Patricia Bullrich se despide de la conducción del Ministerio de Seguridad dejando las cuentas tan comprometidas que hasta el pago de sueldos corre riesgo a partir de febrero próximo. Así se desprende de un comunicado interno que la Asociación de Concesionarios Automotores (ACARA) le envió a las autoridades del Ministerio y al que accedió en exclusivo Página/12. En la misma, el Ente cooperador que se encarga de financiar los pagos salariales, contrataciones y gastos corrientes en la Cartera de Seguridad advierte sobre el rojo fiscal que tiene el organismo. “Informamos la grave situación financiera”, alerta la misiva que señala un déficit de entre 18 y 16 millones de pesos teniendo en cuenta los ingresos de 52 millones y los gastos en personal que ascienden en promedio a los 69 millones pero que en diciembre trepan hasta los 103 millones de pesos por el pago del medio aguinaldo.

Acara es un ente de recaudación que coopera con Seguridad a partir de un convenio con el Ministerio de Justicia labrado mediante las leyes 23.283 y 23.412 sancionadas durante el alfonsinismo cuando ambas carteras eran una sola. Sus ingresos provienen de la compra y venta de autos a través de formularios e impuestos que pagan los contribuyentes y con lo generado se pagan alquileres, compras, insumos y sueldos de la cartera de Seguridad. Teniendo en cuenta el resultado de las inversiones en plazos fijos y los crecientes costos “se proyecta que a partir de febrero 2020 el Ente se quedará sin fondos para afrontar los gastos”, concluye la carta que le solicita al Ministerio que “tome medidas en restringir las compras y contrataciones” para poder pagar salarios pero que impactarán en el funcionamiento cotidiano de Seguridad.

La filtración de la comunicación entre Federico Somigliana y Andrés Barrozo, del consejo de administración de Acara, con el Secretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig, puso en alerta a los sindicatos que ya se reunieron con las autoridades para aclarar la situación. “Lo más urgente e importante es que no peligren los salarios de los trabajadores”, indicó Clarisa Spataro Delegada General de ATE en el Ministerio de Seguridad, quien estuvo en esas reuniones junto al secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano. Los gremios señalan la mala administración de Patricia Bullrich como la responsable de esta inédita situación y exigen que salgan a la luz pública los detalles de los gastos asumidos durante los últimos años. Es más, la carta señala que el organismo ya había advertido el 9 de octubre del delicado presente y comprometido futuro del organismo pero que las autoridades del Ministerio nada habían hecho al respecto.Lo cierto es que el sistema de contratación vía Acara dista mucho de ser transparente. Abundan las compras sin licitación por adjudicación directa, sin rendición de cuentas y no hay información sobre en qué se gasta lo que se gasta. "Una gestión que llegó haciendo alarde de la transparencia termina al borde del desfinanciamiento de uno de los mayores entes cooperadores que tiene el Estado", destaca Spataro. 

Todos los sueldos del Ministerio dependen en forma completa o parcial del órgano en crisis. Los 1500 empleados que tiene la cartera son contratados directamente a través del ente o cobran un incentivo que equivale al 50% de su salario. Por eso la alarma es mayúscula."En Acara nos dicen que los sueldos no peligran. El mayor de los problemas lo va a tener la próxima gestión en relación a compras, alquileres, equipamientos, etc. En eso no pueden "gastar" porque si lo hacen ponen en riesgo los sueldos", aclara la delegada.

El presupuesto 2020 (a cargo de la próxima administración) poco puede ayudar en esta situación ya que la caja de los sueldos y los gastos corrientes no le corresponden al Gobierno Nacional.  “No es plata que provenga del presupuesto nacional- aclara la gremialista- El tema de esta gestión es que hizo gastos desmesurados que llevaron a tener en rojo los números.” Ante los requerimientos de Página/12 los funcionarios del ente Automotor y del Ministerio de Seguridad prefirieron guardar silencio. Sin embargo, en una comunicación interna, el gremio UPCN informa a sus afiliados que la Ministra Patricia Bullrich se comprometió ante el secretario general de ese sindicato, Federico Teixidor, a resolver el conflicto y a evitar mayores gastos que pudieran complicar el devenir del Ente. "La Ministra se comunicó con las autoridades pertinentes a fin de transmitir la detención de cualquier tipo de gasto, compra y/o erogación del Ente Cooperador (que no sea el pago de sueldos e incentivos)", señala la comunicación. Además Bullrich le prometió al sindicalista que ingresaría un "monto compensatorio" del ministerio de Justicia que será dirigido para contribuir a mejorar las cuentas en crisis.

De esta forma, una de las ministras de más alto perfil del macrismo, pasa sus últimas horas en el cargo redireccionando fondos para intentar que la bomba financiera no explote. Es que si bien febrero la va a encontrar alejada de la gestión pública, Bullrich ya aceptó la propuesta de Mauricio Macri para convertirse en la próxima presidenta del PRO, por lo que cualquier escándalo de magnitudes que pueda desatarse por su mala administración impactaría de lleno en la estrategia política de todo el partido. Las dudas sobre los gastos y contrataciones sin licitación ni control son múltiples y en absoluto nuevas. Pero se recrudecen en un contexto en el que el Gobierno viene incorporando y pasando a planta a decenas de empleados contrarreloj antes de terminar el mandato. “Investigamos que no intenten tomar alguna medida para salvaguardarse económicamente los funcionarios, que no hagan maniobras de intentos de contrataciones que luego los beneficien con indemnizaciones, que cambien sus contratos actuales para luego verse beneficiados al terminar la gestión con indemnizaciones importantes. Estamos atentos a que eso no ocurra”, advierte Spataro. Sin conocer en detalle los gastos, lo cierto es que Bullrich le deja a su sucesor una bomba financiera que deberá desactivar.