Presentaron un informe para actualizar el Plan Director de Política Penitenciaria
Un encuentro para humanizar las cárceles
El panel de presentación del informe, en el Centro Cultural de la Ciencia.El panel de presentación del informe, en el Centro Cultural de la Ciencia.El panel de presentación del informe, en el Centro Cultural de la Ciencia.El panel de presentación del informe, en el Centro Cultural de la Ciencia.El panel de presentación del informe, en el Centro Cultural de la Ciencia.
El panel de presentación del informe, en el Centro Cultural de la Ciencia. 
Imagen: Sandra Cartasso

Ante la situación de crisis que hay en las cárceles del país, donde se registran torturas, muertes violentas y superpoblación carcelaria, en agosto pasado, una mesa de trabajo integrada por científicos del Conicet, investigadores y docentes de la Universidad Nacional de San Martín, y personal superior retirado del Servicio Penitenciario Federal (SPF) realizaron una revisión del Plan Director de la Política Penitenciaria Nacional 1995 --el plan que estuvo vigente hasta que el macrismo lo reemplazó por el Plan Estratégico 2016-2020--. Este martes, en la sala 2 del Centro Cultural de la Ciencia presentaron un adelanto del informe que están elaborando para actualizar el plan que consideran un instrumento serio, de largo alcance, y que incluye una perspectiva integral para abordar la problemática apuntando a la reinserción social de las personas privadas de su libertad.

El panel se llevó a cabo este martes por la tarde en la sala 2 del Centro Cultural de la Ciencia, en el Polo Científico Tecnológico del barrio de Palermo. Donde expusieron las dos coordinadoras del trabajo, la directora del Centro Universitario San Martín, la antropóloga Natalia Ojeda, y la investigadora y docente Andrea Lombraña, junto a la jueza de ejecución penal Vilma Bisceglia, el abogado y ex director nacional del Servicio Penitenciario Benito Sánchez Paredes y su colega Jorge Ceballos, el sociólogo y exdetenido Damián Ríos, y la licenciada en Ciencia Política y Coordinadora de la Subcomisión de Seguridad del Frente de Todos, Silvia La Ruffa.

Las intervenciones, desde distintos ángulos, visibilizaron el lado B de la seguridad pública, el que deja al descubierto qué hacen los gobiernos y la sociedad con su sistema penitenciario, sus presos y sus cárceles.

En la apertura, Lombraña explicó que decidieron retomar el Plan Director diseñado por el exsecretario de Política Penitenciaria Julio Aparicio (presente en la sala) porque "es un programa integral largoplacista que dejó cierta marca en los actores" que intervienen en este campo. Remarcó que el plan "identifica la centralidad del estado en el tratamiento y resocialización y abarca el trabajo penitenciario de manera integral para abordar la cuestión, y no sólo como un instrumento orientado a reducir los índices de criminalidad, poniendo a la justicia social como única vía hacia el respeto de la dignidad de las personas y su derecho a poder reintegrarse a la comunidad".

A su turno, Ojeda, planteó como líneas de acción a seguir, por un lado, la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario y la revisión de las últimas modificaciones de la ley de Ejecución penal, especialmente en lo referente a la progresividad de la pena, aunque se encargó de señalar que será una discusión espinosa y a largo plazo. También apuntó a "la creación de un proyecto de ley específica para la regulación de la actividad laboral de las personas privadas de su libertad, y un plan de carrera para el trabajador penitenciario, sustentado en una ley que dé cuenta de la formación y capacitación del personal". En tanto Bisceglia señaló que las cárceles son parte de la sociedad y no una excepción. Y centró su mirada en la superpoblación carcelaria producto de la ley de flagrancia implementada en 2016 que, dijo, "dio comienzo a una saga de detenciones", que llenaron los establecimientos carcelarios de personas detenidas por delitos menores y con penas cortas. Y apuntó a la necesidad de trabajar en la reinserción social de esas personas tomando en cuenta la fecha de vencimiento de su pena para pensar en "cuál es el plan de vida cuando egresan, quién los va a acompañar, qué tipo de trabajo van a realizar", y remarcó que para todo eso es necesaria la participación del Estado.

El ex integrante del servicio penitenciario Sánchez Paredes habló de valorar la experiencia de los penitenciarios. Sostuvo que "sin personal penitenciario adecuado nunca alcanzarán las reformas". Y remarcó la necesidad de una infraestructura adecuada, que incluya establecimientos abiertos, semiabiertos y cerrados, para un tratamiento digno de las personas y que dé lugar al cumplimiento progresivo de la pena. Mientras que Ríos, quien pasó 16 de sus 38 años privado de su libertad, puso el acento en la progresividad de la pena sin la cual la persona detenida no tiene un horizonte de vida. En el cierre, La Ruffa sostuvo que "el abordaje que hacen los medios impide que se avance en las reformas, cuando no entienden que la cárcel no es para castigo sino para la resocialización".

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