El suicidio del cura Eduardo Lorenzo, cuyo cuerpo fue hallado el lunes por la noche -horas después de que la justicia ordenara su detención- en la pensión de Caritas donde residía, podría no clausurar las actuaciones judiciales por los abusos sexuales ocurridos en la parroquia de Gonnet que estaba a su cargo. En diálogo con este diario, el abogado querellante Juan Pablo Gallego adelantó que evalúa impulsar una investigación por encubrimiento de los abusos que, en el expediente, ya habían quedado acreditados, más allá de que restaban pasos para que el proceso judicial arribara a un veredicto. Desde que se creó la Red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos, hace seis años, es la primera vez que un imputado se quita la vida en medio del proceso judicial.

"Aunque no se llegó a efectivizar, la jueza de Garantías Marcela Garmendia ayer había dispuesto la detención porque la causa había llegado a una instancia en que se daban por confirmados los hechos denunciados”, señaló Gallego, quien añadió que la “querella tiene autonomía para reorientar la pesquisa” en función de lo que ya fue acreditado. El cura Lorenzo era investigado por haber abusado de al menos cinco adolescentes entre 1990 y 2008.

En el mismo comunicado en el que anunció la celebración de una misa “por su eterno descanso”, el arzobispo platense, Victor Fernández, aseguró que Lorenzo “se quitó la vida después de largos meses de enorme tensión y sufrimiento”, algo que los denunciantes criticaron duramente en un comunicado. 

“Las únicas víctimas son los sobrevivientes, no hay otras víctimas”, advirtió por su parte Liliana Rodríguez, la psicóloga que acompaña en La Plata a la Red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos. La impunidad de Lorenzo, señalaron, fue posible “por la dilación de la justicia, intolerable para los sobrevivientes, y por la maniobra de su defensa, que permitió que permitió que permaneciera libre a pesar del pedido de prisión”. 

En el mismo sentido, el abogado Gallego señaló que Lorenzo “terminó como había vivido: imponiendo su voluntad, como lo hizo sobre la vida y la integridad de las víctimas”.

El comunicado del arzobispo Fernández acerca del suicidio de Lorenzo, ex capellán penitenciario y ex confesor del cura condenado por abuso sexual y corrupción dem enores Julio César Grassi, coincidió con el anuncio vaticano según el cual el Papa abolió el "secreto pontificio" que regía para los casos de abusos sexuales eclesiásticos. 


Intromisiones y encubrimiento

En diálogo con este diario, la fiscal Ana Medina, instructora de la causa, aseguró que, con la muerte de Lorenzo, “se extingue la acción penal”. “Lo que se investigaba concretamente es el tema de Lorenzo, no hay ninguna ramificación o denuncias que apunten a otras personas. El paso siguiente era tomarle declaración a Lorenzo. Las imputaciones están dirigidas exclusivamente a él”, aseguró Medina.

Durante la instrucción de la causa, el cura Mario Peralta ratificó el testimonio que ya había brindado en 2008, con la primera denuncia ante la justicia, y contó que el entonces arzobispo Héctor Aguer estaba al tanto de lo que sucedía en la parroquia comandada por Lorenzo, porque él mismo se lo había informado. Sin embargo, Aguer no intervino y permitió que el cura denunciado continuara a cargo de una casa parroquial y en contacto con chicos menores de edad.


El abogado Gallego aseguró a este diario que en la investigación judicial el delito de Lorenzo “fue corroborado”, y que “el delito de encubrimiento (de los abusos) estaba siendo liminarmente investigado”, algo que “surge de las propias constancias de la investigación seguida en la fiscalía de Medina”. También, añadió, “emerge tanto de la investigación canónica que en su momento ordenó el arzobispo Aguer, actual obispo emérito, como de la que insólitamente dispuso luego de cerrado ese expediente canónico, en una suerte de apertura de una segunda causa eclesiástica, el actual arzobispo Fernández”.

Gallego recordó que, en ese nuevo expediente, el arzobispo Fernández “lo que hace no es investigar la conducta de Lorenzo, sino interferir en la investigación penal”. “Fernández nombra a dos delegados de él que piden a la fiscal Medina ser tomados como intervinientes e la causa. Eso fue en agosto de este año, por nota formal suscripta por el arzobispo Fernández. La fiscal les permite el acceso y lo que hicieron estas personas estrechamente ligadas a la defensa técnica del sacerdote era tomar conocimiento de quiénes iban a ser citados a declarar en el expediente penal, para citarlos previamente en el expediente canónico, de manera de indicarles que declararan favorablemente a los intereses de Lorenzo, o bien para intimar a las personas mediante llamados telefónicos o intercepciones personales. Y esto está probado en la causa”, añadió el abogado. 

Por esos incidentes, explicó, “la fiscal Medina deberá redireccionar la investigación hacia los hechos pendientes de esclarecimiento”.


"Un temor reverencial" en la justicia

La causa había comenzado en 2008, pero luego de radicada la denuncia la misma fiscal Medina había ordenado que fuera archivada, por considerar que faltaban pruebas. “Yo en ese momento no era abogado en esta causa. Este año, 2019, cuando pedí que se reabriera y el fiscal general de La Plata, (Héctor) Vogliolo, hizo lugar, la fiscal me transmitió que no tenía nada. Puede ser la opinión de una instructora, pero precisamente con lo que yo creía que ya había en el expediente fue que, poco después, había prueba suficiente para demostrar los delitos de Lorenzo”, señaló Gallego. 

Para el abogado, en la justicia platense “hay un temor reverencial con relación al ahora fallecido Lorenzo”.