Resultó que hacía falta poco: un ministro y tres expertas de pañuelo verde en muñecas, una mesa en la Casa Rosada, menos de media hora, palabras claras; oportunidad para seis preguntas (que se multiplicaron); adiós. No se precisó más para anunciar un acto administrativo que complementa la vigencia de una ley. Ni declaraciones altisonantes, ni dramatismo; tampoco silencios llenos de rumores; apenas enunciar la voluntad política firme de garantizar derechos. Fue enorme.
En Argentina, hoy, para las mujeres, para las personas gestantes, algo tan sencillo es una enormidad. Hace menos de un menos nos hubiera parecido política-ficción.
De gestos claros se hacen fundaciones, y el anuncio tuvo toda la claridad necesaria. El ministro llegó con la ex directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva Valeria Isla, la investigadora del CEDES Mariana Romero, la jefa del servicio de obstetricia del hospital Álvarez, Amalia Messina; les cedió la palabra cuando las preguntas excedían las definiciones políticas.
Pero habló cuando se trató de respaldar desde el Estado. Desarticuló él, la máxima autoridad de Salud del país, las trampas (clásicas, manipuladoras y mentirosas) de los antiderechos. Dijo González García que esos sectores usan la objeción de conciencia como “coartada institucional para que no se cumpla la ley” y que eso el Estado no puede permitirlo.
La afirmación conduce de manera directa a algo todavía más grande y desafiante que el Protocolo: en Argentina, desde hace años, funcionan centros médicos confesionales que, coartada del ideario mediante, se niegan a aplicar la ley en cuanto a salud sexual y reproductiva (en todas sus formas) se refiera. Son espacios influyentes, poderosos, adineroados. Muchos de sus referentes son operadores en las sombras de la avanzada conservadora sobre los derechos de las mujeres; se opusieron a viva voz en el debate legislativo de 2018 y de manera aviesa en bambalinas todavía hoy. Sobre eso también es necesario hablar.
El Protocolo es una puerta, el camino es extenso y tiene mucho más que la meta de una ley. Se trata de desarticular un bloque de poder (médico, pero no solamente); una manera de imponer, de obstaculizar derechos. Tal vez, ahora sí, estemos en el camino.
