Los diez condenados por el secuestro y la desaparición de Marita Verón  deberán cumplir sus sentencias en prisión “de forma inmediata”, luego de que la Justicia tucumana rechazara los pedidos de las defensas para revisar el fallo que en 2013 revocó las absoluciones y ordenó condenar. “El rechazo fue notificado esta mañana. Ahora a los condenados les queda una instancia para presentar recurso de queja que les permita llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si quieren, como cualquier condenado. Pero aunque hagan eso, ya tienen que cumplir la prisión efectiva”, detalló en diálogo con este diario José D’Antona, uno de los abogados de su madre, Susana Trimarco. Hasta última hora de ayer, las detenciones no se habían producido, de modo que los diez condenados continuaban en libertad, algunos en Tucumán y otros en La Rioja, de donde son oriundos y en donde viven. La decisión judicial sobrevino a un mes de que se cumplan 15 años del secuestro de la joven tucumana.

“¡Todos presos! #15añosdeLucha tarde o temprano llega la Justicia”, escribió ayer por la mañana Susana Trimarco en su cuenta de Twitter, luego de ser notificada por la Justicia. Cuando supo de la noticia, contó el abogado D’Antona a este diario, Trimarco “se emocionó”. “Ella y Micaela (N. de R.: la hija de Marita Verón) están sumamente cansadas. Estas cosas les llegan tras cierto cansancio. No tienen el estado de ánimo que tendría una persona cuyo raid en los tribunales termina a los dos, tres años de empezado. Por supuesto que tiene una sensación de haber logrado un poquito de Justicia, pero siguen teniendo pendiente esta cuestión de encontrar a Marita. Esto es un paso más. Están conformes, pero con un poco de demora. Para nosotros, esto ha sido poner el broche a una tarea que nos ha desgastado en salud y nos ha llevado tiempo. Y a eso hay que sumarle que en estos meses en Tucumán se está haciendo el otro juicio”, dijo el abogado D’Antona, en referencia al proceso al Clan Ale por asociación ilícita y lavado de activos.

En abril de 2014, la Justicia dispuso las condenas para diez de las personas juzgadas por el secuestro y la desaparición de Marita Verón, la tucumana de 23 años que en 2002 salió de casa de su madre, para ir al hospital, y nunca regresó. Por el secuestro y la explotación sexual de la joven, José Fernando “Chenga” Gómez y su hermano Gonzalo fueron condenados a 22 años de prisión; Daniela Milhein y Alejandro González,  a 18, por retención y ocultamiento agravado de Marita Verón para el ejercicio de la prostitución. Además, Carlos Alberto Luna y a Domingo Pascual Andrada fueron condenados a 17 años de prisión, María Azucena Márquez (la madama “Doña Claudia”) a 15 años; Humberto Juan Derobertis, a 12;  y Mariana Bustos y Paola Gaitán a 10, en todos los casos como partícipes necesarios. En el caso de Milhein y González, a esta sentencia por Marita se le podría sumar otra a 17 años de prisión dictada en agosto del año pasado por el secuestro y la explotación sexual de F.M., una joven que, además, fue testigo en el caso Verón, porque durante su cautiverio la conoció.

Anoche todos estaban en libertad.

Al menos hasta anoche, el mayor de los Gómez estaba en libertad, en La Rioja, una situación en la que se encontraba desde abril del año pasado. Milhein, que vive en San Miguel de Tucumán, al igual que su ex pareja, González, recuperó la libertad en junio de 2014; González, un mes antes. Luna vive en La Rioja, adonde regresó al quedar libre, en mayo de 2014. Andrada vive en Tafí Viejo; recuperó la libertad en junio de 2014, al mismo tiempo que Derobertis, que vive en La Rioja, al igual que Gaitán y Bustos. A todos ellos, además, la Justicia les había prohibido acercarse a menos de 300 metros de Trimarco, su nieta o la Fundación María de los Angeles.

En el caso Marita Verón, el primer fallo de la justicia, dictado en diciembre de 2012, había absuelto a los trece acusados; una de ellos,  madre de los Gómez, falleció poco después. En diciembre de 2013, la Corte tucumana consideró que el fallo absolutorio había valorado las pruebas “de un modo arbitrario, irrazonable y descontextualizado, exhibiendo una fundamentación meramente aparente”, resolvió condenar a diez de los doce acusados –María Jesús Rivero y su hermano Víctor quedaron exceptuados– y ordenó a un tribunal que dictara las penas.