El gobierno porteño quiere vender ocho hectáreas en Palermo
Torres de 150 metros y concesiones por 50 años en el predio de la Policía Montada
También funciona allí la Interpol. El oficialismo busca enajenar ese predio para fomentar negocios inmobiliarios.
Imagen: Guadalupe Lombardo

Cada terreno del Estado porteño donde no se alza una megatorre parece ser el estímulo  para que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta satisfaga su pulsión privatizadora. Un nuevo proyecto presentado por el Ejecutivo de la Ciudad, que se tratará la semana que viene, busca rezonificar el predio de ocho hectáreas donde funcionan, entre otras dependencias, la Policía Montada, y donde hay inmuebles protegidos por su valor patrimonial como "La Boyera", para levantar torres de hasta 150 metros y concesionar espacios por 50 años. La iniciativa transformará el predio zonificado como UP, Distritos Urbanización Parque, que corresponden a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de uso público, en zona urbanizable. "La zonificación es una previsión a futuro, para cuando lo que estaba no esté más, y esa promesa de planificación se rompe para hacer negocios inmobiliarios", dijeron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC).

El proyecto comprende la rezonificación de las calles Cavia, Chonino, Casares y Figueroa Alcorta, que delimitan el predio que pertenece a la Ciudad y que tiene como inquilino desde 1938 a la Policía Federal. En sus ocho hectáreas, además del cuartel de la Montada, funcionan 30 dependencias de la PFA y el departamento de Interpol.

Como en cada iniciativa para privatizar tierras del Estado, el proyecto denominado "Complejo Cavia" desafecta los inmuebles del dominio público y los declara innecesarios para la gestión del Gobierno.

Para avanzar con los negocios inmobiliarios en esta zona, una de las más cara de la ciudad, también modifican el Área de Protección Histórica 2, Parque Tres de Febrero. Al mismo tiempo, el plan de la inmobiliaria oficialista contempla que en dos de los polígonos en que se divide el predio se levantarán torres. En el polígono 1, de 22.579 metros cuadrados de superficie, se podrá edificar hasta 150 metros de altura; en el 2, de 6632 metros cuadrados, hasta 38 metros de alto.

En cambio, los polígonos 3, 4 y 5 tendrán espacio verde y parquizado, destinados a uso y utilidad pública y concesiones comerciales. Sólo el 6, una franja a lo largo de la calle Casares tendrá espacios verdes.

Con el mismo argumento utilizado por el gobierno para otras privatizaciones, el proyecto asegura que el "producido resultante de la disposición de los Polígonos 1 y 2 y los ingresos provenientes del uso o explotación de los Polígonos 4 y 5 y del bajo rasante del Polígono 3 serán destinados al financiamiento de obras de infraestructura de salud y educación, transporte y servicios, equipamiento social, espacios públicos, vivienda social, promoción del alquiler social, reurbanización de barrios vulnerables, así como a las obras de infraestructura y servicios en el Área U-"Complejo Cavia". Algo que los especialistas consultados sostienen que es muy difícil de verificar porque el dinero va a cuenta corriente.

En la propuesta se autoriza la concesión de uso y explotación o de obra pública de esos espacios por un plazo de hasta cincuenta años.

En los fundamentos de la iniciativa se señala que el predio "se encuentra en una zona de muy buena accesibilidad, que forma parte del eje norte de estructuración de la Ciudad, y que admite el desarrollo de equipamiento de escala urbana-metropolitana, articulando así otros importantes equipamientos, tales como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, la Plaza República del Perú y el Parque 3 de Febrero".

Los legisladores del oficialismo acordaron debatir el tema en la última sesión del año. Y si bien cuentan con mayoría para aprobar el proyecto, la aprobación sería en primera lectura, por lo que deberán convocar a audiencia pública y someter el proyecto a una segunda lectura el año próximo, con la nueva composición de la Cámara, donde necesitarán tejer otras alianzas para conseguir los votos necesarios para sancionar la ley.

La Boyera, salvada

Por otra parte, en la tarde del viernes, ante la presión de un grupo de vecinos y defensores del patrimonio, el oficialismo confirmó que retiró de la propuesta la concesión del sector La Boyera, que data de 1880, y que era donde se guardaban los bueyes utilizados para los trabajos de mantenimiento del espacio verde.

El integrante del ODC Diego Gonzalo Falcón dijo a Página/12 que la privatización de los predios "constituye un avance más de la apropiación privada del entorno ribereño en connivencia con el gobierno de Larreta. Por una parte se permiten vender 3 hectáreas para la construcción de 250.000 mil metros cuadrados para torres de hasta 150 metros de altura. Otras 2 hectáreas se concesionan a 50 años. Y en el supuesto espacio verde que se generaría se autoriza la construcción de estacionamientos subterráneos, es decir, no serán espacios verdes públicos de acuerdo al Código Urbanístico por no ser superficie absorbente".

Y agregó que "los espacios verdes del Polígono 6 serán el patio de este gigantesco emprendimiento inmobiliario y comercial y apenas alcanzará para los nuevos habitantes de estas torres. No sumarán más espacios verdes para el resto de la Ciudad". Y remarcó que "estos predios actualmente se encuentran en Distrito UP, es decir, están destinados a ser un gran parque público a futuro no para torres suntuosas inaccesible para el 95 por ciento de la población. Cada venta de terrenos repercute directamente en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, ya que son oportunidades perdidas de generar espacios verdes que tanta falta le hacen a la Ciudad, que tiene un promedio de metros cuadrados muy por debajo del mínimo propuesto por la OMS".

En este sentido, señaló que la venta no tiene criterio razonable de ventaja para la ciudad y advirtió que "se han perdido oportunidades históricas como el playón Colegiales y nada pareciera hacer suponer que vaya a cambiar el modus operandi de venta de tierras públicas a favor de privados y en detrimento de los habitantes. Consecuencias de un gobierno que privilegia el desarrollo inmobiliario a costa de la calidad de vida de los ciudadanos".

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