Abuso sexual eclesiástico
Sin avances en las causas contra el cura Lamas
Juan Carlos García sigue reclamando justicia, es uno de los denunciantes el sacerdote por abusos sexuales cometidos cuando tenía 16 años y era monaguillo.

El sacerdote está procesado en la justicia ordinaria por las denuncias de dos personas que aseguran haber sufrido abusos sexuales de su parte y en paralelo está siendo juzgado en un Tribunal Eclesiástico donde los casos denunciados son cuatro.

En ambos procesos Emilio Lamas presentó apelaciones que aún no fueron resueltas.

La Corte de Justicia de Salta debe decidir si da lugar o no a un pedido de prescripción de la causa y de eso depende que continúe el proceso, que ya está en la etapa de la elevación a juicio. Una presentación de amicus curiae (amigo del tribunal) por otro lado pide a los jueces que fallen en contra de la prescripción del delito y que convoquen a audiencia pública.

La iglesia tiene que resolver también una apelación y dictar sentencia. Hay expedientes de la investigación eclesial que no han sido aportados en el proceso penal ni dados a conocer a las víctimas.

Esta semana el conductor y animador Juan Carlos García pidió públicamente una pronta resolución de su caso. El pedido surgió luego de que se enterara, por dichos de otra víctima que aún no inició la denuncia penal, que Lamas sigue dando misa en su casa. Esto generó malestar en los sobrevivientes de abuso porque pensaban que la Iglesia ya le había prohibido ejercer el sacerdocio.

El vicario y juez eclesial Ignacio Loyola Pintos salió a dar explicaciones. “La sentencia de primera instancia impuso la pena de expulsión del estado clerical pero no es firme hasta que quede sin apelación o resuelta en el Tribunal de Apelación”, indicó. Lamas apeló y por eso se espera lo que determine la segunda instancia. “Lo que tiene son las medidas cautelares que se impusieron al comienzo del proceso y que son la prohibición de ejercer públicamente el ministerio sacerdotal, no puede celebrar misas en público ni confesar, sí puede en su casa celebrar misa solo, en privado”, detalló.

"Es un delito lo que cometieron estos curas. No pueden estar sobre la Constitución, amparándose en un concordato de los años 70 que ellos interpretan a su manera. Como argentinos no podemos permitir que estén como un Estado aparte y más arriba de nuestras leyes", manifestó García a Salta/12.

Insistió en que el arzobispo Mario “Cargnello vaya a declarar en el juicio (penal) porque conoce todos los testimonios del juicio pontificio" y planteó que debería proveer esa información a la justicia para que investigue los delitos cometidos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Cargnello fue citado por el fiscal Federico Obeid a declarar en el proceso penal y lo hizo por escrito, también llamó a Loyola Pintos quien se presentó.

García conformó la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesial. “Nosotros no podemos bajar los brazos y por eso he salido en los medios para exigir a la Justicia que me dé una respuesta, para ver si se prescribe o no mi causa, ya hemos elevado la figura del amicus curiae por las organizaciones que adherían, tampoco hay resolución. El 4 de julio el arzobispo sacó un memorandum con el titular 'las víctimas primero', pero jamás el monseñor Mario Cargnello se acercó a las víctimas”, sostuvo.

García pidió colaboración para la Red, mediante la cual impulsan pedidos de justicia y buscan ayudar a otros y otras sobrevivientes. Necesitan costear profesionales de abogacía, psicología, medicina legal y ayudar a las víctimas en algunos casos ante su situación económica.

"Me siento agotado, no soy una persona pudiente, yo sufro la misma situación", sostuvo García. Se quedó sin trabajo "de un día para el otro" después de haber radicado la denuncia por abuso contra Lamas.

El intendente de Rosario de Lerma, Ignacio Jarsún, lo despidió del área de Cultura de la municipalidad, y además no le pagaron servicios de locución que había brindado en actividades de la comuna. García destacó la cercanía de Jarsún con la Iglesia Católica. Dijo que sobre la base de lo que vienen viviendo con otros sobrevivientes, la Iglesia implementa a nivel global estrategias para que las víctimas desistan en las denuncias "buscan voltearte moralmente, económicamente y, en complicidad con el poder político y la justicia, alargar los plazos".

Demorada por la Corte

La causa de García por abuso sexual en la justicia penal está en la Sala V del Tribunal de Juicio pero sin fecha de audiencias, porque está pendiente de resolución de la Corte de Justicia de Salta un recurso que plantea la prescripción del delito interpuesto por el defensor de Lamas, el abogado José Fernández.

"La espera es muy angustiante para las víctimas, están teniendo problemas de salud serios a nivel físico y psicológico", sostuvo el letrado Luis Segovia, representante en las querellas de García y Carla Morales Ríos, la otra persona que denunció haber sufrido abusos sexuales en la infancia, a los 11 años por parte del mismo representante de la Iglesia Católica.

Frente al pedido de documentación a la Iglesia por parte de las víctimas y de la fiscalía penal en el caso Lamas, Loyola Pintos justificó que “hay procesos que son del obispo diocesal que decide si los muestra o no a la justicia. Luego hay procesos que no nos pertenecen a nosotros, sino a la Congregación de la Doctrina de la Fe en Roma. El camino natural es pedirlo por vía diplomática. La justicia en principio nos pidió a nosotros, explicamos cómo tenían que pedirlo y dónde pero no lo hicieron. Nosotros sí pedimos el permiso a la Santa Sede para entregar los documentos pero todavía no han contestado”.

Son cuatro las víctimas de abuso sexual cuyos casos fueron juzgados por la Iglesia, y solo dos llevaron sus denuncias también ante la justicia penal. Los expedientes eclesiales no han sido dados a conocer a las víctimas, pese a los pedidos. Segovia opinó que la institución religiosa está faltando al derecho a la información, ya que las víctimas deberían poder acceder a una investigación de la que son parte.

Por otra parte, en una presentación de amicus curiae ante la Corte, el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos y Profesionales contra la Tortura, pidieron el rechazo de la prescripción y que se realice una audiencia pública de las partes sobre este tema. La audiencia pública es usada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con temas de interés público pero en la provincia no hay precedentes.

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