El plan integral "Argentina sin hambre", presentado por el candidato Alberto Fernández es el preanuncio de lo que será una política de Estado si se confirma la victoria de Frente de Todos (FdT). La propuesta incluyó la creación de un consejo federal entendido como "nuevo ámbito institucional de articulación intersectorial y de gestión asociada del Estado con sectores sociales, iglesias, sindicatos y sectores económicos-productivos" que tendría la responsabilidad de fijar los lineamientos para diseñar y aplicar una política alimentaria federal. A otro nivel se crearía un observatorio para el monitoreo, seguimiento y evaluación del plan con la participación de universidades y centros de estudios. En un tercer ámbito se prevé la "participación activa de referentes sociales nacionales, provinciales y municipales, y medios de comunicación". Si bien falta conocer los detalles acerca del funcionamiento de estas instancias la sola mención de las mismas está insinuando la decisión política -coherente con otras propuestas del FdT y de su candidato presidencial- de ampliar los márgenes de participación social tanto en la construcción de la agenda de gobierno como en la gestión de las políticas públicas.
Habrá que esperar precisiones respecto de la idea que obra en la cabeza de quienes están diseñando el mencionado plan, pero la propuesta guarda alguna similitud con el Consejo Consultivo Nacional de Políticas Sociales (CCNPS), organismo creado en el 2002 para supervisar lo que entonces se denominó plan “Jefes y Jefas de Hogar”, una respuesta a la crisis del 2001. Ese plan puede considerarse el paso previo a lo que luego se institucionalizara como la Asignación Universal por Hijo (AUH) por el decreto 1602/0929 de octubre de 2009. El espacio del CCNPS, diferente del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales que intenta integrar las acciones a nivel de gobierno, estuvo constituido entonces por representantes de los diferentes sectores (empresarios, organizaciones de trabajadores, organizaciones y movimientos sociales, iglesias) quienes, junto a funcionarios de los distintos ministerios cumplieron la labor de supervisar la aplicación de los planes sociales, pero también de proponer modificaciones a las políticas y sugerir nuevas iniciativas.
El espacio -que llegó a tener reuniones semanales durante todo el mandato de Néstor Kirchner- sirvió como ámbito de concertación entre los diferentes sectores, para acercar posiciones y promover iniciativas. Sin embargo, una de sus principales limitaciones consistió en la condición de no vinculante que tuvieron las recomendaciones de dicho consejo. En consecuencia, los acuerdos y las propuestas quedaron siempre limitadas al simple nivel de sugerencias sometidas a la decisión final y al arbitrio del Poder Ejecutivo a través de los funcionarios encargados de cada una de las áreas de aplicación.
Esta circunstancia generó un progresivo desgaste de la participación, dado que los actores sentados a la mesa veían que sus acuerdos y propuestas quedaban en muchos casos desestimadas o se diluían por diferentes razones -no todas ellas atendibles- por determinación de los responsables de la gestión.
La "Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública" (2009) estableció el "derecho de participación ciudadana en la gestión pública" señalando que lo anterior "conlleva establecer mecanismos para ello, complementarios a los previstos para la representación política en el Estado". Porque, señala el mismo documento aprobado en la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, "la gestión pública participativa contribuye al desarrollo de los países, favoreciendo la inclusión y la cohesión social".
Próximo al inicio de una nueva etapa política en el país -si se confirman la previsiones respecto del triunfo electoral del FdT- el tema de la participación efectiva de los actores de la sociedad civil en la formulación, diseño y gestión de las políticas públicas, puede ser un capítulo importante para considerar. El anuncio -aun sin precisiones- de Alberto Fernández parece abonar ese camino. En tal caso será importante aprender de la experiencia. En consecuencia el componente de participación plural y diversa debe atarse a la vincularidad de las decisiones que se adopten en los espacios de concertación o mesas de gestión asociada de los que también participen con mandato representantes del gobierno. Será primordial además la impronta federal con la que Alberto Fernández ha teñido su campaña y la promesa de que la misma se transforme en un distintivo de su eventual gestión presidencial.
Porque, como también señala la citada Carta, "la participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas". Se trata, agrega, de "un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política".
