El presidente electo, Alberto Fernández, expresó este sábado su preocupación por la crítica situación que atraviesan las cárceles bonaerenses y responsabilizó al actual gobierno por dejar que llegue "a un punto muy complejo". La advertencia tiene que ver con lo que suelen ser diciembres calientes en las cárceles. Durante la última semana, hubo huelgas de hambre en varias unidades penitenciarias por el desastre alimentario. A partir de los reclamos de distintas organizaciones y de una orden judicial, se comenzó a regularizar temporalmente la situación, llegando en las últimas horas alimentos adecuados a las unidades penitenciarias bonaerenses. Por falta de pago, la empresa proveedora había dejado de enviar carne y pollo, por lo que sólo enviaba papas, arroz y pastas.
El presidente electo, en diálogo con Eduardo Aliverti en Radio La Red, fue muy directo: "Mauricio Macri ha dejado de pagar cosas, obligaciones del Estado con proveedores. En la provincia de Buenos Aires dejaron de repartir comida en las cárceles. Después lo resolvieron, pero llegaron a un punto en que podía ser muy complejo”, sostuvo.
En los últimos meses, se registró la denuncia de falta de pago por parte del gobierno de María Eugenia Vidal y la inexistencia de contrato vigente con Cookmaster, empresa proveedora del servicio de viandas para las cárceles bonaerenses. Es así como la compañía definió dejar de proveer carnes rojas y blancas a las unidades penitenciarias, sólo garantizando hidratos de carbono tales como fideos, arroz blanco y papas.
A esto se suma el reclamo histórico por la sobrepoblación que tienen las cárceles en todo el país y principalmente en la provincia de Buenos Aires. Hay celdas habilitadas en la unidad de Campana para cuatro internos en las que ahora conviven 18 detenidos. En la unidad de Florencio Varela construida para 267 internos, hay alojados más de mil. El total de presos en el Servicio Penitenciario Bonaerense pasó, durante el cuatrienio macrista de 33.000 a 45.000 presos, sin que se advierta la publicitada mejora en la seguridad.
En las huelgas de hambre se exigieron una serie de beneficios que no se están cumpliendo y permitirían aliviar el actual estado de hacinamiento carcelario: libertades o arrestos domiciliarios para los procesados sin condena, arrestos domiciliarios para los condenados sin sentencia firme, mejores condiciones de alojamiento carcelario y mayor celeridad en la tramitación de las causas penales. Diciembre es un mes crítico porque el detenido sabe que enero la justicia no funciona, de manera que lo que no consiga hasta Navidad, recién tiene chances de conseguirlo en febrero.
La Comisión Provincial por la Memoria y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura elevaron un informe al Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas donde denunciaron la falta de comida suficiente para alimentar a las personas detenidas y que ésta es inadecuada para una dieta mínimamente aceptable, siendo en su mayoría hidratos de carbono, al tiempo que los comestibles llegan crudos o en estado de descomposición, por lo que en muy pocas oportunidades pueden ser ingeridos.
En los últimos días hubo escritos entregados al titular de la Corte Suprema bonaerense, Eduardo De Lázzari, a la gobernadora Vidal y al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, mientras que el juez de Ejecución Penal número 2 de La Plata, José Villafañe, ordenó al Ministerio de Justicia que regularice la entrega de alimentos a las personas privadas de la libertad en todos los penales bonaerenses. El magistrado comprobó los faltantes.
