiesen traído a participar de entrada, que era lo que correspondía", manifestó la defensora. Para ella, se trata de una instancia demasiado nodal en un proceso penal para que se haga a la distancia. "Mi temor es que esto se torne una mala práctica judicial porque en un acto como la apelación de la prisión preventiva de una madre, acusada de matar a un hijo, presa a 250 kilómetros de su lugar de residencia, es imprescindible que se garanticen los derechos de las personas involucradas".

"Faltó perspectiva de género. El juez debió considerar que era una mujer en situación de vulnerabilidad". Balangione

El otro cuestionamiento es la falta de perspectiva de género en todo el proceso que afronta Natalia. "La prisión preventiva es la última ratio en un menú de posibilidades de lo que se denominan cautelas de tipo procesal. El juez que va a resolver, que tiene a su cargo el control de la medida y del procedimiento, tiene que tener en cuenta que si estamos frente a una mujer, y más en un caso como este, que tiene que ver con una posible vulnerabilidad, lo primero que tenemos que pensar es que es inocente, porque la Constitución Nacional consagra la presunción de inocencia. El juez tiene que ponderar si tiene que ponerla presa para colectar las pruebas, o porque puede fugarse. Por el principio de inocencia nadie puede ser penado sin que se pruebe su culpabilidad", desarrolló Balangione, quien recordó que "la única forma de aplicar la prisión preventiva es que revista un peligro procesal, que pueda fugarse o entorpecer la producción de prueba. Si esta persona es una mujer, en situación de vulnerabilidad, como se ve a todas luces, a cargo de una familia, con tres hijos, con un trabajo que apenas le alcanza para comer, no se advierte ese peligro". Por eso, ayer reclamaron -y obtuvieron- que la acusada pudiera seguir el proceso en su casa.

Si en el proceso penal no se demuestra la culpabilidad de Natalia, Balangione se pregunta "quién le devuelve a esa persona el tiempo que estuvo detenida. La chica está sin trabajar, no está en la casa, quién cuida a los chicos. Encima la mandaron a 250 kilómetros de su casa. El juez pudo hacerle lugar al pedido de fiscal, pero sin tomar una medida tan lesiva".

Natalia llegó al hospital San Carlos el 4 de agosto pasado, con un cuadro hemorrágico. Los investigadores concluyeron que mató a su hijo porque no buscó ayuda. La paciente relató que había tenido un parto espontáneo y el bebé nació sin vida. Los profesionales dieron aviso al Ministerio Público de la Acusación y el fiscal Baños destinó personal policial. También decidió el allanamiento de la casa de la mujer, que estaba internada en terapia intensiva. El viernes 9 de agosto se realizó la audiencia imputativa en la que Baños acusó a la joven de homicidio por omisión agravado por el vínculo, en base a un informe preliminar de la autopsia realizada al feto que encontraron en la basura de un baño externo de la vivienda. El fiscal arguyó que la joven no hizo controles por el embarazo, y tampoco refirió haber dado a luz o haber estado embarazada. En su alegato, Baños hizo gala de una visión sexista al considerar que "la mujer debía darle al bebé el calor que, como madre, nunca le dio".

En esa instancia, el defensor Angel Sola, desestimó la calificación legal del caso y solicitó una morigeración de cualquier medida cautelar que privara de la libertad a la imputada, pidiendo sea una prisión preventiva domiciliaria por ser madre de tres niños, pero la jueza Minetti mantuvo la carátula impuesta y dispuso la prisión preventiva por 85 días para "permitir la ampliación de la investigación". La defensa apeló y ayer se hizo la audiencia de apelación. Natalia podrá volver, todavía detenida, a su casa.

 

Sobre la continuidad del proceso, Balangione aseguró que la defensa pública tomará un rol activo para demostrar la inocencia de la imputada. 

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