A las 12:31 del último miércoles, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, dio por caída la sesión que había sido impulsada por distintos sectores de la oposición para tratar, entre otros importantes temas, varias iniciativas relacionadas con los jubilados y las jubiladas. Lo hizo desconociendo el pedido de nuestro bloque de prorrogar una hora el inicio de la sesión a la espera de la llegada de legisladores/as que tenían imprevistos, como por ejemplo algunos del interior que venían con algunas demoras en sus vuelos.

En administraciones anteriores era habitual que ante situaciones como las descriptas se concedieran los pedidos de prórroga. Era una cuestión de buenas prácticas y de convivencia parlamentaria. Está claro que el oficialismo no quería tratar el temario propuesto.

Ese mismo día, en las inmediaciones del Congreso una vez más las fuerzas de seguridad reprimieron con saña. Hubo una combinación de crueldad en la calle y dureza en los procedimientos dentro del recinto. ¿Qué es lo que no querían tratar los bloques oficialistas y sus aliados? La restauración por dos años de la moratoria previsional, un incremento excepcional incorporado al haber mensual jubilatorio equivalente al 7,2% recortado en febrero del año pasado, llevar el bono a 115 mil pesos y actualizarlo a partir de la promulgación de la ley y el establecimiento de un régimen de compensación a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. Todas cuestiones básicas para intentar recomponer mínimamente las condiciones de vida de un sector de la sociedad que es uno de los más golpeados por las políticas gubernamentales.

Dentro del orden del día había también un tema vinculado a la Auditoría General de la Nación, con vacancia de nombramientos y, por lo tanto, dificultades en su funcionamiento. Finalmente, la declaración de Zona de Emergencia y Catástrofe por 180 días de los municipios de la provincia de Buenos Aires afectados por los recientes temporales.

Frustrando la sesión, el oficialismo y sus aliados impidieron que se abordara una serie de temas con impacto positivo sobre una gran cantidad de argentinos y argentinas.

Tampoco se pudo tratar el caso $Libra. El Presidente de la Cámara ni siquiera puso ese tema en el orden del día. Está claro que no quieren considerarlo. El gobierno primero generó una extraña comisión para auto-investigarse, luego la disolvió sin que se sepa si produjo algún tipo de conclusión. Tratan por todos los medios que no se forme una comisión investigadora en el Congreso para saber con algún detalle qué fue lo que pasó.

A pesar de la fuerte repercusión negativa de las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei, los sectores de la economía concentrada van por más. Esta semana, el presidente de AmCham Argentina, Facundo Gómez Minujín, en la reunión anual de la organización afirmó que “la competitividad no es un concepto abstracto (...) empieza con la estabilidad macroeconómica (…) también requiere de una profunda reforma del sistema tributario. Hoy las empresas siguen operando en un entorno asfixiante”. No faltó la alusión al mercado laboral: “la competitividad también se construye en el plano laboral. Durante décadas el costo del empleo formal en la Argentina se ha ido duplicando” y añadió que “la rigidez normativa y la alta litigiosidad han desincentivado la contratación y profundizado la informalidad. Es urgente avanzar a una reforma que contemple un marco laboral, más moderno, más flexible e inclusivo”. Un discurso ya conocido por los argentinos/as, que se traduce en una reducción de derechos para los trabajadores/as.

En paralelo, el gobierno anunció el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los argentinos”, con el objetivo declarado de que los dólares no registrados puedan ser utilizados legalmente en distintas transacciones.

Se pretende, entre otros objetivos, reforzar el secreto fiscal. Por lo tanto, el gobierno instruyó a ARCA a que simplifique su normativa de regímenes de información y fiscalización.

Los regímenes informativos que se eliminan son: compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales, Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes (CITI) de escribanos, compra-venta de vehículos usados, pagos de expensas, entre otros.

Con la misma orientación, se incrementaron los montos mínimos de operaciones financieras que los distintos agentes deben informar a ARCA.

Estamos transitando un camino muy peligroso. Todo lo que se ha hecho a escala global para limitar la conversión de dinero ilegal en dinero legal, en la Argentina corre peligro de ser tirado por la borda. Sobre el particular hay advertencias, incluso de la vocera del FMI, Julie Kozack, respecto de no tomar decisiones que podrían ir en contra de “alinear el marco antilavado de dinero y de financiación del terrorismo de Argentina con los estándares internacionales”.

El Presidente afirmó: “Lo lamento por el que no se pudo escapar, pero el otro —con relación al evasor— no hizo nada malo. Es una declaración de envidia. El que pudo zafar, genial, no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón. Entonces, ¿al que se quedó en la cárcel lo tengo que premiar porque hay alguien que pudo salir de la cárcel que nos imponen los políticos? Quizás no tuvo el talento o las agallas para salir del sistema”.

El gobierno está convencido de que a los delitos complejos los tiene que resolver la Justicia y no el sistema financiero. Es un grave error: la mejor herramienta que el mundo tiene para limitar un problema como el narcotráfico es impedir que se legalice dinero ilegal.

Seguramente hay un sector de la sociedad que tiene dólares adquiridos en el mercado ilegal como un modo de ahorro, pero esa no es la masa de dólares a la que se alude cuando se habla de entre 200 y 400 mil millones de dólares que están por fuera de lo declarado. El grueso de ese dinero es producto de la evasión u otro tipo de delitos.

¿Por qué toman estas medidas? Porque siguen necesitando dólares. Los más de 22 mil millones del “blanqueo” anterior y los 12 mil millones de préstamos del FMI no alcanzan. En julio hay vencimientos por alrededor de 8 mil millones de dólares. En este escenario, el gobierno no llega a cumplir con las metas acordadas con el Fondo. Esta nueva medida es para conseguir dólares adicionales que permitan cumplir con esas metas.

El gobierno acelera, da una mayor velocidad a sus peores políticas e intenta bloquear las iniciativas que impulsa la oposición. Como siempre, es un modelo contra otro modelo antagónico.

* Diputado nacional Unión por la Patria y Presidente del Partido Solidario