Escenas, cifras y testimonios de la participación juvenil en los sacudones de la región
Dónde está y hacia dónde va la juventud de América del Sur
Una camada despabilada, seducida por la nueva derecha, reprimida por las fuerzas y expulsada de la política. Todo a la vez.

Se puede pensar en Latinoamérica, en el Mercosur, como en un efecto contagio, en ramificaciones o en las ondas que hace una piedra lanzada al agua. En ese caso, ¿cuál fue la primera? Hubo protestas muy fuertes en Argentina a fines de 2017 y en 2018 contra la reforma laboral y previsional (medidas “recomendadas” por el Fondo Monetario Internacional), otras más fuertes en octubre de 2019 en Ecuador (contra la quita de subsidios a los combustibles, también por pedido del FMI), luego el estallido que empezó en Chile por el aumento del boleto del subte y perdura como cuestionamiento al modelo político y económico de distribución y representación, y el golpe de estado en Bolivia , que esconde debajo una disputa política de profundas causas económicas y raciales.

Ahora, en Colombia estalló el primer paro nacional contra las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno (precarización laboral, baja de salario a jóvenes y reforma previsional), en Uruguay ganó la derecha de Luis Lacalle Pou en una alianza que incluye a la ultra derecha de Cabildo Abierto (dirigido por el ex militar Guido Mannini, que ya suma 10 por ciento de los votos, y el 12 entre los jóvenes), y en Brasil, el cuco mayor de la región, gobierna Jair Bolsonaro, combinación de militar y evangelista , con profundas imbricaciones fascistas y anti derechos, y cuyo hijo acaba de ser apuntado judicialmente por el asesinato de la militante y política feminista Marielle Franco en marzo de 2018.

¿Qué aparece en esta secuencia de aconteceres que prometen tiempos nuevos continentales? Hace unos días, el vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Gabriel Tolkatián, escribió en Página/12 sobre el regreso de la cuestión militar : la activación de un lugar central por parte de las Fuerzas Armadas en la vida política interna de toda la región (excepto Costa Rica). Y dejó una duda: ¿qué está pasando en las democracias locales con juventudes que ven, por primera vez, el combate cuerpo a cuerpo con su propio ejército?

Mientras las fuerzas de seguridad recuperan un monopolio de la fuerza no solo legal sino legítimo, así como la potestad de ser árbitros de una contienda que es material y no solo simbólica, también se vuelve visible una juventud que o bien se hastió de las desigualdades congénitas de la democracia capitalista o bien parece haberle perdido el miedo a sus históricas salidas militares. Las discusiones van de la puja global por los recursos naturales (a la baja de los precios de commodities se suma el interés por otros como el litio en Chile, Argentina y Bolivia) a las políticas en cuanto a la distribución de la riqueza o el ajuste permanente: reformas laborales, precarización, acuerdos salariales en baja, discusión de convenios de trabajo, reformas previsionales y de pensiones, aumentos de tarifas energéticas y combustibles, ajuste fiscal.


Chile: una juventud que se despabila de la apatía

Cada país es complejo en sí mismo. En Chile llevan más de un mes de un estado de excepción en el que el presidente Sebastián Piñera se sostiene aferrado a una silla que pende de la represión diaria luego de haberle declarado públicamente la guerra al pueblo; aunque luego se disculpara. La explicación debe incluir, además, la histórica desafección de la juventud por la política tradicional. Con una participación electoral en declive, ante la no obligatoriedad , por estos días es común escuchar y leer que no hay interlocutores para la masa de grupos activistas y de protesta originados a partir de la sublevación de los más jóvenes ante el aumento del subte en Santiago.

Juan Venegas, doctor en sociología y autor del libro ¿Por qué los jóvenes chilenos rechazan la política?, dice que “hay un profundo rechazo a la estructura política formal y partidaria por parte de la juventud, pero no a la política como el interés por lo social“. Y hace una diferencia: “No es apatía, como se decía en los '90 en Chile: quedó rechazada esa idea. Lo que produce ese rechazo o desconexión es la falta de representación de los políticos en sus intereses, porque no han existido políticas públicas para la juventud, porque participar es visto como ineficaz y por la percepción de la falta de transparencia de los partidos”.

