Una organización narco que era proveedora de droga de Los Monos fue condenada a penas de entre tres y nueve años de prisión por la distribución y venta de estupefacientes desde la cárcel de Piñero, donde se encontraba preso uno de sus integrantes. Entre los sentenciados se encuentra Matías Herrera, el dueño del bar Alabama, de Pichincha, que fue baleado en abril pasado. Las penas fueron impuestas a doce imputados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3, integrado por Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez Ferrero y Mario Gambacorta, por infracciones a la ley 23.737, la cuales se establecieron tras comenzar a ser investigados luego de la condena por narcotráfico impuesta el año pasado a la principal narcobanda rosarina.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, las mayores penas fueron impuestas a Hugo René Flores (9 años), Jesús Esquivel (9 años), Matías Carlos Herrera (8 años y 6 meses), Nicolás Alejandro Canteros (8 años y 6 meses) y Facundo “Macaco” Muñoz (8 años y 6 meses). En el caso de "Macaco" Muñoz, absuelto en la Justicia provincial por el asesinato de Claudio "Pájaro" Cantero, el tribunal tuvo en cuenta una condena anterior, por lo que le unificó la pena en 10 años y seis meses de prisión.

Herrera figuró en las crónicas policiales en abril pasado, cuando atacaron a balazos el bar Alabama, ubicado en Riccheri y Güemes, en el corazón de Pichincha. El joven figura como propietario del negocio. En la causa federal, se vio involucrado por estar a cargo de una cancha de fútbol 5 que se utilizó como pantalla para las transacciones ilícitas.

El fiscal federal Federico Reynares Solari además solicitó que investiguen por lavado de activos a Herrera. También fueron condenados Mauro Matías Quinteros (7 años), Ramón Galeano (7 años), Pablo Esteban Ramírez (6 años), Luis Eugenio Romano (6 años), Máximo Biscoglio (6 años), Silvia Blanca Di Morelle (6 años) y Marlén Mansilla (3 años de ejecución condicional).

En línea con lo requerido por el fiscal general Federico Reynares Solari, el tribunal ordenó el decomiso de bienes –dinero en efectivo y vehículos– secuestrados y oportunamente embargados en el marco de la causa. Con distintos niveles de participación, el tribunal encuadró los hechos ventilados durante el debate en la figura de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas y, para algunos imputados, también el delito de transporte de estupefacientes.

También se hizo lugar al pedido del fiscal para que se investigue la connivencia policial de fuerzas de seguridad de la provincia en los ilícitos cometidos.  El juicio que culminó este viernes es una causa que comenzó tras las intervenciones telefónicas dispuestas en el expediente principal contra Los Monos, en el que se advirtió la presunta existencia de otra organización que realizaba maniobras de comercialización de estupefacientes.