(Desde Santa Fe)

La Legislatura ya interviene en un caso de discriminación ideológica de una mujer policía que fue trasladada de su cargo porque su jefe consideró que portar en la mochila el pañuelo verde de la Campaña por el Derecho al Aborto, Seguro, Legal y Gratuito y participar en una marcha feminista "dañaba el decoro de la Policía de la provincia". La diputada Silvia Augsburger y su colega Rubén Giustiniani presentaron esta semana una minuta dirigida al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro para  pedirle explicaciones por el hecho que -a juicio de los legisladores- viola la ley 12.512 del Personal Policial que obliga a los efectivos de la fuerza a "abstenerse de realizar distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias basadas en motivos raciales o de género" entre otras. El proyecto pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales que ahora deberá despacharlo para que pueda ser votado en el recinto y girado al Poder Ejecutivo. 

Concretamente, lo que solicitan los diputados del bloque Igualdad y Participación es que Pullaro remita a la Cámara una "copia de las actuaciones administrativas" que se iniciaron por la denuncia de la policía discriminada y si adoptó "estrategias" para acompañarla a ella durante el sumario. La agente policial denunció  en Asuntos Internos a un "superior jerárquico por el traslado de su cargo como medida de disciplinamiento por motivos ideológicos", esto es "portar el pañuelo de la Campaña Nacional del Derecho al Aborto Seguro Legal y Gratuito en su mochila" y haber participado en una manifestación feminista en Santa Fe, el 19 de marzo último. 

"La Red de Mujeres Policías y Penitenciarias de Santa Fe" -dijeron los legisladores- ha revelado "múltiples situaciones de violencia machista que padecen las agentes femeninas en las fuerzas de seguridad: tratos discriminatorios en el otorgamiento de licencias y ascensos, distribución de tareas respecto de sus compañeros varones, obstáculos para acceder a los permisos de lactancia y hasta situaciones de acoso sexual, entre otros tipos de violencias contra las mujeres".

"La Cámara aprobó por unanimidad un proyecto de ley de las diputadas Alicia Gutierrez y Patricia Chialvo que propone la creación de un Centro Integral con Perspectiva de Género para Mujeres Policías, con el objeto de garantizar a las agentes de las fuerzas de seguridad el derecho a un ambiente de trabajo libre de violencias establecido en la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres".

"La necesidad de espacios específicos de denuncia, fuera de la órbita de las fuerzas, responden a la naturalización de la violencia contra las mujeres y porque las damnificadas no cuentan con mecanismos efectivos para la denuncia, ni les son proporcionadas espacios de contención, acompañamiento y asesoramiento", explicaron. "En general, las denuncias no prosperan y en algunos casos la respuesta institucional es la represalia de los superiores jerárquicos de quienes denunciaron, siendo revictimizadas con medidas injustificadas, como por ejemplo traslados, la sobrecarga laboral, el impedimento de licencias".

"En la Policía de Santa Fe, el 35 por ciento de sus integrantes son mujeres y en el Servicio Penitenciario el 21,5 por ciento de la fuerza". "La no discriminación está contemplada en la ley 12.512 del Personal Policial (artículo 23, inciso e) que obliga a "abstenerse de realizar distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias basadas en motivos raciales, de género, de color o de cualquier tipo legalmente no autorizadas".

Por lo tanto, es intolerable que "desde el Estado se vulneren los derechos y garantías consagrado por la Constitución y los tratados internacionales. Una violación que se hace patente en una encuesta anónima realizada por la Red de Mujeres Policías santafesinas" a 300 de sus colegas con un resultado sorprendente: el 75 por ciento de las encuestadas manifestó a haber sufrido casos de "violencia de género y laboral.

En el caso específico, Augsburger y Giustinani piden copia de las "actuaciones administrativas" y un "informe de las medidas de acompañamiento" a la denunciante que fue excluida del cargo porque su jefe consideró que portar pañuelo verde y participar en una marcha feminista "dañaba el decoro de la Policía".