Esos movimientos juveniles ya habían mostrado su interés en una política ajena a lo partidario cuando en 2006 y en 2011, principalmente, protagonizaron sendas luchas que sacudieron a distintos gobiernos: no solo a Piñera sino también a Michelle Bachelet. Lo novedoso, además de la masividad, es que “ahora va apoyado con actos más violentos, más radicales, que ya no están mal vistos por la sociedad”, agrega Venegas, y explica que los jóvenes lideran las protestas “porque tienen menos miedo, también“.

Por estas horas, las protestas multitudinarias, que ya han dejado al desnudo la represión y la violación a los derechos humanos, se nuclean en torno a rechazar el acuerdo de paz sellado entre partidos políticos con representación parlamentaria que el 15 de noviembre dijeron que se haría un plebiscito para luego ver cómo se cambia la Constitución. La protesta, que empezó con el estallido de la juventud, consigue así un triunfo catalogado como histórico por todos los sectores consultados.


Entre la represión y la esperanza de una nueva Constitución

Desde Amnistía Internacional Chile –cuya directora ejecutiva fue amenazada de muerte tras presentar un informe sumamente crítico sobre las violaciones contra los derechos humanos del Gobierno–, explicaron al NO que ya hay 6 casos de asesinatos a manos de las fuerzas que están judicializados. En total se habla de más de 20 muertos, miles de detenidos y torturados, y al menos 220 personas que perdieron algún ojo o sufrieron lesiones visuales por los disparos de Carabineros. Finalmente, debieron dar de baja el protocolo y prohibir los balines que venían utilizando, pero se siguen sumando casos.

“Ya el decreto de estado de emergencia es grave, porque priva a las personas del derecho a manifestarse, a circular, pero además inevitablemente abre el lugar para otras vulneraciones: a la vida, a la integridad física y psíquica y no solo por hechos activos –herir, detener sin protocolos o golpearlas– sino también por omisión. Era evidente que el Gobierno no concentraba sus esfuerzos en atender demandas sociales legítimas sino en reprimir. Y lo siguen haciendo a tres semanas de haber levantado el estado de emergencia. Hay violación a los derechos humanos y se exige justicia, verdad y reparación”, explica al NO Sofía Lanyon, presidente de esa entidad, que denuncia y rechaza como “innecesario” el armamento de las fuerzas de seguridad ante marchas que han sido, en su mayoría, pacíficas.

Esto del gobierno chileno criminalizando la protesta está extendido a nivel continental y global, señala Lanyon: “Nos preocupa la forma en que se reprimen las protestas sociales a nivel mundial. Hay una tendencia de estigmatizar y equiparar la protesta con actos delictuales. Es un patrón que se repite no solo en América, Oriente Medio y Hong Kong”. La esperanza de Lanyon está puesta en haber derribado la Constitución pinochetista, que jamás había sido discutida.

Para Ignacio Abarca, psicólogo y militante de la Izquierda Guevarista chilena –un partido sin representación parlamentaria y, por ello, ajeno a los acuerdos–, la paz social acordada “es una farsa“ para el movimiento popular. “Es un acuerdo inconsulto entre cuatro paredes y de espaldas a los movimientos sociales, con el objetivo de reestablecer orden, enfriar protestas y abrir espacios a un proceso de criminalización de la protesta”, añade.

Abarca explica que las protestas siguen y advierte que, “pese a algunas mejoras sociales, se busca sostener los mismos parámetros de acumulación de este sistema económico, lo que es un blindaje a este sistema neoliberal”. Otro de los cuestionamientos centrales es que el plebiscito, anunciado para abril, queda muy lejos. Además se discute si los constituyentes serán, al menos en la mitad de sus partes, los legisladores actuales, o si se votarán nuevos delegados. También la capacidad de veto que le asigne al gobierno

Desde Puerto Montt, y en medio de las protestas de esta semana, entre ellas una que denunció la violencia policial contra mujeres , algunos manifestantes sin afiliación enviaron al NO videos y escenas desde las asambleas populares, en cabildos públicos, donde la gente está exigiendo que el acuerdo no sea ratificado por los mismos responsables políticos de la represión. El futuro está en veremos y, como señalan todas las fuentes consultadas, dependerá de cómo se forme la asamblea constituyente, de la continuidad de Piñera, e incluso de un cambio de modelo económico que dé por tierra con la histórica predilección chilena por el mercado en detrimento del rol del Estado.


