Amnistía Internacional publicó una carta abierta dirigida a los candidatos presidenciales en torno a la proximidad del primer debate presidencial que se realizará el 13 de octubre. Fundamentalmente exigieron a los candidatos “que hagan pública qué política de protección de derechos humanos implementarán si llegan a ser electos por la ciudadanía”.

En diálogo con Página/12Paola García Rey, directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina, subrayó que “creemos que lo importante no es solo crear institucionalidad en derechos humanos sino que tiene que ser una política transversal”. “Nos parece fundamental aprovechar la situación actual en Argentina y el contexto de debates inminentes para que de cara a las elecciones y a la próxima administración, se proponga una agenda robusta en DDHH”, agregó la vocera.

“Los derechos humanos son derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas. No responden a ningún partido ni a una única ideología política o interés. Es por eso que quien asuma la Presidencia de la Argentina deberá garantizar un liderazgo que sitúe a los seres humanos en el centro de las políticas, planes y programas de gobierno”, expresaron en el documento.

También, a lo largo de la carta desarrollaron críticas a la situación actual del país. “La injusta distribución de la riqueza; la falta de transparencia y rendición de cuentas; las barreras de acceso a la justicia; y el debilitamiento de las instituciones son solo algunos de los motivos por los que muchas personas todavía no disfrutan de sus derechos fundamentales”, sentenciaron desde la agrupación y más tarde indicaron que “en el contexto de una profunda crisis, que incluye la retracción de la actividad económica; el aumento de la pobreza; la caída del salario real; el deterioro de las jubilaciones y otras prestaciones sociales; la pérdida de empleos y la baja del poder adquisitivo frente al aumento de la inflación, el Estado argentino no debe responder con medidas de austeridad sin tener en cuenta las normas, los principios y los compromisos en materia de derechos humanos que asumió la Argentina en su historia”.

Desde Amnistía Internacional, fueron determinantes con su lectura acerca de la situación actual del país y creyeron adecuado aclarar que frente a la crisis, la solución no deben ser "las medidas de austeridad que se basan en la reducción del gasto público, ya que estas suelen estar acompañadas de subas de impuestos que perjudican, especialmente, a las personas en situación de pobreza, porque aumentan los precios de productos básicos como los alimentos”. Posteriormente remarcaron que como consecuencia de ese tipo de políticas es afectado el acceso de las personas a los derechos humanos básicos tales como la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social.

“No hay duda de que el presupuesto nacional soporta una gran presión, pero ¿el Estado está haciendo el máximo uso posible de todos los recursos disponibles, como lo exige el derecho de los derechos humanos, para proteger a las personas?”, se preguntaron en el escrito quienes forman parte de la reconocida agrupación.

García Rey afirmó que desde Amnistía “hemos advertido cómo ha adquirido en el último tiempo mucha centralidad una política securitista que mira tanto a los pueblos originarios, como a la migración y a la protesta social desde la ‘seguridad’ sin entender que a las demandas sociales se les responde con políticas públicas”. La referente del organismo en Argentina finalmente denunció que notan una creciente “criminalización de defensores y defensoras de los derechos humanos reconocidos a nivel mundial, como así también de periodistas”.

Otro de los ejes que trataron en la carta, fue el del derecho a migrar, según García Rey en los últimos años hubo políticas que “procuraban criminalizar y expulsar a los migrantes sobre todo manipulando los datos para decir que había una sobrerrepresentación de los migrantes en las cárceles o asociarlos al delito sin ninguna fuente de información genuina que demostrara eso”. También resaltaron en el documento público dirigido a los candidatos a presidente la importancia de implementar en el presente y hacia el futuro distintas políticas en torno al cambio climático y a las cuestiones de género.

Informe: Melisa Molina.