Las políticas macristas de achique y ajuste en territorio porteño siguen poniendo en alerta al sector cultural. En la mañana del viernes, la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña trató un proyecto de ley que intentaba “desafectar” del dominio público a los edificios de Estudio Urbano y la Dirección de Música --ambos en plena actividad-- por considerarlos “inutilizables e innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Pero la comunidad cultural pudo reaccionar a tiempo y lograr que ambos edificios fueran removidos del listado, que incluye a otros 29 inmuebles. Con esa modificación, el proyecto de ley fue aprobado en comisión y será debatido el jueves de la semana que viene en la Legislatura.

Lo curioso es que ambos edificios se encuentran en pleno funcionamiento y con un cuerpo de trabajadores y trabajadores que realizan tareas con normalidad. Por eso, los responsables de estos espacios recibieron con sorpresa y preocupación esta propuesta de ley que ponía en riesgo fuentes de trabajo y proyectos culturales activos. "(Formar parte de este listado de 'inmuebles innecesarios') es un gran interrogante que ni siquiera desde el Ministerio de Cultura nos lo pudieron explicar. Es una ley ómnibus que manda el Ministerio de Economía o de Hacienda, no es algo que sale del Ministerio de Cultura. Todos nos encontramos con esto, nunca nos habían avisado ni sabíamos nada de esta situación”, explica Leandro Marques, coordinador de Estudio Urbano, un espacio integral de capacitación, formación y producción, y estudio de grabación profesional que depende de la Dirección General de Música y el Ministerio de Cultura de la Ciudad.

“No nos dieron ninguna razón. Apenas nos enteramos (este lunes), empezamos a movernos e hicimos esta campaña a través de redes sociales y hoy nos dijeron: ‘ok, lo sacamos’. Desde Cultura nos dicen que fue error, que ellos no lo autorizaron”, precisa Marques, al frente de Estudio Urbano hace doce años. “Si no había reacción, hoy Estudio Urbano estaba dentro de ese listado. Porque hay una decisión de vender edificios que forman parte del dominio público. O sea, lo que la ley va a generar es la flexibilidad administrativa de que los inmuebles se vendan casi ningún obstáculo burocrático si el gobierno así lo decide. Muchos de esos edificios de la lista están vacíos pero otros funcionan. Algunos están ocupados por vecinos de recursos vulnerables y organismos vecinales y sociales”, completa Marques. Entre los edificios que podrían ser “desafectados” algunos pertenecen a la cartera de Educación.

El otro edificio que estaba en riesgo pero que fue removido del proyecto de ley es la Dirección de Música. Son edificios de relevancia en donde se desarrollan las actividades culturales musicales más importantes de la Ciudad. En la mañana de este jueves, una delegación de “compañeros de Música” se acercó a la Comisión de Presupuesto de la Legislatura y les explicaron a los legisladores “que (la Dirección de Música) no era un terreno baldío, que eran dependencias activas y crecientes, con personal adentro, y que no había ninguna razón que justificara tales ventas”, cuenta Andrea López, integrante de la Comisión Intersindical de los Trabajadores de la Dirección de Música. “La Comisión aceptó retirar esos inmuebles. Pero lo que no ha sucedido todavía es que detenga la mudanza del personal de la sede de Alsina. Ese conflicto comienza porque (el gobierno) quiere desalojar la Escuela Taller Casco Histórico para ampliar el Metrobús”, denuncia López. “Lo que queremos es lograr que no saquen a los compañeros y compañeras del edificio de la calle Alsina, de la Dirección de Música. Así que la lucha sigue”.

Según el texto de la ley que se discutirá la semana próxima en la Legislatura, con las modificaciones mencionadas, la treintena de inmuebles que integran la lista y que supuestamente fueron “analizados de manera exhaustiva” “resultan inutilizables para los objetivos de la Ciudad, ya sea por la ausencia de uso público o la ocupación de los mismos por reparticiones que son objeto del Plan de Relocalizaciones de distintas dependencias del Gobierno” porteño. Bajo una “política de austeridad”, “se dispone la enajenación de estos inmuebles que permitirá la obtención de fondos con una afectación concreta y que representa un mayor beneficio para la gestión”. Para Marques, el texto de ley es “indignante”: “¿Qué onda? Por Estudio Urbano pasan mil alumnos por año, se anotan 500 bandas que graban su material, viniste a hacer un ‘estudio exhaustivo’ ¿Y decís que es un espacio inutilizado e innecesario? No creo en las casualidades, alguien reportó la dirección de este edificio, no se anotó solo”.

Este intento de desfinanciamiento forma parte de una política sostenida y sistemática del gobierno porteño. En la Dirección General de Música, hace una década comenzó un proceso de degradación, que se inició con la reducción del presupuesto artístico, la desinversión en equipamiento, la reducción y precarización del personal y el deterioro edilicio de todas las sedes.