Ya quieren correr hasta a los muertos  
Una jueza ordenó desalojar a campesinos pese a la ley que lo prohíbe 
Desde 2010 se prorroga una ley provincial que impide estas medidas. Los campesinos viven en el lugar desde hace más de 50 años. El empresario demandante está ligado a Salta Forestal.
Cándido Gómez Cándido Gómez Cándido Gómez Cándido Gómez Cándido Gómez 
Cándido Gómez  

Una notificación que llegó a Coronel Juan Solá (más conocido como Morillo), pueblo cabecera del departamento Rivadavia Banda Norte, puso en alerta a los campesinos. Pese a que desde 2010 a través de la ley provincial 7658 se impiden los desalojos, una jueza de Tartagal ordenó a una familia a desocupar el campo.

Este jueves los senadores dieron sanción definitiva a una nueva prórroga, por dos años más, del artículo 9 de esta ley. El ítem dispone que se suspende por dos años “la ejecución de sentencias cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 3999 o 4015 del Código Civil”. A partir de esta sanción, que aún debe ser promulgada por el Ejecutivo Provincial, la prórroga se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021.

Sin embargo, la jueza a cargo del juzgado de Primera Instancia de Personas y Familia de 2ª Nominación de Tartagal, Carmen Julia, notificó de su decisión de "intimar a Atilio Gómez a la efectiva entrega y desocupación personal y de todos los integrantes del grupo familiar o terceros, así como cosas y animales que se encontraren en el inmuebleen término de 10 días de notificación bajo apercibimiento de ley”.

La determinación de la jueza es tal, que ni siquiera tuvo en cuenta que el pretendido desalojado está fallecido desde hace casi cinco meses. 

Y hay otras falencias en la cédula de notificación del desalojo: “El nombre está mal, es Cándido, no Atilio”, indicó Marcela Carabajal, docente, ex intendenta de Morillo y nuera del encausado, quien falleció a los 91 años el 27 de junio pasado.


“Engañado”

La matrícula 3087, sobre la que se libró la orden de desalojo, se encuentra a tres kilómetros del pueblo de Morillo. Según Carabajal, Cándido fue “engañado” por el empresario Néstor Virgilio Cervera. En total la finca cuenta con 2.400 hectáreas, divididas por el paso de la ruta provincial 132, que conduce a Santa Victoria Este. Cervera “le dijo a mi suegro que iba a dividir y le reconocía una de las partes, que ocupaba 900 hectáreas”, contó Carabajal a Salta/12. La tierra fue alambrada y tras concluir los trabajos Cervera inició el juicio por reivindicación.

La familia se mostró sorprendida por la notificación, que, según se pudo conocer por referentes campesinos de la zona, habría llegado al juez de Paz de Morillo. Pero el funcionario decidió devolver las actuaciones por ser familiar de los Gómez. Hasta ahora las actuaciones no volvieron otra vez al pueblo para reiniciar el procedimiento de notificación y desalojo efectivo.

En la tierra de Cándido quedaron con la producción de ganado mayor sus hijos y nietos. Tienen más de 300 animales. La preexistencia de las actividades consta en papeles que llegaron desde Buenos Aires. Hay registros de que desde 1967 Cándido había gestionado “marca y señal” para sus animales. A ello se suma que su nombre ya aparece en el Registro de Pequeños Productores enmarcado en la ley provincial. Las pruebas fueron remitidas a la jueza que de todas maneras decidió el desalojo.

El diputado de Rivadavia y uno de los impulsores de la ley de suspensión de desalojos, Ramón Villa, repudió el accionar de la jueza y solicitó al nuevo gobierno, que será encabezado por Gustavo Sánez, dar protección a los campesinos si los jueces ignoran la ley.

Cervera y Salta Forestal

Néstor Virgilio Cervera, el demandante de Cándido Gómez, es uno de los socios de Agropecuaria Cervera, y ex socio de la familia del saliente diputado nacional, Alfredo Olmedo, para explotar tierras fiscales a través de Salta Forestal, ubicadas en el departamento Anta.

Tras la división con Olmedo, Cervera se asoció con Cresud para explotar las tierras.

Sin embargo, se conocía su actuación en el departamento de Anta, en donde se encuentra la cuestionada concesión de tierras fiscales explotadas en manos de privados. Allí también hay campesinos que piden que la propiedad de las tierras que ocuparon por generaciones les sea reconocida.

A partir de este caso, se conoce que también desembocó en Rivadavia, en donde Cervera aparece como propietario de otras fincas.

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