En relación a la nota que Página/12 publicó el sábado 26 de octubre titulada “Una capacitación para aprender a discriminar” llevada a cabo por la Consultora REDES basada en los dichos de una asistente a un curso sobre matriculación y derecho de admisión en los colegios privados, y no habiendo consultado previamente a los organizadores de dicha capacitación, como Presidente de REDES me parece importante aclarar muchos de los puntos planteados en la nota.

Desde hace 28 años REDES se dedica a asesorar a los colegios de gestión privada en el cumplimiento de las diversas normativas que los regulan en cuestiones impositivas, laborales, previsionales, legales, etc. La capacitación a la que hace referencia la nota fue sobre distintos temas vinculados a la matriculación de alumnos y el deber de informar las condiciones contractuales y administrativas a las familias, a la autoridad educativa y a la Secretaría de Comercio. Uno de los puntos que se trabajó en la jornada fue el de la normativa respecto a la eventual no rematriculación de alumnos/as de acuerdo a las leyes vigentes (Ley 2.682 en la Ciudad de Buenos Aires y Ley 14.498 en la Provincia de Buenos Aires). Las instituciones educativas no pueden hacer lo que les parece, sino que deben ceñirse a lo legislado. Y esto promovemos desde REDES: capacitar a las escuelas para que actúen dentro de la ley, no para que encuentren atajos para no cumplirla.

Tal como menciona la nota, una directiva de un colegio confesional consultó acerca de un caso de transición de género que está viviendo un estudiante que está por egresar, y su deseo --trasmitido por su madre-- de recibir el diploma y ser llamado al escenario con su nombre autopercibido. A raíz de la pregunta de la directiva acerca de si la escuela podía negarse a raíz de su ideario institucional, le respuesta textual fue: “sería soberbio de mi parte opinar respecto a sus creencias religiosas, pero la normativa vigente (a partir de la ley 26.743 de identidad de género) le da el derecho al alumno respecto a lo que solicita”. Es decir, claramente lo opuesto al subtítulo de la nota “La consultora Redes S.A, enseña a evitar problemas legales cuando se deja sin vacante a gente con cambio de género o por llevar pañuelo verde”.

En relación a lo que la asistente al curso dijo respecto a que se presentó una diapositiva sobre el “documento que tendrían que firmar los estudiantes ingresantes”, evidentemente no entendió las cosas, ¿cómo va a pedir el colegio que firmen los menores de edad? Eso sería absolutamente ilegal.

Es importante aclarar que la misma se refería al contrato educativo que las familias firman con los colegios, que se compone de las pautas administrativas, el proyecto educativo institucional y el reglamento interno. Ninguno, desde ya, puede ser contrario a las leyes vigentes.

Por último, quisiera reflexionar acerca de que ningún colegio está buscando con lupa a cuántos alumnos puede echar. Las consultas estuvieron relacionadas a situaciones problemáticas tales como un padre o madre que ingresa a un colegio y agrede verbalmente, o agresiones físicas a un docente o directivo. La educación en Argentina es pública, y todas las escuelas deben acatar las normativas vigentes, por lo que desde REDES propiciamos que las escuelas de educación pública de gestión privada puedan ser gestionadas de manera eficiente y respetando dichas normativas. Lo que les enseñamos a las escuelas es a actuar dentro de la ley, de ninguna manera a discriminar.

Andrés Sirotzky es presidente de Redes para la Administración y Organización Escolar S.A.