El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Busca introducir cambios en el Código Procesal Penal de la Provincia de Salta para que las víctimas puedan constituirse en querellantes desde antes de la imputación que realizan los fiscales y participar de las investigaciones penales. 

También prevé la posibilidad de que las organizaciones sociales y de derechos humanos o comunidades indígenas puedan presentarse como querellantes ante casos donde estén siendo afectados intereses colectivos. La iniciativa fue presentada por el legislador de Planifiquemos Salta, Arturo Borelli, y obtuvo dictámenes favorables con modificaciones de las comisiones de Justicia y de Legislación General.

Borelli explicó que en la actualidad "solamente cuando se produce la imputación formal del fiscal se le da participación a la víctima que en la investigación penal preparatoria es un convidado de piedra. Con las modificaciones esto cambia, el querellante autónomo puede recusar funcionarios, pedir diligencias, una contestación por escrito o poner un perito de parte".

Antes el legislador había planteado la figura de pretenso querellante: "no estaba introducido en ningún artículo sino que era el concepto rector con el que nosotros lo presentábamos", aclaró Borelli. "Estuvimos discutiendo y nos resultó mejor querellante autónomo", explicó.

Borelli insistió con que el proyecto no es una innovación suya sino que ya está contemplado en el Código Procesal Penal de la Nación y en el Código Procesal Penal de la Provincia de Chubut. "Nos hacemos eco de eso. Va a tener más participación la víctima y se va a poder pasar de una acción pública a una privada. Se va a poder intervenir cuando se considere que hay un colectivo en riesgo, se abre la posibilidad para que las organizaciones sociales y gente interesada en temas ambientales o de corrupción puedan ser querellantes", planteó el diputado.

El legislador hizo referencia a casos de "impunidad muy resonados", como el de Cristian Gallardo "donde la familia reclamó la participación en la autopsia que finalmente no se dio. Lo mismo en el caso de Jorge (Gury) Farfán que son muestras de estas deficiencias enormes que tiene la justicia y el Código Procesal Penal". Aclaró que con las modificaciones propuestas no se van a subsanar esas cuestiones de la justicia, sin embargo, se atenderá a los "reclamos de familiares, de organizaciones sociales, de derechos humanos, del Partido Obrero" y es un "avance necesario", opinó Borelli.

Antes de obtener dictamen de las comisiones, el proyecto fue revisado y avalado por el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y el Ministerio Público Fiscal. "El procurador general, Abel Cornejo, nos invitó a una reunión y adhirió al proyecto. Han podido participar ampliamente varios sectores. Dieron su opinión los diputados (de la Comisión de Legislación General) Guillermo Martinelli y Lucas Godoy, a quienes agradezco", expresó Borelli.

El diputado del Partido Obrero, Claudio Del Pla, fue el único que tomó la palabra para opinar en la Cámara y manifestó que coincide con el proyecto porque "favorece el derecho de la víctima en el proceso penal". Dijo que desde su bloque habían presentado uno similar y por lo tanto consideró que éste se apruebe como "un paso adelante". "La justicia es clasista, dependiente del poder político" planteó y se refirió a casos de gatillo fácil que han conmocionado a Salta este año. "Donde la impunidad acompaña los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y donde hay un entramado muy poderoso, dar recursos a la víctima implica mejorar este cuadro tan adverso frente a un estado que se esfuerza porque no tengamos justicia", sostuvo el diputado.

El proyecto pasó al Senado en revisión. Borelli dijo que ya se contactó con algunos senadores y espera reunirse con ellos para exponer sobre la importancia y los fundamentos de la iniciativa.