Dos organizaciones antiderechos buscan suspender en todo el país la aplicación del Protocolo de aborto no punible y la venta de misoprostol a través de acciones judiciales. En ambos casos, se trata de acciones de amparo iniciadas de manera separada pero que, recientemente, confluyeron en una sola causa.
Ambas solicitan medidas cautelares hasta que haya una resolución que quede en firme, en lo que parecería continuar la estrategia que una de las dos organizaciones usó para frenar la aplicación del Protocolo de abortos no punibles en la provincia de Córdoba entre 2012 y septiembre de este año.
Las entidades accionan contra el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y contra la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat).
El expediente tramita en el juzgado federal a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, quien consideró legítimo el interés de las entidades Portal de Belén (PdB) y Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (ProDeCi), autodeclaradas defensoras de “la salud pública, las mujeres gestantes y los niños por nacer”. Curiosamente, esa misma legitimidad de representación es la que la máxima instancia de la justicia cordobesa, el Tribunal Superior de Justicia, negó que PdB pudiera arrogarse, y por la cual desestimó su pedido
de declarar inconstitucional la aplicación de la guía de interrupción legal del embarazo.
La causa que hoy anida en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 comenzó en mayo, cuando la asociación cordobesa antiderechos PdB pidió que la Justicia de Córdoba declarara inconstitucionales el Protocolo y la resolución de Anmat que habilitó la venta de misoprostol en comprimidos vaginales.
Además, reclamó que la aplicación del Protocolo y la venta del medicamento fueran suspendidas hasta que quedara firme la resolución judicial sobre la cuestión. Eso, como sucedió en Córdoba con el Protocolo, podría implicar años; lo sabe bien el abogado de PdB Rodrigo Agrelo, responsable de aquel amparo ya fracasado y de la nueva presentación.
Hace semanas, la misma jueza Gilardi Madariaga de Negre sumó a la causa la presentación de Prodeci, porque, detalló en una resolución, “guarda sustancial semejanza” con la de PdB. En rigor de verdad, este segundo pedido de amparo se limita a accionar contra el misoprostol, por los supuestos de que atenta contra la salud pública y el “’derecho a la información’ de las mujeres expuestas al riesgo”. Así lo argumentó ante la justicia el grupo antiderechos porteño, presidido por Ignacio de la Riva, un abogado cercano a la ONG Grávida –de vínculos íntimos con el episcopado-, militante antiderechos y habitué del correo de lectores del diario La Nación.
"Amenazas"
La entidad antiderechos cordobesa PdB definió como "amenaza" la resolución que habilitó venta de misoprostol en formulación de uso vaginal, una especialidad producida por el Laboratorio Domínguez y comercializada bajo el nombre de fantasía Misop 200 desde que fue autorizada, en noviembre de 2018 .
Según la presentación, “constituye una seria amenaza cierta y actual para la salud pública de las mujeres gestantes y de los niños por nacer al dar cabida a que el medicamento sea administrado sin la indispensable intervención de un médico diplomado (art. 86 del Código Penal) y fuera del ámbito de los establecimientos hospitalarios, lo cual no garantiza la adecuada asistencia de la paciente en caso de complicaciones durante el tratamiento y potencia aún más al Protocolo de Aborto No Punible creado por el Ministerio de Salud de la Nación”. Aún más: el Protocolo es “la amenaza inminente de muerte de todas las personas por nacer de la República Argentina”.
La presunta "falsificación de los abortos"
La entidad antiderechos arguye, entre otras cuestiones, que la guía la defensa de “la inviolabilidad de la vida de toda persona por nacer, que constituye un número indeterminado de personas”. En ese sentido es que asegura que el Protocolo -avalado por el Ministerio de Salud de la Nación y en línea con el fallo de la Corte en el caso FAL- es “salvaje” y sinónimo de “ilegalidad continuada”, porque en su nombre “se están falsificando abortos, haciéndolos pasar por abortos no punibles”.
En otros pasajes, la presentación judicial se refiere a la interrupción legal del embarazo (ILE) como “homicidio prenatal del hijo de la gestante –peticionante de la muerte-”. También se refiere a la ILE en casos de gestaciones originadas en violación como “aborto sentimental”. Abunda, aunque sin citar sus presuntas "fuentes médicas", en las que dice respaldarse: "sólo en raras ocasiones se gesta un embarazo después de una violación”, e inclusive en esos casos la idea de ILE implica “discriminación contra un actor fundamental de la gestación: el progenitor masculino, el padre”.
“Que una mujer fabrique un caso para acceder a la posibilidad de realizarse un aborto, mediando en la situación solamente ella y el médico, sin consulta o conocimiento del padre del niño, es un claro ejemplo de discriminación al varón a ejercer sus derechos y deberes como padre”, asegura la entidad antiderechos.
Por otra parte, para reclamar que deje de venderse misoprostol vaginal, PdB usa el femicidio de Chiara Páez (la adolescente santafesina por cuya muerte, provocada a golpes, la justicia condenó a su novio), y asegura que implica “peligros para la salud y la vida del niño por nacer”.
