Para romper el techo de cristal 
Servicio Penitenciario: una mujer fue a la justicia por un ascenso 
La Fiscalía de Estado de Salta no da respuestas para cerrar un acuerdo que permitirá a las agentes mujeres acceder a los cargos superiores del Servicio Penitenciario de Salta. 
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Servicio Penitenciario de Salta 
Imagen: Gobierno de Salta

En agosto de 2018 la agente Yone Mabel Farfán denunció por violencia de género al director y al subdirector del Servicio Penitenciario de Salta, Juan Alberto Daza y Benito Cayetano Mena, respectivamente, ante el Juzgado de Violencia Familiar y de Género a cargo de Mónica Naranjo. Su abogado, Ramiro Ulivarri, sostuvo que Farfán realizó la denuncia tras sufrir persecución por parte las autoridades debido al reclamo de su ascenso al grado de subprefecta.

En 2017 Farfán recibió una calificación de “sobresaliente” y obtuvo un “promedio de 96 sobre 100”, puntaje que le garantizaba el ascenso, pero la dirección del Servicio Penitenciario se lo negó y fue la Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios la que le otorgó la jerarquía. Sin embargo, desde diciembre de 2017, el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia no la ratifica. En diciembre de 2018 se reiteró el pedido a esta cartera. 

Sin que hubiera respuestas para este pedido, en septiembre pasado el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades presentó un amparo colectivo contra la Dirección General del Servicio Penitenciario.

“Ante la falta de resolución de la problemática, inclusive por parte de los organismos con competencia específica en violencia de género, se interpuso una acción de amparo colectivo”, contó el abogado, quien explicó que “esa demanda tiene dos aspectos, la primera refiere a la ratificación del ascenso de Farfán y, la segunda corresponde a medidas especiales de alcance temporal” más generales.

La Fiscalía de Estado de Salta, a cargo de Pamela Calletti, propuso una audiencia de conciliación, que se realizó el 25 de septiembre último y en cuyo transcurso las partes consensuaron un convenio. 

Luego Ulivarri se reunió en tres oportunidades con el subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos penitenciarios, Ramiro Lucena. “Cerramos el acuerdo el 4 de octubre”, contó el abogado. Allí se determinó un plazo de quince días para que se firmara el convenio. “Ese plazo se vence este viernes y no tenemos ninguna noticia”, señaló Ulivarri.

Salta/12 consultó a la fiscala de Estado, pero Calletti se excusó de brindar información porque “el tema está planteado en el marco de un proceso judicial en curso, motivo por el cual no corresponde hacer declaraciones fuera de ese ámbito”.

El abogado de Farfán insistió por su parte en que “si esos quince días se vencen y no hay acuerdo, sigue el juicio”. Añadió que “están poniendo palos en la rueda desde Fiscalía de Estado”.

Cupo femenino penitenciario 

El convenio conversado entre la Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios y los amparistas prevé un cupo femenino del 30% mínimo en los ocho cargos que componen la plana mayor del Servicio Penitenciario de Salta, un lugar hasta ahora habitado casi exclusivamente por varones. 

También establece un 50% de presencia femenina en los cargos que conforman la Junta Superior de Calificaciones. Y un cupo femenino del 50% en la conformación de las Juntas de Calificación para Oficiales, para Suboficiales, Ascensos y Eliminaciones Extraordinarias.

Además, prevé que la Dirección General del Servicio Penitenciario y el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia “deberán informar anualmente al Observatorio de Violencia Contra las Mueres sobre los guarismos estadísticos en cuanto a los nombramientos y ascensos de grados de mujeres en la institución”, especificó Ulivarri.

Techo de cristal

En mayo de 2018 Farfán fue destituida del cargo de directora de la Unidad Carcelaria Nº 4 de Mujeres y puesta en “disponibilidad”, es decir, no tiene funciones ni designación alguna. “Ese antecedente lo que hace es impedirle concursar por el grado subsiguiente, que es el de prefecto”, aseguró Ulivarri.

“Ahí entramos al techo de cristal”, dijo el abogado. Agregó que en la historia del Servicio Penitenciario “ninguna mujer accedió a los cargos más altos de la jerarquía penitenciaría, prefecto y subprefecto”. Además, de los ochos cargos que conforman la plana mayor, y que trabajan junto a los directores, solamente uno es ocupado por una mujer.

Si bien la designación del director y subdirector corresponde al Ejecutivo Provincial, nunca fue designada una mujer en esos cargos.

El Juzgado de Violencia Familiar y de Genero de 2º Nominación dio un plazo de 90 días para que el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, junto al Servicio Penitenciario adecuen su legislación orgánica a las cuestiones de género. El plazo venció en abril de 2019.

Ante esa disposición, desde la parte de Farfán se elaboró un protocolo para la eliminación de la discriminación a la mujer en el Servicio Penitenciario de la provincia que fue presentado en diciembre de 2018 ante el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia y el Observatorio. El 4 de enero del 2019 se presentó en la Secretaría de Derechos Humanos.

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