El gobierno difiere la reglamentación de la Ley de Emergencia Social que, de momento, es más fachada que construcción. En simultáneo, reduce la cantidad de “planes” que venían percibiendo integrantes de las organizaciones sociales. Algunas reaccionaron, cortaron calles en la Ciudad Autónoma. 

El oficialismo trina, ofendido por las consecuencias de sus propios actos. No reprime, lo que le es recriminado por los medios dominantes que le exigen mano dura, cada vez con más asiduidad y virulencia. Las cúpulas macristas, por ahora, son más lúcidas que los formadores de opinión o sus CEOs: comprenden que reprimir podría ser fatal, en más de una acepción de la palabra.

Las huestes del presidente Mauricio Macri no pueden alegar que la Corriente Clasista y Combativa (una protagonista de las jornadas de cortes) es kirchnerista. El argumento sería demasiado mendaz, aún para el imaginativo relato M.

Sí acude al recurso respecto del paro nacional docente convocado para el 6 y 7 de marzo, fecha de comienzo de las clases. Aunque son cinco las centrales con distintos perfil político las que convocan, la narrativa M enfoca solo a CTERA y en especial al secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. Deja de lado que la movida cuestiona una ilegalidad que es la derogación de prepo de la Paritaria Nacional Docente (PND), establecida por ley que está vigente.

Todo indica que explicará de modo parecido la manifestación del 7 de marzo, promovida por los sindicatos de la industria, a la que adhirieron luego la Confederación General del Trabajo (CGT), el Partido Justicialista y el Frente Renovador que lidera el diputado Sergio Massa. Ese colectivo trasciende largamente las fronteras del kirchnerismo lo que seguramente será más notorio cuando se observe a las personas de a pie que adherirán. Muchas de ellas están englobadas en el vistazo que se ensaya en la nota central. Provienen de distintos puntos del país, de variadas ramas de la producción. La caída de la industria es nacional, la zona núcleo de la Pampa Húmeda no hace excepción. En 2015 esa región fue pilar de la victoria electoral macrista.

La política económica genera cada día  más damnificados. Sin pretender rigor muestral (que ni las encuestas “serias” tienen, hoy en día) el 7 de marzo habrá muchos manifestantes que votaron a Macri en la segunda vuelta electoral.

La protesta sirve como medida del malhumor social. Desde diciembre de 2015 viene siendo la herramienta más eficaz para repeler, frenar o así más no fuera cuestionar el modelo de Cambiemos.

El contrapeso predilecto del oficialismo son los escándalos por corrupción atribuida al kirchnerismo y las decisiones de muchos jueces y fiscales federales. 

El martes 7 se escenificará la pulseada entre los reclamos sociales y la vindicta político-mediática judicial. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá comparecer ante el juez federal Claudio Bonadio. En tales instancias son clásicas las especulaciones acerca de si Su Señoría encarcelará (sin derecho ni razón) a la ex mandataria. El asedio, apuesta el macrismo desde el albor de su gestión nacional, debería debilitar a Cristina, No está comprobado si ha sucedido o hasta qué punto.

Para esa jornada tremenda, la ex presidenta Cristina les pidió a sus partidarios que no concurrieran a Comodoro Py para bancarla. Y que sí engrosen la marcha contra la política económica. Habrá que ver cuál es la respuesta al planteo, De cualquier forma, la postura de Cristina es inteligente y sugestiva. El espacio público y la revuelta social son el terreno en que más se expresa el rechazo al macrismo. Y una convocatoria transversal es una ocasión notable, sobre todo porque no será la única movida gremial o social. 

Y el 24 de marzo las tradicionales marchas por la Memoria, Verdad y Justicia congregarán muchedumbres en las que Cambiemos no tiene arte ni parte. Para colmo, será el 24 y no el 27 de marzo porque fracasó la tentativa de mover el feriado, frenada por un arco multicolor de sectores y personalidades.