Se limita el acceso a la vivienda
Crecen los alquileres temporarios destinados al turismo
La búsqueda de mayor rentabilidad aumentó la cantidad de viviendas ofrecidas para turistas. Sin políticas públicas para los sectores más vulnerables, el acceso a los alquileres se dificulta por los requisitos que se piden.

La organización Hábitat para la Humanidad Argentina realizó un estudio cualitativo sobre la situación de los alquileres en tres ciudades del país con más de 500.000 habitantes. El trabajo se canalizó a través de la Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y tomó las ciudades de Salta, Rosario y Mendoza.

En esos tres lugares se consultó a inversores, organismos municipales y provinciales, sector inmobiliario, organizaciones de la sociedad civil,  inquilinos, referentes comunitarios y al sector académico.

“Es un estudio exploratorio donde pretendemos empezar a registrar las voces propias de quienes se vinculan con los alquileres para establecer la necesidad de ponerle un número a este fenómeno”, dijo la especialista en alquileres de Hábitat para la Humanidad Argentina, Guadalupe Granero. Esto se debe a que no hay datos técnicos que permitan describir las situaciones de los alquileres en las ciudades por fuera de la provincia de Buenos Aires. 

Informó que, de acuerdo a las entrevistas realizadas en Salta, existe la particularidad de que “está creciendo el alquiler temporario”. Según Granero, los alquileres permanentes pasaron a ser temporarios y destinados al sector turístico: “El desplazamiento es una cuestión de rentabilidad para los propietarios”. En este sentido, representa un mayor margen de ganancia ofrecer alquileres dolarizados por sobre el alquiler en pesos.

Granero agregó que este traspaso también se da en un contexto en donde no hay regulación sobre el tema. Los propietarios “no están sujetos a tributaciones, exigencias en las condiciones de higiene y seguridad. La única inversión que necesitan es amoblar el lugar y ocuparse de gastos de limpieza regular, por ejemplo”, explicó la especialista. “La ganancia es extraordinaria”, afirmó.

En consecuencia, son los sectores más vulnerados quienes suman otro aspecto al difícil acceso. Al realizarse el desplazamiento a alquileres temporarios, la oferta de alquileres con períodos más prolongados en el tiempo es menor.

Otros de los aspectos que dificulta a las clases más bajas, se debe a “la brecha entre el valor del alquiler y los ingresos de la población inquilina”. Además, se agregan los requisitos exigidos para acceder a alquileres por contrato. Los más recurrentes son los pagos adelantados y garantías. También, se suman aquellos que denotan discriminación, “como no aceptar niños, mascotas o plantas”, dice el estudio.

“Los valores promedios de los alquileres representan alrededor del 40% de los ingresos de los sectores más bajos y del 25/30% de los sectores medios”, afirmó uno de los consultados por el equipo de Hábitat. Esto, considerando un salario promedio de entre $20000 y $25000.

Por ello, las familias que no pueden acceder a contratos más prolongados y con menores costos, “acceden a mecanismos de informalidad en el alquiler”. “Varias familias se ven obligadas a alquilar una vivienda en condiciones de hacinamiento o alquilar habitaciones en casa de familia o inquilinatos”, todas sin ningún tipo de regulación.

Otros de los mecanismos adoptados es prolongar la permanencia en la vivienda familiar o retornar a ella o mudarse a una localidad más alejada de la capital, con menores costos.

La demanda de alquileres para la población de medianos y bajos ingresos no es cubierta en ninguna de las ciudades. Según el estudio, esto evidencia que pensar al alquiler como vivienda social no es algo que a los mercados les interese. Además, las viviendas que se construyen no están pensadas para ser habitadas sino para ser vendidas.

Intervención del Estado

Un dato importante es que en las ciudades de Salta y Rosario, los representantes de los sectores inmobiliarios opinan que la intervención estatal no es necesaria. Esta afirmación denota que el alquiler no tomó su dimensión social aún.

Por su parte, los otros sectores señalaron que es necesaria la creación de políticas públicas focalizadas. Y que estas políticas cuenten con datos certeros sobre la problemática habitacional dentro de una política pública nacional.

En la provincia salteña son alarmantes los  aumentos de los índices de déficit habitacional. “En Salta el déficit habitacional pasó de 46.768 viviendas (censo 2001) a 62.340 (Censo 2010) y se ubicaría hoy, de acuerdo con las proyecciones poblacionales del Anuario Estadístico de la Dirección General de Estadística de la Provincia, en 72.203 viviendas”, sostiene el estudio.

En 2017, el gobierno provincial realizó una modificación en los organismos que regulaban la política habitacional. Se eliminó la Subsecretaría de Tierra y Habitat y solo quedó el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Los entrevistados aseguraron que, con esta decisión, los policías, maestros y empleados públicos, se quedaron fuera de alguna consideración. Además, porque estos sectores no pueden acceder a una compra de inmuebles y “no disponen de créditos hipotecarios accesibles”.

Se registró una política pública relevante en relación al alquiler en la provincia. “Durante los años 2010 y 2011 el IPV implementó un programa llamado de “inquilino a propietario” para poder acceder a una vivienda propia”. El programa estuvo dirigido a todos aquellos salteños que se encontraban inscriptos en el organismo y que alquilaban. 

Los requisitos que se solicitaban era “contar con un contrato de alquiler vigente (con una continuidad de dos años ininterrumpidos y sellado por la Dirección de Rentas) y acreditación de ingresos actualizados y comprobables”. En el 2012 y por única vez, se entregaron 115 viviendas distribuidas en tres barrios: Los Tarcos, San Carlos y Huaico. Luego de esta entrega se dio por finalizado el proyecto.

Desde Habitat, destacan que el diagnóstico se realizó paralelamente a la promoción y creación de una nueva Ley de Alquileres. Con la intención de “mejorar las relaciones contractuales entre locatarios y locadores minimizando las diferencias existentes entre ambas partes, y permitiendo de esta forma un mejor acceso de los hogares a una vivienda adecuada”, especificó el informe.

“Se quiere instalar la necesidad de un programa de alquiler social, pensado desde una política nacional”, aclaró Granero. Además, dijo que la ejecución de una política nacional, tendría que responder a las necesidades compartidas que se reflejan a nivel país, pero que se ejecuten con un diseño de alcance federal respondiendo a la dinámica de cada territorio. 

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