El macrismo sigue adelante con el festival de efectivizaciones en la administración pública. A tres día de las elecciones generales que parecen encaminadas a determinar la salida de Mauricio Macri del poder, el Gobierno dispuso este jueves encarar el pase de más de 300 empleados a la planta permanente del Estado nacional.

El proceso para efectivización del personal quedó formalizado con la publicación de las resoluciones 395, 396, 397 y 398 de la Jefatura de Gabinete en el Boletín Oficial. El detalle de los ingresos a planta permanente en distintas depenedencias es el siguiente: 75 para el Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, 116 para el Inadi, 41 para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 101 para la Secretaría de Legal y Técnica. En total son otras 333 trabajadores que se sumarán a la administración pública nacional.

En todos los casos se resuelve iniciar "el proceso de selección para la cobertura de cargos vacantes", según indican las resoluciones. Ahora debe ser el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) el ente encargado de formalizar las contrataciones a planta permanente de distintos trabajadores.

En los últimos días Página 12 había adelantado sobre una posible ola de contrataciones a días de la elección . Incluso, la semana pasada ya se habían publicado resoluciones similares que apuntaban en el mismo sentido: una convocatoria para concursar por 311 puestos en el Ministerio del Interior, en la dirección general de Migraciones, en la secretaría de Energía y en la secretaría de Gobierno de Modernización. Todas las resoluciones fueron firmadas por el secretario de Empleo Público, Pablo Martín Legorburu.

La explicación que dieron desde el oficialismo fue que son cursos para distintos cargos que están vacantes desde hace un tiempo. Rápidamente, desde la oposición salieron al cruce y acusaron al macrismo por el momento en la que decidieron ocupar estos cargos. 

"Estoy de acuerdo con que se regularice la situación de los trabajadores estatales. Lo que no se puede hacer es hacerlo en plazo de sospecha", dijo el diputado nacional Guillermo Carmona. Además, la oposición remarca que este tipo de medidas violan no solo el Pacto Fiscal que acordó el oficialismo, sino también el el decreto 632/18, por el cual el propio Gobierno de Macri congeló su planta hasta fines de este año, algo que también fue planteado en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Ante estas críticas, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, remarcó que las incorporaciones no "implican un aumento de la planta del Estado porque son puestos de trabajo ya ocupados, por lo tanto no está en contra de la Ley de Responsabilidad Fiscal ni del Decreto 632/18". "Se trata de convocatorias a concurso para empleados que trabajan hace más de 10 años en la Administración Pública Nacional. Esta es una política que se viene desarrollando desde 2016 y que implica el ingreso o permanencia en el Estado bajo criterios de mérito e idoneidad", explicó.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal publicó un informe en el que consigna que el Gobierno suspendió 1910 concursos y cajoneó otros 3964 . Incluso, señalaron que, en lo que va de la gestión, sólo se designaron 1519 cargos por concursos internos, de los que un porcentaje ínfimo son profesionales. "Sorprende, cuando Macri e Ibarra hablan de jerarquizar la capacitación y profesionalizar la administración pública", remarcan en el comunicado a cargo de la Secretaría Gremial coordinada por Luciano Fernández.