Es inagotable la lista de tareas con consecuencias domésticas que espera al próximo presidente de la República. Ahora, es a suerte o verdad, o será verdad que no tenemos suerte.

Sin sobreactuaciones ni venganzas ni chivos expiatorios: una tarea que merecería ser la décimotercera de Hércules. Aún así, la política exterior sigue siendo un tema importante.

En la discusión cotidiana, es muy difícil evitar que se nos haga la pregunta: “¿Usted cree o no cree que Nicolás Maduro es un dictador?”. Ese expediente para descalificar o permitirle pasar el examen al interrogado, no da pistas para saber qué sería más conveniente hacer diplomáticamente para ayudar a nuestros hermanos.

La política exterior es una manifestación fronteras afuera de las ideas de quien gobierna. Cuando se la usa fronteras adentro en el marco de una contienda electoral, pasa a formar parte del cotillón partidario, o del repertorio de armas de intoxicación masiva del autodenominado “periodismo de guerra”.

Puertas adentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, la recepción de cartas creedenciales a la abogada Elisa Trotta como embajadora, desató una combustión de energías dignas de ser empleadas en otros menesteres.

El pasado 11 de octubre, el Gobierno anunció su reconocimiento pleno como Embajadora de Venezuela ante nuestro país. A pesar de las pompas y circunstancias del anuncio, la abogada presentó en ese momento copias de cartas y, hasta hoy, no se ha verificado la presentación de los originales ante el Presidente Macri. Más adelante, la enviada despositó requerimientos de inventarios de bienes y para que se retiraran los funcionarios diplomáticos que están ejerciendo sus funciones en la Embajada. Tampoco se sabe si dichos pedidos fueron tramitados (como con la declaración como “organización terrorista” a Hezbollah).

¿Qué pasó aquel 11 de octubre? El 23 de enero de 2019 el Grupo de Lima reconoció a Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela. El reconocimiento de un gobierno, cuando hay otro gobierno que desempeña el control de un país, es considerado “intervención en asuntos internos”, lo que resulta lesivo a uno de los principios básicos del Derecho Internacional. El “reconocido de Lima”, hasta el presente, no gobierna el territorio de Venezuela. Tampoco representa indiscutiblemente la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano, estando su representatividad condicionada por el apoyo con que cuenta el régimen de Maduro de un sector de la población. Más allá de la política parroquial, esto es derecho constitucional e internacional.

De allí que no se observaran casos en el Derecho Internacional en que se hubieran aprobado credenciales de delegados nombrados por un gobierno que no hubiera tenido en algún momento control sobre el territorio de un Estado. Una especie de paradoja de Schrödinger (“experimento del gato”), según la cual nos es dado sospechar que el gato está vivo y muerto a la vez.

Ello fue advertido por áreas técnicas competentes de Cancillería, a las que no se escuchó. El Ministerio dispone de un registro denominado MovDoc –sistema de comunicación interna-. En la práctica, no hay registro de consultas u opiniones sobre la juridicidad y las posibles implicancias de tales medidas de reconocimiento. Por el contrario, se optó por mecanismos informales y reuniones excluyentes en el proceso de toma de decisiones.

Desde que la señora Trotta fue investida del cargo de Representante en Misión Especial en los términos de la Convención sobre Misiones Especiales de Nueva York de 1969, fatigó distintos medios políticos, sociales y de comunicación como “embajadora de Venezuela”.

El 11 de octubre pasado el Gobierno de Mauricio Macri decidió dar un nuevo paso -que hasta entonces sólo habían dado los Estados Unidos-, y anunció el reconocimiento de la señora Trotta como Embajadora de Venezuela.

No se percibe qué se perseguía con esa medida (¿electoral?); aún no ha despertado reacción alguna de las autoridades de Caracas, pero puede acarrear efectos muy serios.

Atento a que se mantienen relaciones diplomáticas, continúa funcionando tanto nuestra Embajada en Caracas como la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, con Encargados de Negocios y funcionarios diplomáticos en ambas dotaciones. Se destaca el servicio consular a los nacionales de cada país en ambas jurisdicciones.

No puedo menos que preguntarme si alguien de la corriente administración pensó en quién daría servicio consular a los más de 180.000 venezolanos que viven en nuestro país, de avanzar la anunciada toma de posesión del cargo de “Embajadora” de la Señora Trotta.

Como dicta la liturgia empresarial, los resultados que se imagina obtener reinan por sobre los medios empleados para hacerlo. Es que obsecuente es aquél, que ve al líder caminar hacia el precipicio y lo alienta a dar un paso al frente.