El interbloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados consiguió las firmas necesarias para emitir el dictamen de mayoría del proyecto de ley de Solidaridad Social, que será debatido este miércoles por el plenario del cuerpo. El dictamen se alcanzó tras un largo debate con el apoyo, en disidencia, de los interbloques Federal y Unidad Federal, que solicitaron modificaciones en los artículos de jubilaciones y beneficios para los pequeños productores alcanzados por las retenciones. 

El oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría con 40 votos propios más los aportados por los bloques provinciales, en tanto que Juntos por el Cambio emitió uno de minoría con 34 firmas y anticiparon que no darán quorum. 

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo comenzará a ser debatido el miércoles pasado el mediodía y el quórum está asegurado con los legisladores del Frente de Todos y los dos interbloques federales que respaldaron el proyecto en disidencia. 

En paralelo, el Senado convocó a la primera sesión extraordinaria para este viernes 20 de diciembre, a las 14, con la intención de dar sanción definitiva al proyecto, que no pasará por comisiones en la Cámara alta. De esta manera, el oficialismo necesitará conseguir los dos tercios de los votos para el tratamiento sobre tablas. 

El debate 

Con la presencia de diferentes funcionarios, Diputados trató el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que envió el Ejecutivo para avanzar con las medidas para paliar la emergencia social y económica. 

Para explicar el detalle pormenorizado de las medidas, disertaron en la reunión los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Producción, Matías Kulfas; de Salud, Ginés González García; de Trabajo, Claudio Moroni y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

El primer funcionario en tomar la palabra fue Daniel Arroyo. Aseguró que "es evidente que Argentina está ante una emergencia social producto del desempleo y del sobreendeudamiento de las familias. Por este motivo, explicó el ministro, el objetivo prioritario del gobierno nacional es "el acceso a la canasta básica de alimentos" y "poner mucho el acento en los niños" al alertar que está bajando el consumo de leche.

En este sentido,  dijo que es fundamental aprobar el proyecto ya que permitirá poner en funcionamiento el plan "Argentina contra el Hambre". "Es evidente que Argentina está ante una emergencia social" ya que a fin de año "vamos a tener un 60 por ciento de pobreza en los niños", producto del desempleo y del sobreendeudamiento de las familias, planteó Arroyo.

"Debemos lograr que todos los argentinos puedan comer y acceder a la canasta básica", sostuvo. Para el ministro es fundamental “poner mucho el acento en los niños" ya que "mes a mes baja el consumo de la leche, y esto no es un problema estacional". Otro problema serio que planteó Arroyo "es el control de peso y la talla" ya que, según explicó, "estamos yendo a una generación de petisos y obsesos", donde fundamentalmente se consume "fideos, harinas y arroz".

"La emergencia social es evidente", reforzó el ministro y explicó que se "otorgará una tarjeta de un banco público que no permite extraer dinero sino comprar alimentos, con excepción de vino", y que su instrumentación fue analizada con los ministros de Desarrollo Social de cada provincia.

Ginés: "Hoy el sistema sanitario está en un punto crítico"

El segundo en explicar su parte del proyecto fue el ministro de Salud, Ginés González García. En el plenario de comisiones el funcionario aclaró que "a nadie le gusta declarar una emergencia, pero lamentablemente necesitamos que el sistema siga funcionando porque está en un riesgo crítico". 

Para el flamante ministro el país "está bien cerca de entrar en un colapso bien generalizado".

Entre las prioridades que destacó del proyecto resaltó "garantizar la entrega de medicamentos y vacunas". Sobre esto advirtió que "la deuda a los proveedores está en un punto crítico porque hay mucha deuda acumulada".

El artículo 85, afuera del proyecto

La reunión fue convocada por Darío Martínez, elegido presidente de la comisión de Presupuesto, y Cecilia Moreau, designada titular de Legislación General.

Siguiendo un pedido de la oposición, ni bien empezada la reunión de comisión, Martínez anunció que se elimina el artículo 85 del proyecto. Dicho artículo le otorgaba facultades al Gobierno para reorganizar los organismos descentralizados del Estado nacional. El presidente de la comisión de Presupuesto dijo que "en acuerdo con el Poder Ejecutivo Nacional se elimina el artículo 85".

El texto diseñado por el gobierno, que declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.