Muerte, odio y ajuste en el norte de la región 

Ese rol estatal ha estallado también más al norte en la costa del Pacífico. Mientras que Ecuador se halla en una impasse tras las protestas masivas e indígenas anti ajuste de octubre, en Colombia se desarrolló la resistencia con el primer paro nacional del 21N, que pocos días más tarde le costó la vida a Dilan Cruz, un joven asesinado por el Escuadrón Antidisturbios en Bogotá , donde rigió el toque de queda por varias noches, al igual que en otras ciudades.

En Ecuador, también las juventudes son protagonistas y, con los movimientos indígenas, fueron claves para frenar y obligar a Lenin Moreno a dar marcha atrás con la quita de subsidios que había solicitado el FMI. Sin embargo, aún hay cierta latencia, una especie de espera, como señala ante el NO Jorge Cisneros, militante político y activista en Quito. Mientras celebran el freno al ajuste, denuncian que Moreno continúa la militarización constante, el vínculo fraternal con Estados Unidos y el temor a que el ajuste lo pasen por otros medios. La juventud, insiste, está agazapada a la espera de qué harán los líderes indígenas, de un lado, y el correísmo, del otro. Lo claro es que lo que viene es ajuste y represión, y que la resistencia aparecerá tarde o temprano en la calle otra vez.

En Colombia, por otro lado, el presidente Iván Duque mandó a cerrar las fronteras y pidió pacificar ante la masiva protesta y el primer paro nacional que debió enfrentar. Las calles inundadas de todo el país se manifiestan con dos ejes: contra la reforma laboral y la baja de salarios a los jóvenes  –recorte del 25 por ciento en el salario mínimo– y la militarización, que ya ha saltado otra vez en discusión. Aquellos históricos métodos del Ejército para sembrar la idea de que había terroristas y asesinar opositores indígenas ha vuelto a la orden del día.

Las fuerzas militares también sacuden Bolivia en una represión que ya se ha cobrado 32 muertos y miles de torturados y heridos, y muestran en Uruguay y Brasil una cara electoral. El fenómeno de las ultraderechas democráticas tiene sus ribetes –como demuestran Chile y Bolivia a las claras, pero también Colombia o Ecuador, cuando la protesta crece–. Aquí mismo, en Argentina, una fuerza netamente militarista y con discurso de mano dura como la de José Gómez Centurión logró llegar a las elecciones generales. Un fantasma recorre la región. Y es un viejo fantasma.


Del otro lado del charco: Uruguay gira a la derecha

En Uruguay, tras el triunfo por la vía democrática, la nueva derecha amenaza con barrer algunos hitos que se habían alcanzado con 15 años de Frente Amplio: legalización del aborto, legalización y producción estatal de cannabis, ley integral trans, y más. El líder de Cabildo Abierto suena como eventual ministro de Salud. El riesgo y el temor son tangibles, señala Mercedes Ponce de León, vocera de Uruguay Siembra, organizadores de Expo Cannabis.

En unos días inaugurará la sexta edición del evento termómetro de la industria cannábica regional, que además permitió observar el avance de políticas regulatorias estatales en la materia y más allá. Entre los foros de apertura estará la máxima autoridad de la Policía Nacional, que promueve –a partir de la experiencia de regulación y producción estatal– que todos los narcóticos sean regulados por el Estado, que se abandone el prohibicionismo y “la guerra” contra las drogas que tanto daño ha provocado a nivel global. Ese solo hecho podrá ser puesto en duda o riesgo ante la asunción de Lacalle Pou , que ya ha advertido que no está contento con la producción estatal, por ejemplo.

Militantes del Frente Amplio que pidieron resguardar sus nombres explican que lo que ha calado en la sociedad es el discurso de la inseguridad y la mano dura. Y aunque esperan que no se vulneren derechos adquiridos, se preparan para ciertos retrocesos o disputas. Una de las novedades es la existencia de un partido de ultraderecha que cautivó al menos al 12 por ciento de los jóvenes.

En un estudio de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) sobre el avance de políticas anti género y derecho, presentado hace unas semanas, se concluyó que el ascenso en Uruguay es porque regionalmente se observa a ese país como un “mal ejemplo” por los avances logrados y hacia allí se hizo un trabajo de inserción de estos sectores para “recristianizar” la región. Otro foco al que atender si se observa, a través de un cruce hacia el altiplano, el modo en que vastos sectores evangelistas y de la juventud cruceña o paceña fueron claves en las protestas contra Evo Morales primero y en la defensa del golpe de Estado después.

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